Jurisprudencia Argentina Letra CH

Chryse S.A. v. Administración Federal de Ingresos Públicos

2008-05-08T04:23:00.000-07:00

Tribunal:Corte Sup.
Fecha:04/04/2006
Partes:Chryse S.A. v. Administración Federal de Ingresos Públicos
DERECHO TRIBUTARIO (EN PARTICULAR) ‑ Impuesto al valor agregado ‑ Liquidación ‑ Base imponible ‑ Operación de venta de acciones ‑ Financiación ‑ Sujeto otorgante ‑ Tratamiento de los intereses

Buenos Aires, abril 4 de 2006.‑ Considerando: 1) Que la sala 3ª de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al revocar la decisión de la instancia anterior, hizo lugar a la demanda de repetición iniciada con el objeto de obtener el reintegro de los importes que la actora abonó al Fisco Nacional a raíz de la determinación de oficio que dicho organismo efectuó por entender que, aunque la operación de venta de acciones realizada por la actora en el año 1994 se hallaba exenta de tributar el impuesto al valor agregado, de todos modos se hallaban gravados por dicho impuesto los intereses provenientes de haberse otorgado una financiación de dos cuotas en una parte del precio pagado por aquella operación.

2) Que para arribar a esa conclusión el a quo expuso, básicamente, las siguientes argumentaciones: a) tras expresar que la interpretación de las normas tributarias debía realizarse computando la totalidad de los preceptos que la integran, consideró de vital importancia el hecho de que la Ley del IVA. (1) ‑art. 9 inc. 2, del texto por entonces vigente‑ al fijar el modo de cálculo de la base imponible, estableció que los intereses devengados con motivo de pagos diferidos integrarían el precio neto gravado aunque fueran facturados o convenidos por separado. En consecuencia, sostuvo que dichos intereses no constituían una imposición independiente sino que la ley fijó al respecto "...una doble conexión: debe[n] corresponder a la financiación de la operación (gravada) por la que se verifica el hecho imponible y esa financiación debe ser otorgada directamente por el vendedor" (fs. 157); b) de lo expresado infirió que la ley adoptó el "criterio de unicidad", esto es, cuando en una operación de venta, locación o prestación de servicios en general, se otorga una financiación del saldo del precio pactado, dicha financiación es un accesorio del hecho principal y debe seguir la suerte ‑estar gravado o no‑ de este último. Por esa razón expresó que, si la operación realizada por la actora (venta de acciones) se hallaba exenta del pago del impuesto al valor agregado por así disponerlo el art. 7 inc. b ‑texto de la ley ordenado en 1997 (2)‑ y el art. 6 ‑del texto anterior‑, los intereses devengados en razón del pago de cuotas pactado debían quedar sujetos a igual solución (fs. 157); c) que el art. 1 decreto 2633/1992 (3) al establecer que los intereses originados en la financiación o pago diferido del precio de venta "...resultan alcanzados por el impuesto aun cuando las operaciones que dieron lugar a su determinación se encuentren exentas o no gravadas...", importó ‑sin sustento en el texto legal‑ consagrar a los intereses "...como hecho imponible autónomo..., sin tener en cuenta la naturaleza y el tratamiento de la prestación a la cual accede[n]" (fs. 157 vta.). En consecuencia, consideró que el decreto 2633/1992 era constitucionalmente inválido por vulnerar el principio de reserva establecido en los arts. 4 y 17 CN. (4), y la prohibición prevista en el art. 99 inc. 2 CN., relativa a que los actos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional no pueden alterar el espíritu de la ley mediante excepciones reglamentarias (fs. 157 vta.); d) por último, el a quo destacó la opinión vertida en esta causa por la propia división jurídica de la demandada en el siguiente sentido: "En el caso, los intereses financieros generados por la enajenación de acciones (operación exenta) como accesorios de ella, se encontrarían marginados de la operación... En esa línea se emite opinión sobre que la norma reglamentaria desconoce el principio de unidad del hecho imponible (que se traduce en la ampliación del hecho imponible) previsto como regla general en la ley del gravamen, estableciéndose por vía reglamentaria un nuevo principio de divisibilidad, extraño a la naturaleza del impuesto..." (fs. 157 vta.).

3) Que contra la sentencia el Fisco Nacional dedujo el recurso ordinario de apelación (fs. 161) que fue bien concedido (fs. 162) en tanto se dirige contra una sentencia definitiva en una causa en que la Nación es parte y el valor disputado en último término supera el mínimo establecido en el art. 24 inc. 6 ap. a decreto ley 1285/1958 (5), con las modificaciones introducidas por la ley 21708 (6) y la resolución 1360/1991 de esta Corte. Obra a fs. 212/222 el memorial presentado por la demandada y a fs. 225/238 la contestación de su contraria.

4) Que el memorial presentado por la demandada ante el tribunal no contiene ‑como es imprescindible‑ una crítica concreta y razonada de los fundamentos desarrollados en la sentencia impugnada, circunstancia que de conformidad con lo dispuesto por el art. 280 ap. 2 CPCCN. y la jurisprudencia de esta Corte, conduce a declarar su deserción (conf. Fallos 317:87 ; 320:2365 ; 322:2683 [7] y 3139 ; 323:591 , 881 y 3135; 325:3422 ; 326:402 y 3715 ; 327:1456, entre muchos otros).

5) Que, en efecto, ello es así pues más allá del relato de los antecedentes de la causa y de las normas que regirían la causa (ver fs. 212 a 215), la apelante se limitó a manifestar que "A partir de la modificación introducida por la ley 23871 (8) se comenzaron a gravar las restantes locaciones y prestaciones financieras (art. 3 inc. e pto. 21 ley del tributo...), quedando alcanzados por esta norma, todos los servicios financieros, ya sea que estén relacionados con operaciones gravadas o exentas", o bien, a sostener cuál es el momento en que se perfecciona el hecho imponible (ver fs. 215 vta.) y que, por ende, "...la regla es que todos los casos de devengamientos de intereses se ven alcanzados por el gravamen, salvo las exenciones taxativamente expuestas en [su] ley..." (ver fs. 216), expresiones que ‑como es nítido‑ en absoluto rebaten los fundamentos del fallo acerca de que la Ley del IVA. adoptó un criterio de "unicidad" respecto de los intereses originados en una financiación otorgada ‑como ocurre en autos‑ directamente por el vendedor, que conlleva a que aquéllos queden sujetos al mismo tratamiento tributario que el hecho principal (ver consid. 2 de la presente). Menos aún, constituyen una crítica hábil para refutar el criterio de la sentencia, las consideraciones vertidas a fs. 217/218 ni las relativas a la constitucionalidad del decreto 2633/1992 sobre la base de que responde a la categoría de decreto de "necesidad y urgencia" (fs. 219 vta./222), máxime si se repara en que no resulta de su texto que el dictado de aquel decreto responda a tal clase de reglamentaciones.

Por ello, se declara desierto el recurso ordinario interpuesto (art. 280 ap. 2 CPCCN. [9]). Con costas a la recurrente (art. 68 CPCCN.). Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.‑ Enrique S. Petracchi.‑ Carlos S. Fayt.‑ Juan C. Maqueda.‑ E. Raúl Zaffaroni.‑ Carmen M. Argibay. En disidencia: Elena I. Highton de Nolasco.‑ Ricardo L. Lorenzetti.

DISIDENCIA DE LOS DRES. HIGHTON DE NOLASCO Y LORENZETTI.‑ Considerando: 1) Que la sala 3ª de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al revocar la sentencia de la instancia anterior, hizo lugar a la demanda promovida por la actora con el objeto de obtener la repetición de las sumas que pagó al organismo recaudador a raíz de la resolución determinativa de oficio que éste le había efectuado por haber omitido computar como gravados a los intereses provenientes de la financiación del saldo de precio de una operación de venta de acciones en sus declaraciones juradas del impuesto al valor agregado correspondientes a los meses de diciembre de 1996 y diciembre de 1997.

2) Que para decidir en el sentido indicado, tras recordar que la venta de acciones no se encontraba alcanzada por el tributo, puso de relieve que el art. 9 inc. 2 Ley del IVA. (ley 23349; la norma citada corresponde al art. 10 en el t.o. en 1997) establece que los intereses devengados con motivo de pagos diferidos integran el precio neto gravado, aunque se facturen o convengan por separado. Afirmó, por lo tanto, que la ley no alude a una imposición independiente respecto de los intereses ya que adopta un criterio de unicidad y considera a la financiación del saldo de precio como un accesorio del hecho principal.

En las condiciones indicadas, concluyó que tratándose específicamente de una operación ‑la venta de acciones‑ que no resultaba gravada según lo establecido por el art. 7 inc. b ley del tributo, los intereses devengados en razón del pago en cuotas pactado tampoco lo estaban. En ese orden de ideas, consideró que el art. 1 decreto 2633/1992, al establecer que los intereses originados en la financiación o pago diferido del precio correspondiente a las ventas "resultan alcanzados por el impuesto aun cuando las operaciones que dieron lugar a su determinación se encuentren exentas o no gravadas", carece de sustento en el texto legal ‑lo que determina su invalidez constitucional por vulnerar el principio de reserva de ley‑ en tanto asigna el carácter de hecho imponible autónomo a los intereses, sin tener en cuenta la naturaleza y el tratamiento de la prestación a la cual acceden.

Por último, señaló que la división jurídica del organismo recaudador ‑según resulta de las actuaciones administrativas‑ se había expresado en sentido coincidente con la interpretación fijada por esa sala.

3) Que contra tal sentencia, el Fisco Nacional dedujo recurso ordinario de apelación que fue concedido mediante el auto de fs. 162, y es formalmente admisible porque se dirige contra una sentencia definitiva, dictada en una causa en que la Nación es parte, y el monto disputado supera el mínimo establecido por el art. 24 inc. 6 ap. a decreto ley 1285/1958, y la resolución 1360/1991 de esta Corte. El memorial de agravios obra a fs. 212/222 vta. y su contestación a fs. 225/238 vta.

4) Que la recurrente aduce, básicamente, que a partir de la modificación introducida por la ley 23871 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado se gravaron las locaciones y prestaciones financieras (art. 3 inc. e pto. 21 ley del tributo ‑t.o. en 1997 y sus correlativos anteriores‑), quedando alcanzados los servicios de esa naturaleza, ya sea que estén relacionados con operaciones gravadas o exentas. Señala que se encuentran gravados los intereses y no la operación que los origina. En su criterio, quedan únicamente al margen de la imposición las excepciones determinadas taxativamente en el art. 7 inc. h pto. 16 de la ley. De tal manera, según afirma, el decreto 2633/1992 no creó un nuevo hecho imponible ‑como lo sostiene la Cámara‑ puesto que respetó la esencia de la normativa legal, esto es, que todos los casos de devengamiento de intereses tributan el impuesto, a excepción de los taxativamente determinados.

Por otra parte, sostiene que la demanda de repetición fue deducida fuera del plazo establecido por el art. 25 LNPA. (10), por lo cual el a quo no pudo invalidar un acto de alcance general (el decreto 2633/1992 ) que fue aplicado en el acto determinativo de la obligación tributaria de la actora.

5) Que la tesis sostenida por el organismo recaudador ‑en el sentido de que los intereses correspondientes a la financiación otorgada directamente por el vendedor recibe un tratamiento impositivo autónomo‑ no condice con la circunstancia de que pese a haberse sujetado a la tributación en el IVA. a las colocaciones y prestaciones financieras, se mantuvo en la ley del impuesto el principio según el cual los intereses percibidos o devengados con motivo de pagos diferidos o fuera de término son integrantes del precio neto gravado (art. 10 párr. 5º pto. 2). En efecto, esta norma implica que cuando el vendedor ‑o quien realice la locación o la prestación de servicios‑ financia directamente al comprador el precio convenido, o parte de éste, los intereses no son escindibles de la operación principal a la que acceden, por lo cual su tratamiento impositivo es el mismo que el otorgado por la ley a esta última. De tal manera, si la operación principal se encuentra exenta ‑como ocurre en el caso de autos‑ cabe concluir que también lo están los intereses porque integran, desde el punto de vista de la ley tributaria, el precio de dicha operación. Y si estuviese gravada también lo estarían los intereses ‑no como prestación autónoma sujeta al tributo‑ sino porque el mencionado art. 10 dispone que integran la base imponible del mismo hecho gravado.

6) Que, sentado lo que antecede, cabe recordar un reiterado criterio de hermenéutica establecido por esta Corte según el cual la inconsecuencia o la falta de previsión no se supone en el legislador, y por esto se reconoce como principio inconcluso que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos 278:62 ; 310:195 ; 312:1614 , entre muchos otros).

7) Que, desde tal perspectiva, procede afirmar que la sujeción al impuesto de las colocaciones o prestaciones financieras ‑como hecho imponible autónomo‑ tiene lugar cuando se trata de negocios de esa clase distintos de la financiación del saldo de precio por parte del mismo vendedor, ya que en este último supuesto deberá estarse a la regla de la unidad consagrada en el art. 10 y el tratamiento impositivo de los intereses ‑como se señaló‑ deberá ser el mismo que la ley establece para la operación principal.

8) Que, con tal comprensión, y habida cuenta de que las normas reglamentarias deben ser interpretadas conforme a los alcances de la ley reglamentada (Fallos 315:257 [11]), a la que debe otorgarse preeminencia para respetar lo establecido por el art. 31 CN. en cuanto establece el orden jerárquico de las distintas disposiciones del ordenamiento jurídico (Fallos 319:3236 ), máxime al tratarse de cargas tributarias que sólo pueden ser válidamente establecidas por el Congreso de la Nación (Fallos 319:3400 [12], entre muchos otros), cabe concluir que la norma incorporada por el decreto 2633/1992 (art. 1 pto. 1) en el reglamento de la Ley del IVA., en cuanto dispone que "los intereses originados en la financiación o en el pago diferido o fuera de término del precio correspondiente a las ventas, obras, locaciones o prestaciones, resultan alcanzados por el impuesto aun cuando las operaciones que dieron lugar a su determinación se encuentren exentas o no gravadas", debe entenderse circunscripta a los casos en que la financiación sea prestada por un tercero, ya que tales supuestos resultan ajenos al principio de unidad que surge de lo prescripto por el art. 10 de la ley. Con este limitado alcance ‑único que permite guardar la compatibilidad de la norma reglamentaria con la ley y preservar su validez constitucional‑ es fácil concluir que dicha disposición resulta inaplicable al sub examine.

9) Que si bien la conclusión precedentemente expuesta torna inoficiosa la consideración del agravio relativo a que la presente demanda se habría interpuesto una vez vencido el plazo establecido por el art. 25 ley 19549, cabe poner de relieve que la actora se ajustó en su proceder a lo establecido por el art. 81 párr. 3º ley 11683 (13) (t.o. en 1998 y sus modif.), que regula específicamente lo relativo a la acción o demanda de repetición de impuestos, sin establecer una limitación temporal como la señalada por el Fisco Nacional. Por lo demás, con relación a lo prescripto en el párr. final del mencionado artículo, cabe señalar que en el caso de autos no ha sido materia de discusión la circunstancia, alegada por la actora desde el comienzo del pleito, de que la carga del impuesto no fue trasladada al adquirente de las acciones, por lo que sería igualmente innecesario detenerse en la consideración de los alcances de lo establecido en ese párr. final.

Por ello, se confirma la sentencia apelada, con la salvedad que resulta de lo expresado en el consid. 8. Las costas de esta instancia se distribuyen por su orden en atención a la complejidad de la cuestión debatida (art. 68 parte 2ª CPCCN.). Notifíquese y devuélvase.

Christou, Hugo y otros c/Municipalidad de Tres de Febrero s/Amparo

2008-05-01T02:31:00.002-07:00

Christou, Hugo y otros c/Municipalidad de Tres de Febrero s/Amparo

DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL
Suprema Corte:
I
Los actores iniciaron demanda de amparo contra la Municipalidad de Tres de Febrero para que se dejen sin efecto la Ordenanza n° 1678 y el decreto municipal que la promulgó n° 918/84, por considerar a tales normas arbitrarias y manifiestamente ilegales. Rechazada la acción en primera instancia ( fs. 92/96) , el pronunciamiento fue apelado y confirmado por la alzada (fs. 122/129). Contra esta última sentencia se interpuso recurso extraordinario, que fue acogido por esta Corte, ya que dispuso dejarla sin efecto y mandó dictar una nueva sobre el fondo de la cuestión (fs. 170/175).
II
Vueltos los autos la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en la Civil y Comercial de San. Martín rechazó la acción ( fs. 568/ 588) , por entender, en la sustancial, que a pesar de que la ordenanza cuestionada resultaría inválida pues fue producida con inobservancia de los pasos previos legalmente exigibles debe concluirse que la cuestión se ha vuelto abstracta, habida cuenta que con posterioridad a su promoción se ha agregado a las actuaciones el código de Zonificación para el Partido, aprobado por el Poder Ejecutivo de la Provincia a través del decreto 5086, de fecha 1-10-85, " y sancionado por Ordenanza 1788, publicada el 25-11-85
La nueva norma, a juicio del a quo, ha derogado la Ordenanza 1678/84 y su decreto promulgatorio, objeto del presente juicio, convirtiendo, a éste, en consecuencia, como queda dicho, en abstracto.
III
Esta sentencia ha sido apelada por la parte actora, por medio del recurso extraordinario que fue concedido a fs. 604. Para otorgar la apelación el a qua tuvo en cuenta que la Suprema Corte lo- cal reiteradamente ha establecido que las decisiones dictadas por las Cámaras de Apelación en materia de amparo no son susceptibles de los recursos extraordinarios previstos en la provincia, razón por la cual entiende dicho tribunal que es la instancia máxima que pueden alcanzar los litigantes en el orden local, satisfaciéndose así el requisito del tribunal superior, según la actual doctrina de V. E, Por esta razón y estar involucrada en el juicio una cuestión eminentemente constitucional, resolvió otorgar el remedio federal.
IV
A mi modo de ver, los agravios de los apelantes traídos a esta instancia no logran demostrar la arbitrariedad del fallo, toda vez que aun en la hipótesis más favorable a los recurrentes, en la que se estime que la publicación del Código Municipal fue defectuosa, el tribunal no habría podido ampararse en la falta de divulgación de la ordenanza para desconocer su existencia, puesto que lo discutido en la especie no es el incumplimiento de deberes legales a quienes resulten ignorantes de la existencia de normas que los imponen ( conf. doctrina de Fallos 285:223; reiterada en la causa: "Basigaluz Sáez, Laura Ema c/Ministério de Educación y Justicia, fallada el 30-9-86, cons. 3).
Sin perjuicio de la tacha aludida, estimo que el recurso resulta improcedente por carecer de un requisito necesario, dado que el fallo impugnado proviene de quien no es en el caso el tribunal superior de la causa, a que alude el art, 14 de la ley 48. Ello así, por cuanto esta Corte ha entendido de manera reiterada que la sentencia que rechaza el recurso de amparo es asimilable a definitiva, cuando mediante argumentos fundados se demuestra que existe un agravio a la recurrente de imposible o muy dificultosa reparaci6n ( conf, País Ahumada, Ana S: y otros s/ acci6n de amparo, del 9 de abril de 1985 ) .
En el sub lite estimo que los actores estuvieron obligados a llevar tales argumentos -imprescindibles para habilitar esta instancia de excepci6n- desarrollados con base en cláusulas constitucionales directamente involucradas, a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, por vía de los recursos extraordinarios lo- cales, no pudiendo ésta soslayar su tratamiento por las razones que V. E. expusiera in re "Strada, Juan Luis", fallada el 8-4-86 ( especialmente: considerandos 7, 8 y 9). En tales condiciones, la apelación que examino resulta extemporánea por prematura.
Opino, en consecuencia, que corresponde declarar la improcedencia del recurso extraordinario interpuesto a fs, 590/598. Buenos Aires, 12 de noviembre de 1986, Juan Octavio Gauna,
FALLO DE LA CORTE SUPREMA
Buenos Aires, 19 de febrero de 1987. Vistos los autos: "Christou, Hugo y otros c/Municipalidad de Tres de Febrero s/amparo". Considerando:
1) Que contra el pronunciamiento de la Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial del.. Departamento Judicial de San Martín que., al confirmar el fallo de la instancia anterior, no hizo lugar ala acción de amparo deducida contra la Municipalidad de 3 de Febrero, la actora interpuso el recurso extraordinario que fue concedido a fs. 604/005.
2) Que el a quo señaló que la sentencia dedicada no era susceptible de ser revisada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense en virtud de la jurisprudencia de ese tribunal que excluye su intervención respecto de las decisiones dictadas por las Cámaras de Apelación en materia de amparo, por lo que juzgó agotada la instancia máxima en el orden local y, por hallarse involucrada una cuestión de índole constitucional, concluyó en la admisibilidad del remedio federal interpuesto.
3) Que, al pronunciarse el 8 de abril de 1986 in re "Strada, Juan Luis c/ ocupantes del perímetro ubicado entre las calles Deán Funes, Saavedra, Bana y Cullen" {S.168 y S.436.XX) esta Corte precisó que, en principio, el superior tribunal de provincia del que ha de provenir la sentencia definitiva susceptible de recurso extra- ordinario es el "órgano judicial erigido como supremo por la Constitución de la provincia" y, consecuentemente, que los litigantes debían alcanzar este término final, mediante :la consunción en la forma pertinente de las instancias locales a efectos de satisfacer el recaudo examinado. Esta doctrina es aplicable en el sub lite, habida cuenta de la fecha en que el recurrente fue notificado de la sentencia apelada (30 de abril de 1986) y lo resuelto por el Tribunal respecto de su vigencia en la causa T .108.XX "Tellez, María Esther c/Bagala S.A."
4) Que la exigencia de transitar exhaustivamente las instancias existentes en el orden local -ordinarias y extraordinarias- como recaudo de admisibilidad del remedio federal tiene como presupuesto el reconocimiento ineludible de la aptitud jurisdiccional de los tribunales de todo el país -incluidos obviamente los superiores tribunales provinciales- para considerar y aplicar en su integridad la totalidad del orden jurídico del Estado, en cuya cúspide se encuentra la Constitución Nacional (art. 31). El fundamento, último, de esta atribución se halla precisamente en la obligación de las provincias de asegurar su administración de justicia ( art. 5) , objetivo que reclama con carácter de necesidad que sus jueces no estén cegados al principio de supremacía constitucional para que dicha administración de justicia sea plena y' cabalmente eficaz (considerando 9 del Caso Strada.).
5) Que, en efecto, el adecuado respeto al régimen federal de gobierno ya la zona de reserva jurisdiccional de las provincias impone reconocer a los magistrados de todas las instancias el carácter de irrenunciables custodios de los derechos y garantías de la Ley Fundamental así como emplazar la intervención apelada de esta Corte en el juicio que aquélla le ha señalado: ser su intérprete y salva- guarda final. De ahí que esta Corte haya señalado que' los máximos organismos judiciales de cada provincia no pueden negar la' tutela jurisdiccional por medio de las vías que autoricen la Constitución y leyes procesales locales en función de la índole constitucional federal de la materia examinada, carácter que cabe asignar al supuesto de "arbitrariedad de sentencia" que, lejos de constituir un fundamento autónomo de la apelación autorizada por el artículo 14 de la ley 48, constituye el medio idóneo para asegurar el reconocimiento de alguna de las garantías consagradas en la Carta Magna (Fallos: 275:251).
6) Que en el sub lite, el apelante no ha dado satisfacción al requisito enunciado pues no hizo uso de ninguna de las vías de impugnación extraordinarias existentes por ante la Suprema Corte de Justicia local -vgr. recursos de inaplicabilidad de ley y nulidad extraordinario ( arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires) -potencialmente aptas para considerar y resolver las cuestiones que -como federales- intenta someter a conocimiento de esta Corte, por la que concurre un defecto formal que prima facie obsta a la procedencia del recurso extraordinario deducido en esta sede.
7) Que no constituye óbice decisivo la invocación de una jurisprudencia local que clausuraría la posibilidad de acceso ala instancia suprema provincial en virtud del carácter no definitivo de los pronunciamientos que recaen en juicios como el sub examine toda vez que, al hallarse en juego -en el caso- la protección judicial de la Constitución Nacional en virtud de la propia naturaleza de la pretensión deducida -una acción de amparo-, no cabía apartarse de los principios que en la materia ha elaborado la Corte Nacional como fiel intérprete y salvaguarda de los derechos y garantías reconocidos en la Ley Fundamental.
8) Que, sobre el particular, conocida jurisprudencia de esta Corte ha entendido que la sentencia que rechaza el amparo es asimilable a definitiva cuando se demuestra que lo decidido causa un agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior ( Fallos : 254;377; P. 151. XX "País Ahumada, Ana S. y Qtros ,s/acción de amparo" del 9 de abril de 1985; "Pelesson de Lastra, Lidia Ofelia y otros c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires', (P. 295. XX) del 18 de febrero de 1986; entre otros ) ; conclusión particularmente válida en el caso cuando ya este mismo Tribunal intervino con anterioridad en la causa, a raíz de otro recurso federal deducido por la misma parte contra una decisión final también desestimatoria y que fue dejada sin efecto (fs. 170/175).
9?) Que, en tales circunstancias, la interesada debió articular
las cuestiones federales conducentes en el ámbito de los respectivos recursos extraordinarios locales y, al mismo tiempo, deducir la in- constitucionalidad de la interpretación judicial restrictiva del artículo 278 del Código Procesal de la provincia de Buenos Aires en cuanto excluye su examen en supuestos como el presente, toda vez que los planteos reseñados se hallaban inexcusablemente comprendidos en el ámbito cognoscitivo propio de la Corte bonaerense en cuanto investida del poder -deber de aplicar con preeminencia la Constitución y las leyes de la Nación (confr. art. 31 de la Constitución Nacional)-, lo que constituye el fin supremo y fundamental de la actividad jurisdiccional (doctr. del caso Strada, considerandos 8 y 9),
Por ello y de conformidad con lo dictaminado en sentido concordante por el señor Procurador General se declara improcedente el recurso extraordinario.
AUGUSTO CESAR BELLUSCIO -CARLOS S, F AYT -ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI -JORGE ANTONIO BACQUÉ,

Choren, Eduardo Osvaldo c. Estado Nacional (Sec. de Hacienda de la Nación) B.C.R.A

2008-05-01T02:31:00.001-07:00

Choren, Eduardo Osvaldo c. Estado Nacional (Sec. de Hacienda de la Nación) B.C.R.A.

Buenos Aires, junio 11 de 1998. - Vistos los autos: Choren, Eduardo Osvaldo c. Estado Nacional (Sec. de Hacienda de la Nación) B.C.R.A. s/juicios de conocimientos.

Considerando: 1º Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, al confirmar la sentencia de la instancia anterior, admitió la acción de certeza promovida por la actora contra el Banco Central de la República Argentina y el Estado Nacional -Secretaría de Hacienda y, en consecuencia, declaró que la obligación de restituir los depósitos constituidos por el demandante en el Banco del Interior y Buenos Aires, vigentes al 28 de diciembre de 1989, fue transformada por el decreto 36/90 [EDLA, 1990-323] en la de entregar Bonex, Serie 1989, cuyo cumplimiento correspondía al Banco Central en la proporción resultante de la reglamentación, vigente en ese momento, del régimen de garantía de los depósitos (art. 56 de la ley 21.526 [ED, 71-813], texto según ley 22.051 [EDLA, 1979-184]) y a la Secretaría de Hacienda por los montos no cubiertos por el citado régimen. Estableció asimismo que los depósitos alcanzados por el decreto 36/90 no se hallaban incluidos en el sistema de consolidación de deudas dispuesto por la ley 23.982 [EDLA, 1991-262].

2º Que el a quo fundó esta última conclusión en los alcances que asignó a los arts. 1º, inc. b) de la citada ley y 4, inc. a) del decreto 2140/91 [EDLA, 1991-635]. Ponderó para ello que el decreto 36/90 había dispuesto la atención del crédito reclamado mediante títulos públicos -Bonex, Serie 1989-. Asimismo, juzgó que la resolución 150/93 del Banco Central afectaba el principio constitucional de la igualdad, en tanto modificó la situación de quienes confiaron sus inversiones al Banco del Interior y Buenos Aires, diferenciándolos de quienes -contemporáneamente efectuaron depósitos en otras entidades.

3º Que, por otra parte, rechazó el argumento del Estado Nacional consistente en que no cabía que se le atribuyera responsabilidad por los montos no cubiertos por la garantía legal ya que el Banco del Interior y Buenos Aires había sido liquidado con posterioridad al 28 de febrero de 1990, y esa responsabilidad había sido prevista exclusivamente con relación a depósitos efectuados en entidades financieras liquidadas con anterioridad a esa fecha. Para pronunciarse en tal sentido, la cámara consideró que esa tesis no encontraba apoyo en la normativa aplicable que -a su juicio no establece límite temporal alguno para que proceda la devolución por parte de la Secretaría de Hacienda de los montos que exceden la garantía de los depósitos.

4º Que contra tal sentencia, el Estado Nacional y el Banco Central interpusieron sendos recursos extraordinarios a fs. 341/360 y 361/370, respectivamente, que fueron concedidos mediante el auto de fs. 379/379 vta., excepto en lo referente a los planteos relativos a la tacha de arbitrariedad y a la gravedad institucional formulados en el primero de ellos. Tales recursos resultan procedentes en cuanto se dirigen contra la sentencia definitiva, dictada por el superior tribunal de la causa, se encuentra controvertida la inteligencia de normas de naturaleza federal, y lo resuelto ha sido adverso al derecho que los apelantes sustentan en ellas.

5º Que el Banco Central se agravia de que la sentencia haya establecido que debía hacer efectiva la garantía de los depósitos mediante la entrega de BONEX. Aduce el ente oficial que el decreto 36/90 no modificó el régimen establecido por la ley 21.526, como tampoco lo hicieron las resoluciones dictadas por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, por lo que corresponde que dicha garantía sea satisfecha por el ente rector en los términos del sistema de consolidación dispuesto por la ley 23.982. Puntualizó que el Banco del Interior y Buenos Aires no efectuó el canje de los depósitos por Bonex previsto en el citado decreto 36/90, y que carecía de tales títulos. Niega que importe una afectación al principio de igualdad el criterio adoptado por el organismo oficial respecto de los depósitos constituidos en aquella entidad bancaria.

6º Que los mencionados agravios remiten a la consideración de cuestiones similares a las que fueron examinadas y resueltas -en sentido favorable a la posición sostenida por el Banco Central en la causa I.47.XXXI Interguglielmo, Vicente, Carlos María y Luis María c. B.C.R.A. s/proceso de conocimiento fallada el 15 de julio de 1997, a cuyos fundamentos cabe remitir en razón de brevedad. Por lo tanto, corresponde concluir en que las sumas comprendidas en el régimen de garantía de los depósitos deberán ser abonadas en los términos del sistema de consolidación establecido por la ley 23.982.

7º Que, por su parte, el Estado Nacional se agravia de que se lo haya considerado obligado a abonar al actor -mediante la entrega de BONEX- los montos no cubiertos por el citado régimen de garantía. Sostiene que no se tuvo en cuenta que la falta de ratificación ministerial de la resolución del Banco Central 348/91 -que establece que el régimen instrumentado por las resoluciones 11/91 del Banco Central y 264/91 del Ministerio de Economía resultaría aplicable también a las entidades financieras liquidadas con posterioridad al 28 de febrero de 1990- la torna ineficaz, a diferencia de lo que ocurre con la resolución 11/91 del banco oficial que, según afirma el recurrente, reguló el canje en relación a aquellas entidades cuya liquidación fue dispuesta hasta esa fecha, y contó con tal refrendación. En este orden de ideas, destaca que de acuerdo con el art. 32 de la ley 20.539 -en cuanto dispone que las decisiones del Banco Central atinentes a los convenios que éste celebre con agentes fiscales y pagadores para la debida atención por cuenta del gobierno nacional de los servicios de deuda pública externa, requieren la necesaria confirmación por la Secretaría de Hacienda resulta de aplicación al caso por tratarse de servicios de tal carácter, por lo que su ausencia en relación a la resolución 348/91 del banco oficial, la priva de operatividad.

8º Que mediante la resolución 903/92 el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, con el objeto de posibilitar el cobro de la totalidad de las acreencias por parte de los depositantes (segundo párrafo de los considerandos), autorizó a la Secretaría de Hacienda a pagar con Bonos Externos Serie 1989 los montos no cubiertos por el Régimen de Garantía de Depósitos a que hace referencia el Artículo 1º de la Resolución Nº 553 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, de fecha 30 de abril de 1992, y a subrogarse en los derechos acciones y garantías de los titulares de las inversiones comprendidas en el Artículo 1º del Decreto P.E.N. nº 36 de fecha 3 de enero de 1990 (art. 1º).

La mencionada resolución 553 -en su art. 1º- había establecido que el cumplimiento del decreto 36 por parte del Estado Nacional (Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Secretaría de Hacienda), respecto de las entidades financieras en liquidación o con quiebra decretada, en ambos casos, con posterioridad a la entrada en vigor de la citada norma, correspondía al Banco Central en las proporciones de las respectivas garantías de los depósitos, de conformidad con lo establecido por las leyes 21.526 y 22.051.

9º Que cabe poner de relieve -en concordancia con la conclusión a la que llegó el a quo que las citadas resoluciones 553/92 y 903/92 no fijan límite temporal alguno para la aplicación del régimen que instrumentan, con prescindencia de lo establecido en resoluciones anteriores, cuya mera referencia en los fundamentos de aquéllas -párrafos cuarto y quinto de los considerandos de la resolución 553- no permite inferir que se haya procurado establecer una restricción de esa clase que, por lo demás, tampoco resulta explícita e inequívocamente de los aludidos antecedentes, ya que la resolución 11/91 del Banco Central -convalidada por la resolución ministerial 264/91- sólo efectúa la mención a las entidades liquidadas hasta el 28 de febrero de 1990 al exponer sus fundamentos y no en el texto respectivo.

10. Que, al ser ello así, resulta irrelevante para la decisión del sub lite la circunstancia de que la resolución 348/91 del Banco Central no haya sido refrendada por el Ministerio de Economía, máxime en razón de que la obligación que el a quo reconoció en cabeza del Estado Nacional de entregar BONEX por los importes excedentes del tope de la garantía de los depósitos tiene sustento en una resolución -la número 903- de ese mismo ministerio. La conclusión a la que se llega torna inoficiosa la consideración de los restantes agravios del recurrente.

Por ello, se declaran formalmente procedentes los recursos extraordinarios interpuestos por el Banco Central y el Estado Nacional, se revoca la sentencia apelada en cuanto impone al Banco Central la obligación de cumplir su garantía mediante la entrega de BONEX, declarándose que ella se encuentra comprendida en el régimen establecido por la ley 23.982, y se confirma lo resuelto con relación al Estado Nacional. Con costas de acuerdo a los respectivos vencimientos (arts. 71 y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvase. - Julio S. Nazareno. - Eduardo Moliné OConnor (en disidencia parcial). - Carlos S. Fayt. - Augusto César Belluscio. - Antonio Boggiano. - Guillermo A. F. López (en disidencia parcial). - Gustavo A. Bossert.

DISIDENCIA PARCIAL DEL SEñOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINé OCONNOR Y DEL SEñOR MINISTRO DOCTOR DON GUILLERMO A. F. LóPEZ. - Considerando: 1º Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, al confirmar la sentencia de la instancia anterior, admitió la acción de certeza promovida por la actora contra el Banco Central de la República Argentina y el Estado Nacional -Secretaría de Hacienda y, en consecuencia, declaró que la obligación de restituir los depósitos constituidos por el demandante en el Banco del Interior y Buenos Aires, vigentes al 28 de diciembre de 1989, fue transformada por el decreto 36/90 en la de entregar Bonex, Serie 1989, cuyo cumplimiento correspondía al Banco Central en la proporción resultante de la reglamentación, vigente en ese momento, del régimen de garantía de los depósitos (art. 56 de la ley 21.526, texto según ley 22.051) y a la Secretaría de Hacienda por los montos no cubiertos por el citado régimen. Estableció asimismo que los depósitos alcanzados por el decreto 36/90 no se hallaban incluidos en el sistema de consolidación de deudas dispuesto por la ley 23.982.

2º Que el a quo fundó esta última conclusión en los alcances que asignó a los arts. 1º, inc. b) de la citada ley y 4, inc. a) del decreto 2140/91. Ponderó para ello que el decreto 36/90 había dispuesto la atención del crédito reclamado mediante títulos públicos -Bonex, Serie 1989-. Asimismo, juzgó que la resolución 150/93 del Banco Central afectaba el principio constitucional de la igualdad, en tanto modificó la situación de quienes confiaron sus inversiones al Banco del Interior y Buenos Aires, diferenciándolos de quienes -contemporáneamente efectuaron depósitos en otras entidades.

3º Que, por otra parte, rechazó el argumento del Estado Nacional consistente en que no cabía que se le atribuyera responsabilidad por los montos no cubiertos por la garantía legal ya que el Banco del Interior y Buenos Aires había sido liquidado con posterioridad al 28 de febrero de 1990, y esa responsabilidad había sido prevista exclusivamente con relación a depósitos efectuados en entidades financieras liquidadas con anterioridad a esa fecha. Para pronunciarse en tal sentido, la cámara consideró que esa tesis no encontraba apoyo en la normativa aplicable que -a su juicio no establece límite temporal alguno para que proceda la devolución por parte de la Secretaría de Hacienda de los montos que exceden la garantía de los depósitos.

4º Que contra tal sentencia, el Estado Nacional y el Banco Central interpusieron sendos recursos extraordinarios a fs. 341/360 y 361/370, respectivamente, que fueron concedidos mediante el auto de fs. 379/379 vta., excepto en lo referente a los planteos relativos a la tacha de arbitrariedad y a la gravedad institucional formulados en el primero de ellos. Tales recursos resultan procedentes en cuanto se dirigen contra la sentencia definitiva, dictada por el superior tribunal de la causa, se encuentra controvertida la inteligencia de normas de naturaleza federal, y lo resuelto ha sido adverso al derecho que los apelantes sustentan en ellas.

5º Que el Banco Central se agravia de que la sentencia haya establecido que debía hacer efectiva la garantía de los depósitos mediante la entrega de BONEX. Aduce el ente oficial que el decreto 36/90 no modificó el régimen establecido por la ley 21.526, como tampoco lo hicieron las resoluciones dictadas por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, por lo que corresponde que dicha garantía sea satisfecha por el ente rector en los términos del sistema de consolidación dispuesto por la ley 23.982. Puntualizó que el Banco del Interior y Buenos Aires no efectuó el canje de los depósitos por Bonex previsto en el citado decreto 36/90, y que carecía de tales títulos. Niega que importe una afectación al principio de igualdad el criterio adoptado por el organismo oficial respecto de los depósitos constituidos en aquella entidad bancaria.

6º Que los mencionados agravios remiten a la consideración de cuestiones similares a las que fueron examinadas -en sentido concordante a lo decidido por el a quo en la causa I.47.XXXI Interguglielmo, Vicente, Carlos María y Luis María c. B.C.R.A. s/proceso de conocimiento fallada el 15 de julio de 1997, voto en disidencia de los jueces Moliné OConnor y López, a cuyos fundamentos cabe remitir en razón de brevedad.

7º Que, por su parte, el Estado Nacional se agravia de que se lo haya considerado obligado a abonar al actor -mediante la entrega de BONEX- los montos no cubiertos por el citado régimen de garantía. Sostiene que no se tuvo en cuenta que la falta de ratificación ministerial de la resolución del Banco Central 348/91 -que establece que el régimen instrumentado por las resoluciones 11/91 del Banco Central y 264/91 del Ministerio de Economía resultaría aplicable también a las entidades financieras liquidadas con posterioridad al 28 de febrero de 1990- la torna ineficaz, a diferencia de lo que ocurre con la resolución 11/91 del banco oficial que, según afirma el recurrente, reguló el canje en relación a aquellas entidades cuya liquidación fue dispuesta hasta esa fecha, y contó con tal refrendación. En este orden de ideas, destaca que de acuerdo con el art. 32 de la ley 20.539 -en cuanto dispone que las decisiones del Banco Central atinentes a los convenios que éste celebre con agentes fiscales y pagadores para la debida atención por cuenta del gobierno nacional de los servicios de deuda pública externa, requieren la necesaria confirmación por la Secretaría de Hacienda resulta de aplicación al caso por tratarse de servicios de tal carácter, por lo que su ausencia en relación a la resolución 348/91 del banco oficial, la priva de operatividad.

8º Que mediante la resolución 903/92 el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, con el objeto de posibilitar el cobro de la totalidad de las acreencias por parte de los depositantes (segundo párrafo de los considerandos), autorizó a la Secretaría de Hacienda a pagar con Bonos Externos Serie 1989 los montos no cubiertos por el Régimen de Garantía de Depósitos a que hace referencia el artículo 1º de la Resolución 553 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, de fecha 30 de abril de 1992, y a subrogarse en los derechos acciones y garantías de los titulares de las inversiones comprendidas en el Artículo 1º del decreto P.E.N. 36 de fecha 3 de enero de 1990 (art. 1º).

La mencionada resolución 553 -en su art. 1º- había establecido que el cumplimiento del decreto 36 por parte del Estado Nacional (Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos - Secretaría de Hacienda), respecto de las entidades financieras en liquidación o con quiebra decretada, en ambos casos, con posterioridad a la entrada en vigor de la citada norma, correspondía al Banco Central en las proporciones de las respectivas garantías de los depósitos, de conformidad con lo establecido por las leyes 21.526 y 22.051.

9º Que cabe poner de relieve -en concordancia con la conclusión a la que llegó el a quo que las citadas resoluciones 553/92 y 903/92 no fijan límite temporal alguno para la aplicación del régimen que instrumentan, con prescindencia de lo establecido en resoluciones anteriores, cuya mera referencia en los fundamentos de aquéllas -párrafos cuarto y quinto de los considerandos de la resolución 553- no permite inferir que se haya procurado establecer una restricción de esa clase que, por lo demás, tampoco resulta explícita e inequívocamente de los aludidos antecedentes, ya que la resolución 11/91 del Banco Central -convalidada por la resolución ministerial 264/91- sólo efectúa la mención a las entidades liquidadas hasta el 28 de febrero de 1990 al exponer sus fundamentos y no en el texto respectivo.

10. Que, al ser ello así, resulta irrelevante para la decisión del sub lite la circunstancia de que la resolución 348/91 del Banco Central no haya sido refrendada por el Ministerio de Economía, máxime en razón de que la obligación que el a quo reconoció en cabeza del Estado Nacional de entregar BONEX por los importes excedentes del tope de la garantía de los depósitos tiene sustento en una resolución -la número 903- de ese mismo ministerio. La conclusión a la que se llega torna inoficiosa la consideración de los restantes agravios del recurrente.

Por ello, se declaran formalmente procedentes los recursos extraordinarios planteados y se confirma la sentencia apelada. Con costas. Notifíquese y devuélvase. - Eduardo Moliné OConnor. - Guillermo A. F. López.

Chonev, Kiril I. K. v. Siderca S.A.I.C. y otro s/proceso de ejecución

2008-05-01T02:29:00.002-07:00

Tribunal: Corte Sup.
Fecha: 02/11/2004
Partes: Chonev, Kiril I. K. v. Siderca S.A.I.C. y otro s/proceso de ejecución

ARBITRARIEDAD - Cosa juzgada - Identidad de objeto - Ejecución de sentencia - Proceso anterior

DICTAMEN DEL PROCURADOR FISCAL.-

Considerando: I. Contra la sentencia interlocutoria de la sala en lo Civil y Comercial Federal n. 3 de Capital Federal que revocó el decisorio del inferior e hizo lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por la codemandada Siderca S.A.I.C., sucesora de Dálmine Siderca S.A.I.C., el actor dedujo recurso extraordinario federal, el que, contestado por la contraria, fue concedido por la alzada, con fundamento en que los argumentos planteados por la quejosa guardan relación directa e inmediata con los derechos de defensa en juicio y propiedad (art. 15 ley 48 [1]), por lo que entendió correspondía habilitar la instancia extraordinaria prevista por el art. 14 ley 48 -ver fs. 421/422, 381/384, 426/437, 442/451 y 453-.
II. En lo que aquí interesa, corresponde señalar que el actor inició demanda contra Siderca S.A.I.C. -en su carácter de continuadora de Dalmine Siderca S.A.I.C.- y Virgilio Padovani por daños y perjuicios, derivados de la imposibilidad del accionante de ejecutar la sentencia dictada en las actuaciones "Chonev, Kiril I. K. v. Dalmine Siderca S.A. s/cobro de pesos", en la cual recayó resolución condenando en forma solidaria a los aquí demandados, al pago de $ 10 y a la entrega de los elementos y maquinarias existentes en la draga 300, matrícula 419-F, con fundamento en que lo vendido era su casco y no dichos elementos -ver expte. 6936/92, que corre por cuerda, y fs. 209/214, 247 y 278/279-.
A fs. 297/303 contestó demanda el accionado Padovani, quien opuso excepción de incompetencia y prescripción. A fs. 318/335 la codemandada Siderca S.A.I.C. dedujo defensa de cosa juzgada y subsidiariamente contestó demanda.
El magistrado de primera instancia resolvió rechazar las excepciones opuestas por ambas codemandadas -ver fs. 381/384-. Apelado el decisorio por la coaccionada Siderca en cuanto al rechazo de la excepción de cosa juzgada por ella interpuesta -ver fs. 389, 392/482-, la alzada resolvió a fs. 421/422 revocar la decisión apelada en lo que fue motivo de agravio.
Contra dicho decisorio el actor interpuso recurso extraordinario federal, el que, contestado por la contraria, fue concedido por el a quo, conforme lo señaláramos ab initio.
III. El quejoso reprocha arbitrariedad en la sentencia de la alzada. Sostuvo en tal sentido que el a quo se apartó de las constancias de la causa e incurrió en un grave error de interpretación al admitir la excepción de cosa juzgada interpuesta por la contraria, confundiendo el objeto de las distintas acciones y las peticiones que en ellas se efectúan, con lo cual se le causó a su parte un agravio de irreparable reparación ulterior, vulnerando derechos y garantías de raigambre constitucional -ver arts. 16, 17, 18 y concs. CN. (2)-.
IV. En primer lugar creo necesario indicar que el pronunciamiento atacado, en cuanto hizo lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por la demandada, es asimilable a una sentencia definitiva, desde que pone fin al pleito provocando al actor agravios insusceptibles de reparación ulterior.
En segundo lugar, no obstante el alto tribunal tiene reiteradamente dicho que las cuestiones de hecho, prueba e interpretación de normas de derecho común y procesal constituyen temas propios de los jueces de la causa, y ajenos en principio a la instancia excepcional del art. 14 ley 48, ha hecho excepción a tal principio cuando el fallo no se encuentra suficientemente fundado en las constancias del litigio, o carece de la fundamentación necesaria para otorgarle validez al acto jurisdiccional.
En tal sentido, estimo le asiste razón al quejoso en cuanto sostiene que el fallo incurre en un grave error de interpretación respecto del objeto y peticiones de las presentes actuaciones, al hacer lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por la contraria, fundamento, estimo, que también consideró la propia alzada al conceder el recurso extraordinario incoado por el accionante (ver fs. 453).
Cabe señalar al respecto que V.E. en forma reiterada ha sostenido que la autoridad de la cosa juzgada atribuida a las sentencias no se funda en una ficción, sino en la necesidad imperiosa de poner fin a los pleitos, a efectos de dar certidumbre y estabilidad a los derechos en litigio, como consecuencia de la tutela del Estado ejercida por intermedio de los jueces.
La trascendencia de la cosa juzgada implica, por ende, la inmutabilidad de lo decidido y está íntimamente ligada a la seguridad jurídica, representando una exigencia vital del orden público. Ella obsta a la proposición eficaz de una pretensión ya juzgada en una sentencia provista de aquella calidad.
En el caso de autos el reclamo efectuado por el actor ante el Juzgado Federal n. 2 persiguió el cobro de una suma de dinero, la restitución de ciertos bienes y, subsidiariamente, el valor de las pérdidas o deterioros que éstos hubieren sufrido. En dicha causa el actor obtuvo sentencia condenatoria en ambas instancias, responsabilizando y condenando la alzada a las aquí demandadas al pago de la suma reclamada y a la entrega de los bienes denunciados. Dicho decisorio, por distintas circunstancias, no pudo ser ejecutado por el actor.
Ante tal circunstancia inició el quejoso las presentes actuaciones, en el marco de los normado por el art. 515 CPCCN. (3), que expresamente prevé, para el caso de que la condena no pudiera cumplirse, la sustitución de la obligación principal por la entrega del equivalente de su valor, procedimiento que debe efectuarse ante el mismo magistrado, quien podrá establecer si el trámite debe ser conforme a lo previsto por los arts. 503 o 504, o por juicio sumario.
En dicho contexto, advierto que las pretensiones de ambas causas difieren entre sí: en la primera se persigue el cumplimiento de un contrato de compraventa, y en ésta, la ejecución de la sentencia que hizo lugar a la primer acción.
En tales condiciones, preciso que habiendo agotado el demandante los procedimientos para obtener el cumplimiento de la sentencia dictada en la causa 6936/92 es que promovió la presente litis, que, conforme a lo resuelto a fs. 251, deberá tramitar conforme a las normas del juicio sumario.
Por lo expuesto, considero que, más allá de la íntima relación entre ambas causas, no surge que se superpongan los objetos reclamados en cada una de ellas. Consecuentemente, no podrá la sentencia a dictarse en estos obrados avanzar sobre cuestiones ya debatidas en la causa anterior.
En tales condiciones, entiendo que corresponde declarar procedente el recurso extraordinario fundado en la arbitrariedad del pronunciamiento, dejar sin efecto la sentencia, con el alcance señalado, y disponer vuelvan los autos al tribunal de origen, a sus efectos.- Felipe D. Obarrio.
Buenos Aires, noviembre 2 de 2004.- Considerando: Que esta Corte comparte los fundamentos y conclusiones del dictamen del procurador fiscal, al cual se remite por razones de brevedad.
Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la resolución recurrida, con costas. Notifíquese y vuelvan los autos al tribunal de origen, a fin de que por medio de quien corresponda se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a derecho.- Enrique S. Petracchi.- Carlos S. Fayt.- Antonio Boggiano.- Juan C. Maqueda.- Eugenio R. Zaffaroni.

Chocobar, Sixto C. c. Caja Nac. de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos

2008-05-01T02:29:00.001-07:00

Chocobar, Sixto C. c. Caja Nac. de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos

CS, diciembre 27-996. - Dictamen del Procurador Fiscal:
Las cuestiones materia de recurso en estos autos, son similares a las que tuvo ocasión de examinar el Procurador General de la Nación, doctor Agüero Iturbe, al emitir dictamen, con fecha 2 del corriente, en la causa A.915 L.XXIX, "Acosta, Rosendo Alfredo s/ jubilación".
En consecuencia, cabe extender al presente las consideraciones expuestas en esa oportunidad y, por ende, devolver las actuaciones al tribunal de origen a los fines explicitados en el último párrafo del mencionado dictamen. - Mayo 16 de 1996. - Felipe D. Obarrio.
Buenos Aires, diciembre 27 de 1996.
Considerando:
1. Que la sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social -sobre la base de considerar inconstitucional el sistema de movilidad regulado por los arts. 49, 53 y 55 de la ley 18.037 (t. o. 1976)- ordenó que se practicara una nueva determinación del haber inicial de jubilación, y fijó nuevas pautas de movilidad según las variaciones de los índices del salario básico del convenio de la industria y la construcción, siempre que el haber resultante de aplicar los arts. 53 y 55 de la ley 18.037 determinara un perjuicio al jubilado superior al 10 % con respecto al método establecido en la sentencia, caso en el que deberían liquidarse las diferencias respectivas mientras se mantuviera vigente ese sistema legal.
2. Que, en lo que hace a la liquidación de las retroactividades que debieran abonarse con posterioridad al 1° de abril de 1991, la alzada consideró aplicables las previsiones de la ley 23.928. Asimismo, declaró que la ley 23.928 no afectaba la vigencia de las pautas establecidas por la ley 18.037 para la determinación de los haberes mensuales y ratificó la inconstitucionalidad de aquéllas -en lo pertinente al caso-, aún con posterioridad al 1° de abril de 1991. Por último, dispuso que en el período posterior al juzgado y mientras rija el sistema descalificado se proceda de conformidad con esa sentencia.
3. Que contra dicho pronunciamiento el organismo estatal interpuso recurso extraordinario, en el cual sostiene que lo decidido por la cámara con respecto al reajuste del haber con posterioridad al 1° de abril de 1991 contradice abiertamente la ley 23.928, además de que los intereses fijados se apartan de la solución adoptada por esta Corte en el precedente que invoca, en el cual se había concluido que debe aplicarse la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina.
4. Que en lo que concierne a la tasa de interés establecida en la sentencia, el actor renunció a ella al contestar el recurso extraordinario, aviniéndose a la pretensión de la ANSeS introducida en el remedio federal.
Frente a esta situación, cabe puntualizar que este tribunal ha señalado reiteradamente que sus sentencias han de ceñirse a las circunstancias dadas cuando se dictan, aunque fueran sobrevinientes al recurso extraordinario, por lo que debe verificar -de oficio- la subsistencia de los requisitos que hacen a su jurisdicción, en la medida en que la extinción de ellos importa la del poder de juzgar.
En las condiciones señaladas, el allanamiento efectuado por el peticionario al agravio planteado en la apelación constituye una renuncia incondicionada y explícita al derecho cuyo reconocimiento fue impugnado en el recurso extraordinario, por lo que, al no existir impedimentos para la eficacia jurídica de aquel sometimiento, no queda cuestión alguna para decidir que impida la conclusión indicada, en tanto la ausencia de interés económico convierte en abstracto el pronunciamiento requerido a este tribunal (causa S.478.XXIV "Solazzi, Adriana Marina c. Von Der Walde, Pablo s/ daños y perjuicios", sentencia del 9 de marzo de 1993, y sus citas - La Ley, 1993-C, 367-).
5. Que en cuanto al agravio concerniente a lo decidido por la cámara con respecto a la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 53 y 55 de la ley 18.037, y la consecuente actualización del haber con posterioridad al 1° de abril de 1991, cabe destacar que a partir del conocido precedente sentado en la sentencia dictada en la causa "Rolón Zappa, Víctor Francisco s/ jubilación" (Fallos: 308:1848 -La Ley, 1986-E, 151-), esta Corte ha declarado insustanciales las cuestiones federales que resultaban de la declaración de inconstitucionalidad del sistema de movilidad por coeficientes elaborados al amparo del art. 53 de la ley 18.037, cuando la aplicación de éstos conducía a una desproporcionada reducción de los haberes previsionales, pues el tribunal consideró que los habituales planteos que efectuaban los entes previsionales no ofrecían argumentos válidos ni novedosos que justificasen una modificación del criterio reiteradamente aplicado (Fallos: 310:2212).
6. Que dicha circunstancia condicionante se presenta en el caso y torna admisible -en el aspecto indicado- el recurso deducido a fs. 47/50 y concedido por el tribunal a quo, pues el nuevo régimen monetario deconvertibilidad vigente a partir de la ley 23.928, el contenido de diversas previsiones de este texto y de sus decretos reglamentarios en torno a la prohibición de los mecanismos de actualización de prestaciones dinerarias, la situación de emergencia derivada del quebranto del patrimonio estatal según lo establecido por sucesivas y concordes disposiciones de carácter general, justifican suficientemente que esta Corte examine los agravios invocados por el recurrente en la medida en que, frente a la nítida diversidad de los marcos fácticos y normativos que sirvieron de soporte a aquéllos y que yacen al sub lite, el pronunciamiento necesariamente deberá atender a las circunstancias particulares del caso como ha sido enfatizado por el tribunal con particular referencia a la movilidad del haber jubilatorio (Fallos: 305:2083).
En el sentido indicado y aun en situaciones que, a diferencia de la ventilada en el sub lite, estaban reguladas por el derecho privado, esta Corte ha decidido que las disposiciones de la ley 23.928, en tanto establecen el valor de la moneda y prohíben el cómputo de la actualización monetaria, tienen un indudable carácter federal que habilita el recurso extraordinario, desde que han sido dictadas por el Congreso en uso de las atribuciones previstas en el art. 75, inc. 11, de la Constitución Nacional (causas: D.354.XXIV, "De la Cruz de Sessa, Adela M. c. Sessa, A. J."; I.66.XXIV, "Inmobiliaria del Plata SAIFICAM y otro c. Vialco S. A. -La Ley, 1995-A, 180- y A. 179.XXIV, "Acopionor S. A. s/ concurso preventivo", falladas -la primera- el 30 de noviembre de 1993 y -las restantes- el 9 de junio de 1994).
7. Que no obsta a la admisibilidad del recurso la circunstancia de que con posterioridad al pronunciamiento apelado y a la sustanciación del recurso extraordinario haya entrado en vigencia la ley 24.463 de solidaridad previsional de carácter federal como lo decidió esta Corte en la causa H.40.XXXII, "Hussar, Otto c. ANSeS", fallada el 10 de octubre de 1996 (La Ley, 1996-E, 575), cuyas disposiciones atinentes a la movilidad y los topes de los haberes son susceptibles de modificar sustancialmente las cuestiones planteadas en autos.
Ello es así, pues si bien es cierto que con motivo de la entrada en vigencia de nuevas normas cuya aplicación podría incidir en la decisión de causas que se hallaban ante sus estrados, esta Corte dispuso remitir los expedientes al tribunal de origen a fin de que se expidiera sobre los puntos en litigio según la nueva legislación, también lo es que las circunstancias en que se suscitaron dichos pronunciamientos difieren sustancialmente de las que corresponden al presente caso, pues mientras en aquéllos la normativa posterior exigía el estudio de aspectos ajenos a la vía del remedio federal que podrían incidir en la solución y aún tornar abstractos los agravios propuestos (causas F.17.XX, "Fisco nacional [D. G. I.] c. Carbocomet S. A. I. C. I. y F. s/ cobro de impuestos de ganancias-ejecución fiscal"; A.492.XXIX, "Angel Ciminello s/ solicita se declare argentino nativo a Michael Angel Ciminello" y V.245.XXIX, "Vaz de Castro, José s/ excepción al servicio militar", falladas el 24 de julio, 11 de octubre y 18 de diciembre de 1994, respectivamente), en el caso la nueva legislación tiene una relación inescindible con las cuestiones introducidas en el recurso extraordinario.
A ello cabe agregar diversas circunstancias de eminente trascendencia que exigen un pronunciamiento del tribunal sobre el fondo del asunto, como lo son la índole alimentaria de los derechos comprometidos y la inusitada cantidad de causas que, en varias decenas de miles, han arribado ante el tribunal para obtener una decisión que se pronuncie definitivamente sobre una cuestión que, como lo es la movilidad de los haberes jubilatorios, compromete directamente la inteligencia de una cláusula constitucional y la adecuación a ella de los sucesivos textos legales que se han sancionado para reglamentarla.
8. Que, ciertamente, el examen de la controversia que subyace a este proceso no se reduce a una mera interpretación de normas infraconstitucionales que, con apoyo en consideraciones de igual naturaleza, permita dar una fundada decisión a una nueva controversia suscitada entre un beneficiario de una prestación previsional y el Estado nacional con motivo de la afectación que se invoca de la integridad del haber.
Bien por el contrario, este tribunal se enfrenta con un conflicto que exigió su primer pronunciamiento el 15 de diciembre de 1933 (Fallos: 170:12), en el cual debió examinar la constitucionalidad de una ley que disponía la rebaja del monto de una pensión acordada, asunto que inmediatamente originó reiteradas intervenciones en las cuales comenzó a elaborar su conocida doctrina en torno al alcance de los derechos adquiridos y la distinción elaborada entre el status de jubilado y la cuantía de las prestaciones por los jubilados (Fallos: 173:5, entre otros).
La ingente tarea de la Corte se vio profundizada a partir de las garantías introducidas en la reforma de 1957 en el art. 14 nuevo de la Ley Superior y, con particular referencia a la movilidad previsional, con los sucesivos estatutos destinados a reglamentarla que se dictaron con posterioridad (decs.-leyes 1049/58 y 5567/58; leyes 14.473, 14.499, 15.719), con las leyes de emergencia que congelaron haberes (dec.-ley 17.310/67), que suspendieron la promoción de acciones judiciales y paralizaron las pendientes (ley 16.921), que consolidaron el pasivo disponiendo el pago en ocho o diez ejercicios presupuestarios (leyes 17.583 y 17.616).
De igual modo, los orígenes más cercanos se encuentran en una época prácticamente inmediata a la sanción -en 1968- de la ley 18.037, que a pesar del razonable sistema que pretendió implantar dio lugar con su aplicación a graves y conocidas afectaciones tanto de los derechos de los beneficiarios como del presupuesto de las cajas destinado a afrontar las erogaciones correspondientes, las cuales llevaron a que los poderes políticos gobernantes desde entonces -sin distinción del origen del mandato ni del partido político al cual representaban- efectuaran el intento de solucionarlas con sucesivas modificaciones legislativas y reglamentarias de la más diversa índole. Tales intentos irremediablemente fracasaron, al extremo de que, para absorber la mayor litigiosidad generada, fue creado un tribunal de alzada -integrado por tres salas- especializado en la materia (ley 23.473), el cual también fue prontamente superado en su capacidad y llevó al legislador a establecer diez juzgados de primera instancia con igual competencia (ley 24.655).
La marcada trascendencia de la cuestión involucrada en el sub lite queda sencillamente demostrada con verificar las estadísticas del tribunal, de las que surge que más de 70.000 causas análogas aguardan que se pronuncie una decisión definitiva sobre la aguda tensión mantenida entre una cantidad significativa de beneficiarios y el Estado nacional.
De ahí, pues, que la conclusión que se obtenga debe partir ineludiblemente de una interpretación dinámica e integradora de diversas cláusulas de la Constitución Nacional, como lo son las concernientes al alcance de la garantía en debate consagrada por dicha Ley Fundamental, así como de aquellas que contemplan las facultades -de igual fuente- que asisten al Congreso Nacional para cumplir con las insustituibles funciones encomendadas; y teniendo presente -en todo momento- una cabal comprensión de las responsabilidades derivadas del rol institucional que es de la esencia de esta Corte Suprema, en tanto titular de uno de los Departamentos del Gobierno Federal (art. 108, Constitución Nacional).
9. Que con relación a la garantía de movilidad de las prestaciones previsionales establecida por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, esta Corte decidió desde el primer momento en que fue instada su jurisdicción para resolver los planteos que introdujeron los beneficiarios a poco de entrar en vigencia la ley 18.037 -con fundamento en que el cambio de legislación afectaba sus derechos adquiridos-, que los agravios constitucionales que se invocaban no podían acogerse en la medida en que dicho régimen constituía, en principio, una reglamentación razonable de la garantía consagrada por el art. 14 bis de la Constitución Nacional (Fallos: 297:146; 300:195 -La Ley, 1977-D, 355; 1979-B, 673-), pues esta cláusula no especifica el procedimiento a seguir para el logro del objetivo propuesto en cuanto a la evolución del haber, dejando librado el punto al criterio legislativo (Fallos: 269:174 -La Ley, 129-91-; 293:551 -La Ley, 1976-B, 100-; 295:674 y 695 -La Ley 1977-A, 16; DT, 1976-581-; 300:194 -La Ley, 1979-B, 673-; 303:1155 -La Ley, 1982-A, 17-; 305:1213; 307:2366 -La Ley, 1986-E, 700-).
10. Que aquella conclusión surge inequívocamente del debate realizado en la convención constituyente que introdujo el art. 14 bis a la Constitución de 1853 (2ª sesión extraordinaria; 21ª reunión, celebrada el 21 de octubre de 1957), en el que -al tratarse el carácter móvil de las prestaciones- el convencional Martella únicamente expresó que "Se da la norma de que el beneficio será como el salario móvil. Deseamos una jubilación móvil para mantener a las personas jubiladas o pensionadas con una asignación que les suponga siempre el mismo 'standard' de vida" ("Diario de Sesiones", t. II, p. 1249).
La ausencia de una determinación precisa en el contenido de esta garantía queda confirmada por la exposición del convencional Riva (2ª sesión extraordinaria; 23ª reunión, celebrada el 23 de octubre de 1957; op. cit., p. 1371), al afirmar que "...el problema de los jubilados fue aglutinado con el de todos los empleados y obreros que estaban en actividad o retirados de ella, que sólo cuentan para la subsistencia con ingresos fijos que pierden valor adquisitivo a medida que se va agravando el proceso inflacionista. El mejoramiento de las jubilaciones quedó enervado por el alza en el costo de la vida, y así se repite cíclicamente la situación crítica. El despacho de la mayoría consagra como solución jubilaciones y pensiones móviles. Esto, en mi criterio, no puede consagrarse como solución definitiva, pues deja su regulación en manos del poder administrador. Creo que ya que se va a resolver constitucionalmente la magra situación que el proceso inflacionista de estos tiempos, no contenido, les crea a los jubilados y pensionados, como consecuencia de contar con menos defensas que los trabajadores en actividad, debe establecerse como yo lo sostengo en mi proyecto la equiparación de sus asignaciones a los emolumentos de los funcionarios y/o agentes en actividad".
Por otra parte, el convencional Arigós destacaba (sesión del 24 de octubre de 1957, 24ª reunión) que la reforma propuesta estaba destinada a "incorporar una gran institución a las jubilaciones y pensiones a fin de que ellas sigan el ritmo del costo de la vida, para que los jubilados y pensionados no pasen las necesidades que actualmente atraviesan como consecuencia de que, a raíz de la desvalorización de la moneda, al poco tiempo de haberse acogido al retiro, su jubilación no les alcanza para vivir y se ven obligados a competir con el trabajador activo" ("Diario de Sesiones", t. II, p. 1481).
Estas precisiones acerca del contenido de la garantía que se incorporaba al texto constitucional, alentadas en despachos minoritarios, no lograron prevalecer en el recinto. Se observa, pues, que la ausencia de un mayor debate sobre el particular y la sanción, en definitiva, del texto propuesto por el despacho mayoritario sin aceptar la equiparación postulada con respecto a los salarios de las personas en actividad y sin inclinarse por la adopción de pauta o referencia concreta vinculada con la depreciación de la moneda, configuró una nítida reserva para que el legislador reglamentara la movilidad sin imponerle una versión uniforme del alcance de la garantía declarada, reconociéndose al Congreso de la Nación plenas facultades para el dictado de normas infraconstitucionales que respondan al mérito que realizase sobre la conveniencia y posibilidad del sistema que correspondería implementar como razonable tutela de la cláusula introducida en la Carta Magna.
11. Que, por lo demás, a los fines de una correcta interpretación de la Ley Suprema, no debe olvidarse que la reforma constitucional de 1994 ha incorporado con jerarquía constitucional, como complementarios de los derechos y garantías reconocidos en la primera parte de nuestra Carta Magna, los derechos consagrados en ciertos tratados internacionales (conf. causa G.423.XXVII, "Gabrielli, Mario Carlos c. Estado Nacional s/ contenciosoadministrativo", sentencia del 5 de julio de 1996 -La Ley, 1996-E, 617-). En lo que aquí respecta, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que "toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, ...habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado" (art. 22). En análogo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) dispone que "los Estados partes se comprometen a adoptar providencias... para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación... en la medida de los recursos disponibles" (art. 26).
Tales referencias -que vinculan los beneficios sociales a las concretas posibilidades de cada Estado- resultan idóneas para interpretar el alcance de la movilidad aludida en el art. 14 bis de la Constitución Nacional toda vez que ésta debe ser analizada como un conjunto armónico, dentro del cual cada una de sus disposiciones ha de interpretarse de acuerdo con el contenido de las demás. De allí se desprende que la atención a los recursos "disponibles" del sistema pueda constituir una directriz adecuada a los fines de determinar el contenido económico de la movilidad jubilatoria, en el momento de juzgar sobre el reajuste de las prestaciones o de su satisfacción.
12. Que el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, mediante el que se otorgó jerarquía constitucional a los tratados cuyas disposiciones se han transcripto, establece en su última parte, que aquéllos "no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos".
Ello indica que los constituyentes han efectuado un juicio de comprobación en virtud del cual han cotejado los tratados y los artículos constitucionales y han verificado que no se produce derogación alguna, juicio que no pueden los poderes constituidos desconocer o contradecir.
13. Que de ello se desprende que la armonía o concordancia entre los tratados y la Constitución es un juicio del constituyente. En efecto, así lo han juzgado al hacer la referencia a los tratados que fueron dotados de jerarquía constitucional y, por consiguiente, no pueden ni han podido derogar la Constitución pues esto sería un contrasentido insusceptible de ser atribuido al constituyente, cuya imprevisión no cabe presumir.
14. Que conviene recordar aquí, por su incuestionable actualidad, los principios establecidos por esta Corte en fallos señeros que integran la base misma de su elevada doctrina constitucional, concernientes al modo y a la finalidad en que ha de llevar a cabo su atribución constitucional de intérprete de la Ley Suprema y de sus textos reglamentarios.
En la causa "Avico c. De la Pesa", sentencia del 7 de diciembre de 1934 publicada en Fallos: 172:29, el Tribunal consideró -en oportunidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley de emergencia que prorrogaba el vencimiento de las obligaciones garantizadas con hipotecas y limitaba los intereses convenidos- que con carácter previo al examen de la cuestión planteada era "...interesante y de la mayor importancia el advertir..." los postulados desarrollados por relevantes juristas con respecto a la interpretación de las leyes. Se afirmó entonces, siguiendo a Ballot-Baupré, que muchos jueces habían sabido no solamente aplicar la ley cuando era oscura, sino completarla cuando era deficiente, suplirla cuando les parecía muda, y adaptar el texto, literal y humanamente, a las realidades y exigencias de la vida moderna, sin rezagarse a buscar obstinadamente cuál había sido, hace cien años, el pensamiento de los autores del código al redactar tal o cual artículo. En sentido análogo, se recordó en la sentencia las expresiones de Paul Deschanel, en el sentido de que la introducción de las ciencias sociales y económicas en el conjunto de los estudios jurídicos, ha renovado toda la técnica. No sólo la inspiración legislativa, sino la interpretación de las leyes por la doctrina y la jurisprudencia, no pueden permanecer fuera de las corrientes profundas de la vida social. No hay un jurista moderno que no se preocupe de poner su interpretación en armonía con las necesidades actuales y con las ideas ambientes o circundantes. Asimismo, destacó el tribunal que el mismo concepto era sostenido por Ihering, al afirmar que no son los hechos los que deben seguir al derecho, sino que es el derecho el que debe seguir a los hechos. Por último, se transcribió el pensamiento concorde de Boutroux, que enseñaba que son los conceptos los que deben adaptarse a la vida y no la vida ceder lugar a los conceptos.
De igual modo, en el conocido fallo dictado en "Kot, Samuel S. R. L." el 5 de septiembre de 1958 (Fallos: 241:291 -La Ley, 89-531-), esta Corte profundizó la piedra de toque sentada en el precedente mencionado, aunque sin citarlo, afirmando que las leyes no pueden ser interpretadas sólo históricamente, sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda ley, por su naturaleza, tiene una visión de futuro, está predestinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción. Con mayor fundamento -se agregó- la Constitución que es la ley de las leyes y se halla en el cimiento de todo el orden jurídico positivo, tiene la virtualidad necesaria para poder gobernar las relaciones jurídicas nacidas en circunstancias sociales diferentes a las que existían en tiempos de su sanción.
Nunca debemos olvidar -nos decía Marshall- que "es una constitución lo que estamos interpretando: una constitución está concedida para proyectarse hacia el porvenir, y, en consecuencia, para adaptarse a las distintas crisis de los asuntos humanos" (Mc. Culloch vs. Maryland, 17 U. S. 316, 1819).
Concordemente, en la causa "Poder Ejecutivo Nacional c. Buenos Aires, la Provincia", fallada el 30 de septiembre de 1963 y publicada en Fallos: 256:588 (La Ley, 116-227), esta Corte ratificó los postulados adoptados hacía casi tres décadas, puntualizando que no es adecuada una exégesis estática, referida a las circunstancias de la oportunidad de la sanción de la ley, particularmente en el ámbito de la interpretación constitucional y de las leyes de su inmediata reglamentación; pues, se agregó reiterando lo expresado en el precedente de Fallos: 172:29, "...nadie ignora después de Marshall, que se trata de normas destinadas a perdurar regulando la evolución de la vida nacional, a la que han de acompañar en la discreta y razonable intención de sus creadores. Las consecuencias contrarias genéricas más evidentes de este tipo de interpretación jurídica importarían la paralización de la acción gubernativa y del progreso de la República, comprometiendo la insatisfacción de las necesidades más ineludibles, incluso la defensa de la Nación. Tal intención no puede atribuirse a los constituyentes ni a los legisladores inmediatos porque no cabe imputarles, en la práctica de la interpretación judicial, imprevisión, como no cabe atribuirles injusticia, según lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corte...".
Por último, en autos "Fernández Orquin, José María c. Ripoll, Francisco", sentencia del 31 de mayo de 1966 registrada en Fallos: 264:416, el tribunal reiteró la inconveniencia de una interpretación estática de la Constitución Nacional, pues dificultaba la ordenada marcha y el adecuado progreso de la comunidad nacional que debe acompañar y promover la Ley Fundamental, recordando, en obvia vinculación con aquel principio, "...que el excesivo apego al tradicionalismo jurídico ha sido catalogado como uno de los más serios obstáculos al éxito de la promoción de la expansión económica y de la justicia social".

Chiodi, Carlos A. y otros v. Provincia de Salta y otro

2008-05-01T02:23:00.002-07:00

Tribunal: Corte Sup.
Fecha: 16/11/2004
Partes: Chiodi, Carlos A. y otros v. Provincia de Salta y otro

TÍTULOS - Bonos provinciales en moneda extranjera - Pesificación - Medidas cautelares

DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.-

Considerando: I. Carlos A. Chiodi, Sebastián P. Assisa, Juana M. L. Misa y Osvaldo J. Assisa, en su condición de tenedores de títulos de la consolidación de la deuda pública en dólares estadounidenses de la provincia de Salta -cuya emisión fue autorizada por la ley local 6669 (1) y reglamentada por los decretos provinciales 1020/1992 (2), 1021/1992 (3), 1573/1992 (4) y sus modificatorios- promueven la presente acción de amparo, con fundamento en el art. 43 CN. (5) y en la ley 16986 (6), contra la provincia de Salta y contra el Estado Nacional, a fin de obtener la declaración de invalidez, la inaplicabilidad al caso concreto y la inconstitucionalidad de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional 214/2002 (7) y 471/2002 (8).
Ello, en cuanto disponen la pesificación de todos los depósitos en divisa extranjera existentes en las entidades financieras y de toda la deuda pública nacional, provincial y municipal, vigente al 3/2/2002, a una relación de cambio de $ 1,40 por cada U$S 1, como así también la suspensión por ciento ochenta días de todos los procesos judiciales iniciados al respecto y los efectos de las sentencias y medidas cautelares que se dicten en ellos, lo cual lesiona, restringe, altera y amenaza, a su entender, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, sus derechos reconocidos en los arts. 1, 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 33, 42, 76, 99 y concs. CN., en varios tratados internacionales que cita y que tienen rango constitucional en virtud del art. 75 inc. 22 Ley Fundamental, en la ley nacional 25466 (9), que dispone la intangibilidad de los fondos, en la Ley de Defensa del Consumidor 24240 (10) y en los arts. 1137 y 1197 CCiv.
Manifiestan que lo expuesto implica que los títulos representativos de deuda pública provincial de su propiedad, emitidos en dólares estadounidenses, les serán devueltos, por aplicación de las normas nacionales impugnadas, en pesos devaluados y por un monto inferior al realmente adeudado, situación que les acarrea un gravísimo perjuicio patrimonial.
Por todo ello, solicitan la concesión de una medida cautelar de no innovar que suspenda los alcances de las normas atacadas y que, a su vez, ordene el pago de los cupones en mora de los títulos de su propiedad en la misma moneda y condiciones en que fueron pactadas originalmente, utilizándose para ello los recursos de coparticipación federal de impuestos de la provincia que fueron afectados en garantía de cumplimiento por el art. 5 ley provincial 6738.
En ese contexto, V.E. corre vista a este Ministerio Público a fs. 37.
II. Cabe recordar, en principio, que V.E. ha reconocido la posibilidad de que la acción de amparo, de manera general, tramite en esta instancia siempre que se verifiquen las hipótesis que surtan la competencia originaria, toda vez que de otro modo en tales ocasiones quedarían sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el art. 43 CN. y por la ley 16986 (Fallos 307:1379; 311:489 [11], 810 y 2154 [12]; 313:127; 320:1093; 322:190, 1387, 1514, 3122 y 3572; 323:2107 [13] y 3326, entre otros).
En su mérito, la cuestión radica en determinar si en autos se dan dichos requisitos.
De los términos de la demanda, a cuya exposición de los hechos se debe atender de modo principal para determinar la competencia (Fallos 306:1056 y 308:2230), se desprende que los actores dirigen su pretensión de amparo contra la provincia de Salta y contra el Estado Nacional, por lo cual corresponde examinar si ambos resultan sustancialmente demandados, es decir, si tienen en el pleito un interés directo de tal manera que la sentencia que se dicte les resulte obligatoria (Fallos 311:879 [14]; 312:1227 y 1457, entre otros).
Manifiestan que demandan al Estado Nacional puesto que ponen en tela de juicio actos que aplican disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo -los decretos 214/2002 y 471/2002 - por ser contrarias -a su entender- a otras normas nacionales de mayor jerarquía y a prescripciones de la Constitución Nacional.
Indican que se dirigen contra la provincia de Salta en tanto el sub lite versa sobre cupones impagos de títulos de consolidación de la deuda pública provincial emitidos por dicho Estado local, en virtud de la ley 6669, bonos que tienen un 20% del monto de los recursos de coparticipación afectados en garantía de cumplimiento, según la ley 6738 .
Por ello, entiendo que la única forma de conciliar lo preceptuado por el art. 117 CN. respecto de las provincias, con la prerrogativa jurisdiccional que le asiste a la Nación -o a una entidad nacional- al fuero federal, sobre la base de lo dispuesto en el art. 116 Ley Fundamental, es sustanciando la acción en esta instancia (Fallos 305:441; 308:2054 ; 311:489 y 2725; 312:389 y 1882; 313:98 y 551; 322:1043 y 2038; 323:702, 1110 y 3873, entre otros).
En tales condiciones, opino que la presenta acción de amparo corresponde a la competencia originaria de la Corte ratione personae.- Nicolás E. Becerra.
Buenos Aires, noviembre 16 de 2004.- Considerando: 1) Que a fs. 23/36 los actores, en su condición de tenedores de títulos de consolidación de la deuda pública en dólares estadounidenses de la provincia de Salta, promueven la presente acción de amparo contra ese Estado local y contra el Estado Nacional a fin de obtener la declaración de invalidez, inaplicabilidad al caso concreto e inconstitucionalidad de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional 214/2002 y 471/2002; ello, en cuanto disponen la pesificación de todos los depósitos en divisa extranjera existentes en las entidades financieras y de toda la deuda pública nacional, provincial y municipal a una relación de cambio $ 1,40 por cada dólar, como así también la suspensión por 180 días de todos los procesos judiciales iniciados al respecto y a los efectos de las sentencias y medidas cautelares que se dicten en ellos, lo cual lesiona, restringe, altera y amenaza, a su entender, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos constitucionales que enumeran.
Manifiestan que lo expuesto indica que los títulos representativos de deuda pública provincial de su propiedad, emitidos en dólares estadounidenses, les serán devueltos en pesos devaluados y por un monto inferior al realmente adeudado, con el perjuicio patrimonial resultante.
2) Que solicitan una medida cautelar de no innovar para que se suspendan los alcances de las normas atacadas y, a su vez, se ordene el pago de los cupones correspondientes a amortización e intereses de los títulos de su propiedad -tanto los devengados y no pagados como los que deban afrontarse en el futuro según los compromisos asumidos al emitirse los títulos públicos- en la misma moneda y condiciones en que fueron pactadas originalmente, utilizándose para ello los recursos de coparticipación federal de impuestos provinciales que fueron afectados en garantía de cumplimiento por el art. 5 ley provincial 6738. En su defecto, solicitan que se ordene depositar las sumas en una cuenta judicial a nombre de autos, o en cajas de seguridad en los respectivos bancos.
3) Que de conformidad con lo dictaminado por el procurador general, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en razón de brevedad, el presente juicio corresponde a la competencia originaria de esta Corte.
4) Que en primer término es preciso señalar que cuando por medio de una prohibición de innovar se pretende modificar el statu quo existente, esta Corte ha establecido que su admisibilidad reviste carácter excepcional (conf. arg. Fallos 315:96 [15]; 316:1833; 318:2431 [16]; 319:1069 [17]; 320:2697; 321:695; 323:4188). Es que en esos casos los recaudos de viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con especial prudencia, en tanto un pronunciamiento favorable altera el estado de hecho o de derecho existente al momento de su dictado y configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (Fallos 316:1833; 320:1633, entre muchos otros). De tal manera, acceder a la medida pedida constituiría un claro exceso jurisdiccional en esta etapa del proceso. Cabe advertir que su admisión tendría una incidencia directa en todos los títulos públicos emitidos por el Estado, en los cupones que por amortización e intereses se deban pagar en el futuro y en los ya devengados y no afrontados por el Estado provincial. No exige esfuerzo alguno concluir que su admisión en esta etapa del proceso, en la que se carece de todos los elementos necesarios para evaluar final y definitivamente si la situación de derecho existente debe ser modificada y volver a su estado anterior, produciría los mismos efectos que si se hiciese lugar a la demanda, y claro resulta que la finalidad de las medidas en examen es asegurar una eventual sentencia favorable, mas no ejecutarla anticipadamente (art. 232 CPCCN.).
Si bien es preciso reconocer que es de la esencia de las medidas precautorias de orden excepcional enfocar sus proyecciones -en tanto dure el litigio- sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, este tribunal ha tenido oportunidad de indicar que para que sean receptadas deben estar enderezadas a evitar la producción de situaciones que podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva (Fallos 320:1633), y ese presupuesto no se configura en el sub lite si se tiene en cuenta que al dictarse la sentencia definitiva si se hace lugar a la demanda se abrirá la vía de ejecución para que el actor vea satisfecho el derecho reconocido.
5) Que la necesidad de esa mayor prudencia, que deriva también de la presunción de validez de los actos de los poderes públicos y de la consideración del interés público en juego (arg. Fallos 319:1069), se impone con mayor nitidez en el caso en examen, en atención al delicado tema sometido a la consideración de la Corte, el que exige de parte del tribunal que adopte una única decisión cuando dicte la sentencia definitiva. Lo contrario en las actuales circunstancias económico-financieras, es decir, un pronunciamiento final que no condiga con la cautelar admitida o rechazada, incidiría negativamente en aquel interés público, ya seriamente afectado. Por lo demás, y cabe la repetición, no se configura la imposibilidad de reparación que en su caso haría insoslayable el abandono de los parámetros considerados para denegar el requerimiento.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el procurador general, se resuelve: I. Declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria de la Corte; II. Requerir el informe circunstanciado establecido en el art. 8 ley 16986 al Estado Nacional y a la provincia de Salta, el que deberá ser contestado en el plazo de diez días más ocho que se fijan en razón de la distancia respecto del Estado local; III. Rechazar la medida cautelar pedida. Notifíquese por oficio a la Nación y al gobernador y fiscal de Estado provinciales a través del juez federal de la ciudad de Salta.- Enrique S. Petracchi.- Augusto C. Belluscio.- Carlos S. Fayt.- Eugenio R. Zaffaroni.- Elena I. Highton de Nolasco.

Chiclana, Coop. de Crédito Ltda. c. Laphitz, Hugo M. y otro s/ Ejecutivo

2008-05-01T02:23:00.001-07:00

Chiclana, Coop. de Crédito Ltda. c. Laphitz, Hugo M. y otro s/ Ejecutivo.

Buenos Aires, febrero 29 de 1980.
El doctor Williams dijo:
I Sin perjuicio de adelantar mi voto afirmativo en el presente plenario creo necesario formular dos acotaciones previas.
La primera está referida a la circunstancia de que en estos autos la parte actora aceptó, a fs. 37 vta., que era mera tenedora del pagaré lo cual significa el reconocimiento expreso de la falta de legitimación activa necesaria para la procedencia del requerimiento del pago del deudor y la ulterior promoción de la acción.
En segundo lugar, poner de resalto que al fallo de esta sala recaído en los autos "Bersances, Oscar L. c. Mallino. Juan C." de fecha 1 de octubre de 1977 estaba referido a la legitimación de quien promovía el juicio fundado en una "letra de cooperativa" cuyo régimen jurídico difiere sustancialmente con la regulación legal del pagaré ya que aquél fue establecido mediante las circulares I. F. 378 y 396 del 12 de abril y 15 de junio de 1973, respectivamente, emanadas del Banco Central de la República Argentina.
En su momento hice presente mi disidencia acerca del reconocimiento como letra de cambio a la "letra de cambio de cooperativa" ("Martorani, Felipe c. Bonari, Hugo s/ejecutivo" con sentencia del 14 de junio de 1977 y Williams, Jorge N. y Arévalo, Horacio J., "Régimen de emisión de documentos" en Revista Asesoría Legal de la Biblioteca Jurídica del Banco de la Nación Argentina, núm. 32, año 1975, p. 6).
Si bien también en esa oportunidad me pronuncié por la revocación de la sentencia lo hice dejando a salvo mi opinión personal y teniendo en consideración y de que todas las salas de este tribunal, en su actual composición, se habían pronunciado en el sentido de admitir la validez como letra de cambio a los referidos títulos (Conf. "Minnessota 3M Argentina, S. A. c. Frittoli, Ulrico C." del 31/3/77).
En cuanto a los pronunciamientos de esta sala (entre otros, en los autos "Singerman de Freyre, Claudio L. c. Zadicoff, Fernando s/ ejecutivo" del 25/9/78: "Smeckin, Carlos c. Promut, S. A. y otros s/ ejecutivo" y "Pelosio, Horacio L. c. Gómez, Aroldo L. s/ ejecutivo" con sentencia del 30/II/76) en los cuales se rechazó la legitimación del accionante en base a "transmisiones invisibles" no registradas en la "letra de cambio de cooperativa", encuentran sustento en la asimilación que, con relación al cheque, significa el régimen jurídico impuesto por las citadas circulares I. F. 378 e I. F. 396.
II Distinta resulta la situación en la letra de cambio y el pagaré que ostentan una cadena ininterrumpida de endosos con el último endoso en blanco por cuanto en estos títulos no existe norma legal alguna que imponga, ni puede imponer dada su naturaleza, el depósito del título en una entidad financiera a los efectos de su cobro como acontece en la "letra de cambio de cooperativa", y en el cheque. Por tanto el portador que posee y exhibe, en el caso de autos un pagaré, que ha llegado a sus manos mediante una cadena ininterrumpida de endosos y se identifica, debe ser considerado como portador legítimo y está habilitado para promover la demanda ejecutiva ya que se cumplen a su respecto los recaudos necesarios que hacen a la legitimación activa de un título a la orden (Williams, Jorge N. "Títulos de crédito", t. 1, ps. 125 y siguientes).
Lo expresado precedentemente me lleva a votar por la afirmación.
El doctor Alberti dijo:
Adhiero al voto de S. E. el juez Williams, en cuanto precisa que un portador, en posesión del instrumento cambiario (pagaré, en el caso), que ostenta una cadena ininterrumpida de endosos de los cuales el último está extendido "en blanco" (art. 14, párr. 2°, dec.ley 5965/63), aparece así formalmente legitimado para perseguirlo en justicia.
Paréceme innecesario abundar en lo explicado por el distinguido magistrado preopinante. Añado tan sólo que el requisito de declarar la propia identidad que el voto de mi colega menciona, queda implícitamente cumplido pues todo sujeto que acciona ante los tribunales se identifica al formular sus peticiones.
El doctor Bosch dijo:
Adhiero a la solución propiciada por mis distinguidos colegas preopinantes en el sentido de ser portador legítimo de una cambial endosada en blanco, quien acciona en juicio aun cuando no figure en la cadena de endosos. Destaco en cuanto a lo opinado por el doctor Williams: Que no veo razón para distinguir, a estos efectos, al pagaré de la letra de cambio así se trate de una denominada "letra de cambio de cooperativa". La circunstancia de que estas últimas hayan sido sometidas al control del Banco Central a tenor de las circulares I. F. 378 e I. F. 396 no previene acerca de su condición jurídica, ni siquiera respecto al aceptante (en tal caso la cooperativa), por lo que mal pueden exigencias propias del control administrativo acrecentar exigencias no previstas en la ley.
El doctor Barrancos y Vedia dijo:
El tema de este plenario ha quedado concretado en determinar "si la tenedora de pagarés endosados en blanco que no figura en la respectiva cadena de endosos está legitimada para demandar ejecutivamente a todos los firmantes del documentolibrador y endosantes".
La solución expresa afirmativa resulta categóricamente de numerosos pronunciamientos de la sala A de que formo parte, entre ellos, el que obra en este expediente a fs. 60 y los allí citados. Si se cumplen los requisitos formales indicados en el art. 14, 2° párr., del dec.ley 5965/63, el tenedor del pagaré que así recibió el documento, está legitimado para accionar cambiariamente (conf. art. 15, inc. 3°; art. 17 y art. 103, dec.ley 5965/63).
En consecuencia, dejo expresado mi voto por la afirmativa.
Los doctores Jarazo Veiras y Efcheverry, se adhirieron al voto anterior.
El doctor Morandi dijo:
Por el alcance que surge del voto de mi distinguido colega de Cámara doctor Alberti, adhiero a la conclusión a que arriba el juez de este cuerpo doctor Williams y, por tanto, voto por la afirmativa en cuanto al asunto que ha dado lugar al llamado a plenario en estas actuaciones.
El doctor Patuel dijo:
Adhiero al voto del doctor Barrancos y Vedia atento a la normativa legal que se invoca y los fundamentos expresados en la jurisprudencia allí citada que afirman la legitimidad del tenedor de un pagaré endosado en blanco para demandar ejecutivamente al librador y endosantes del documento.
Queda así expresado mi voto afirmativo frente a la cuestión propuesta.
El doctor Quintana Terán dijo:
Adhiero al voto del doctor Barrancos y Vedia, en orden a los fundamentos que surgen de los precedentes a los cuales se remite; y hago también mía por compartirla la aclaración formulada por el doctor Alberti en lo que concierne a la forma en que puede quedar cumplido el requisito expresamente señalado por el doctor Williams de declarar la identidad del portador del pagaré.
El doctor Quinterno dijo:
Adhiero a los votos precedentes, al pronunciarse a la afirmativa a la cuestión propuesta en el presente plenario. Por otra parte, señalo que tal ha sido la solución consagrada por la sala que integro en numerosos fallos, lo que excusa su cita en detalle.
El doctor Anaya dijo:
En los estrictos límites que se han fijado para el tema de este plenario, circunscribiré el alcance de mi voto por la afirmativa.
Los fundamentos que se exponen en la resolución de la sala A contra la que se dedujo recurso de inaplicabilidad de ley, así como los que en este Acuerdo informan el voto del doctor Barrancos y Vedia, son coincidentes con los que sustentan reiterados pronunciamientos de la sala C, que integro (24/2/72, "Ramírez, Luis E. c. Arfori, Norma y otro": 15/6/78, "Braiso, Ernesto c. Aguado, José E.": 21/7/78, "Mazri, Natalio c. Zambelli, Gabriel", etc.). En atención a ello y a la coincidente solución a que arriban los jueces que me preceden en la votación, entiendo innecesario explayarme en argumentos que caerían irremisiblemente en una prescindible reiteración. Por lo que, remitiéndome a los que fundan los ya citados precedentes de la sala C, adhiero al voto del doctor Barrancos y Vedia.
Por los fundamentos del acuerdo que precede se resuelve: que la tenedora de pagarés endosantes en blanco que no figura en la respectiva cadena de endosos está legitimada para demandar ejecutivamente a todos los firmantes del documento librador y endosantes Se desestima el recurso deducido a fs. 64. Héctor A. R. Patuel. Edgardo M. Alberti. Raúl A. Etcheverry. Juan C. F. Morandi. Fernando N. Barrancos y Vedia. Manuel Jarazo Veiras. Jorge N. Williams. Eduardo Martiré. Juan C. Quintana Terán. Jaime L. Anaya. Francisco M. Bosch. Julio A. Quinterno. (Sec.: Luis H. Díaz).

Chiara Díaz, Carlos A. v. Estado provincial

2008-05-01T02:22:00.002-07:00

Tribunal:Corte Sup.
Fecha:07/03/2006
Partes:Chiara Díaz, Carlos A. v. Estado provincial
JUECES ‑ Remuneración ‑ Intangibilidad ‑ Magistrados provinciales ‑ Actualización monetaria

DICTAMEN DEL PROCURADOR FISCAL SUBROGANTE.‑ Considerando: I. A fs. 256/290, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos ‑al resolver la apelación concedida con efecto devolutivo al fiscal de Estado provincial‑ confirmó, parcialmente, el fallo de la instancia anterior (fs. 23/25), en cuanto hizo lugar a la ejecución impetrada y ordenó librar mandamiento para el pago de los haberes correspondientes a diciembre de 2002 y al 50% del sueldo anual complementario, mientras la revocó, en tanto ajustó dichos emolumentos según lo previsto en las leyes provinciales 8069 (1) y 8654 (2).

Con relación al punto que confirmó, sostuvo que el Estado provincial había postergado reiterada y manifiestamente el pago de una obligación legal, de naturaleza alimentaria.

Respecto a la actualización, aseveró que los mecanismos tendientes a aplicarla sobre los haberes de los miembros del Poder Judicial de la provincia, se encontraban suspendidos por la ley 25561 (3), de emergencia pública, dictada por el Congreso de la Nación en ejercicio de atribuciones que le son propias y que debía prevalecer sobre la legislación provincial que se le opusiese.

Además, adujo que un debilitamiento en el valor intrínseco de las remuneraciones judiciales, no basta para ‑en momentos de penuria general‑ acordar preferencia a un régimen que, respecto de los restantes sectores, importe establecer un trato desigual, cuando debe privar la participación de todos en la necesidad común.

II. Disconforme, la actora interpuso el recurso extraordinario de fs. 301/313, que ‑concedido a fs. 392/394‑ trae el asunto a conocimiento de V.E.

III. Ante todo, cabe recordar que V.E. ha señalado, en forma reiterada, que sus sentencias deben ajustarse a las circunstancias existentes en el momento en que se dictan (doctrina de Fallos 311:787 ; 322:678 [4] y 324:3948 ) y, además, ha sostenido que lo demandado carece de objeto actual cuando las nuevas condiciones tornan inútil la resolución pendiente y la transforman en inoficiosa.

Esto es lo que acontece en el sub lite, toda vez que el objetivo perseguido mediante la acción entablada fue alcanzado cuando el Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos dictó el decreto 15/2004 GOB (B.O. provincial del 5/1/2004), en el que dispuso: "Art. 1 . Decláranse de legítimo abono e incorporadas al patrimonio de los actores, todas las sumas pagadas como consecuencia de las sentencias de primera instancia recaídas en las acciones de amparo enumeradas en el Anexo I del presente. Art. 2 . Instrúyese al fiscal para desistir de los recursos deducidos en las actuaciones referidas en el artículo anterior y allanarse a las recurridas por la parte actora. Art. 3 . Dispónese la liquidación a los actores en los juicios planillados en el Anexo I del presente de los haberes correspondientes al mes de diciembre de 2003 y al SAC. 2º semestre de 2003, sobre la base de los valores resultantes de la aplicación de las leyes 8069 y 8654 . Art. 4 . El presente decreto tendrá vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial..." (énfasis agregado).

Así las cosas, más allá de las afirmaciones del fiscal de Estado ‑al ser requerido a expedirse por el Superior Tribunal de la Provincia "... a efectos de evitar mayores dispendios jurisdiccionales..." (conf. fs. 390)‑, tengo para mí que, en autos, se ha producido un allanamiento expreso ‑obsérvese, en tal sentido que, entre las causas enumeradas en el Anexo I del decreto citado supra, esta la presente ‑"Chiara Díaz, Carlos A. v. Est. prov. s/acción de ejecución" (fs. 3, primera columna, B.O. provincial del 5/1/2004)‑ razón por la cual resulta inoficioso que V.E. se pronuncie sobre el fondo de la cuestión discutida.

No obstante ello, toda vez que de así resolverse quedaría firme una parte de la sentencia que no se compadece con el allanamiento aludido, entiendo que es aplicable al caso lo declarado por V.E. en torno a que "Median aquí, en efecto, circunstancias que imponen aplicar el criterio con arreglo al cual, aun cuando no exista interés de las partes que sustente la intervención del tribunal para resolver las cuestiones litigiosas, éste conserva la jurisdicción necesaria para evitar que la subsistencia del pronunciamiento apelado cause al recurrente un gravamen no justificado por la manera en que haya quedado limitada la relación procesal."; especiales circunstancias que "... si bien no quedaba materia de controversia... llevaron a la Corte a revocar la sentencia recurrida aunque no fuese oficioso pronunciarse sobre el acierto de ésta..."; para lo cual V.E. tuvo en consideración, además, que "... el tribunal debe proveer, en el marco de las atribuciones conferidas por el art. 16 parte 2ª ley 48 (5), a la ordenada terminación del proceso" (doctrina de Fallos 307:2061 , entre otros).

Por tanto, en mi opinión, corresponde que V.E. declare inoficioso el pronunciamiento del tribunal sobre las cuestiones planteadas en el recurso extraordinario de fs. 301/313, sin perjuicio de revocar ‑parcialmente‑ la sentencia apelada, en cuanto no hizo lugar al ajuste de haberes conforme a lo dispuesto en las leyes provinciales 8069 y 8654 .‑ Ricardo O. Bausset.

Buenos Aires, marzo 7 de 2006.‑ Considerando: 1) Que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, integrado por conjueces, confirmó parcialmente la sentencia que había admitido la demanda de ejecución promovida a tenor del art. 25 y ss. ley 8369 (6) por tres magistrados provinciales el 7/1/2003. En consecuencia, mantuvo lo resuelto por el juez de primera instancia en cuanto a que la provincia demandada debía pagar las remuneraciones de los actores correspondientes a diciembre de 2002 y la mitad del sueldo anual complementario en dinero efectivo y sin las postergaciones introducidas en los decretos de emergencia cuestionados en la demanda. No obstante, revocó ese pronunciamiento en la medida en que en él se había dispuesto que los sueldos reclamados debían ser actualizados por aplicación del régimen de indexación de las remuneraciones de los magistrados previsto en las leyes 8069 y 8654 , que prevén la aplicación del índice de precios al consumidor, en su nivel general. Contra esta decisión, los demandantes interpusieron el recurso extraordinario concedido a fs. 392/394.

2) Que, como fundamento, la Corte local descartó, en primer lugar, lo alegado por los interesados en el sentido de que la cuestión debatida se había tornado abstracta. Los actores sostuvieron dicha afirmación señalando que, en ejercicio de sus facultades de superintendencia, el Superior Tribunal había celebrado el acuerdo general de ministros 22/2003 del 8/7/2003 (cuya copia está agregada a fs. 217/219) en el cual había reconocido que los magistrados provinciales tenían derecho al pago de los haberes reclamados, actualizados de conformidad con el régimen de las leyes citadas, y había autorizado el pago de las diferencias correspondientes, declarando legítimamente abonadas las remuneraciones pagadas por la provincia en cumplimiento de las sentencias condenatorias dictadas en los múltiples procesos de ejecución y de amparo promovidos por los magistrados provinciales incluidos los demandantes.

Sobre el particular, uno de los conjueces señaló que dicho acuerdo general carecía de valor porque había sido firmado por los mismos magistrados del Tribunal Superior que habían interpuesto la demanda que dio origen a este pleito, es decir, por los jueces Chiara Díaz, Carubia y Carlomagno (conf. fs. 278 vta.). Por otra parte, la mayoría de los conjueces coincidió en que los pagos efectuados por la provincia en cumplimiento de las sentencias condenatorias no habían sido voluntarios sino forzosos, de modo que no cabía atribuirles el efecto pretendido por los demandantes.

Con relación al fondo de la cuestión, la Corte local destacó que el régimen de indexación previsto en las leyes provinciales 8069 y 8654 carecía de validez porque desconoce la prohibición general de utilizar mecanismos de actualización monetaria establecida en las leyes federales 23928 (7) y 25561 . En tal sentido expresó que la garantía de la inamovilidad de los sueldos de los jueces consagrada en el art. 156 Const. prov. de Entre Ríos (8) no comporta un privilegio que ponga a los magistrados locales a salvo de cualquier hipótesis de reducción del poder adquisitivo de sus haberes, tal como lo decidió esta Corte en el caso de Fallos 324:3219 (9). Dijo además que la doctrina de Fallos 307:2174 , que inspiró la sanción de los regímenes de actualización periódica de las remuneraciones de los jueces previstos en las leyes provinciales 8069 y 8654 , resultaba inaplicable al caso pues el contexto de la realidad económica actual difiere radicalmente del imperante al tiempo del dictado de ese precedente. Sobre el particular, aclaró que en el marco de una economía cuyos precios y salarios se hallan sujetos a cláusulas de actualización monetaria la omisión de indexar de modo suficiente la remuneración de los jueces equivale a disminuirla respecto de las restantes. A lo que agregó que, inversamente, en el marco de una economía en la que tales cláusulas se hallan expresamente prohibidas con el propósito de prevenir el retorno de altas tasas de inflación, dicha omisión no significa otra cosa que el riguroso cumplimiento de un imperativo legal al que, por lo demás, se halla sujeta la generalidad de la población y respecto del que la cláusula contenida en el art. 156 Const. prov. no eximía a los jueces locales (conf. fs. 274 vta./276).

4) Que los recurrentes solicitaron al Superior Tribunal que tuviera a la demandada por "allanada" a las pretensiones de su parte (conf. fs. 388 y 399). Fundaron esa petición en que, mediante el decreto provincial 15/2004 , posterior al fallo recurrido, el gobernador de la Provincia de Entre Ríos declaró legítimamente abonadas las sumas de dinero reclamadas por los jueces en las múltiples demandas de amparo y ejecución deducidas con motivo en los mismos hechos que dieron lugar a la presente causa, inclusive las sumas depositadas en ésta. Al mismo tiempo, el gobernador autorizó al fiscal de Estado de esa provincia a desistir de todos los recursos interpuestos contra las respectivas sentencias condenatorias, así como a allanarse a las impugnaciones planteadas por los jueces demandantes contra las sentencias que les hubieran resultado desfavorables.

A fs. 416/420 los interesados adjuntaron la copia del decreto referido y reiteraron al tribunal su petición de que se declare que la demandada se ha allanado a las pretensiones de su parte.

5) Que el texto del decreto 15/2004 evidencia que, contrariamente a lo alegado por los recurrentes, dicho acto no significó un reconocimiento de los derechos invocados en la demanda. Además, tal como resulta de la presentación de fs. 390/390 vta., el fiscal de Estado tampoco desistió de recurso alguno ni se allanó a los términos del recurso extraordinario federal interpuesto por los actores.

En efecto, en el texto del decreto provincial citado se prescribe que, a fin de evitar los mayores costos y costas que eventualmente podía haber traído aparejado un pronunciamiento final de tenor similar al dictado por esta Corte (en su anterior composición) en Fallos 315:2386 (10), tornaba conveniente declarar legítimamente abonadas todas las sumas pagadas por la provincia en virtud de las sentencias condenatorias dictadas contra la provincia en los respectivos procesos de ejecución promovidos por los jueces locales. Asimismo, en el decreto se declaró que tales cantidades de dinero quedarían incorporadas al patrimonio de cada uno de los demandantes. Simultáneamente, se autorizó al fiscal de Estado a desistir de los recursos pendientes y allanarse a las pretensiones de los demandantes.

No es posible extraer de tales manifestaciones de voluntad de las autoridades provinciales el pretendido reconocimiento del derecho de los actores a percibir la actualización monetaria reclamada por ellos en los términos de las leyes 8069 y 8654 . Ello es así pues una cosa es declarar que las cantidades reclamadas y percibidas por los demandantes han quedado incorporadas a sus patrimonios (lo cual equivale, de facto, a una recomposición salarial), y otra muy distinta es admitir la validez del régimen de actualización monetaria periódica y automática de las remuneraciones de los jueces previsto en las leyes cuya validez fue controvertida.

Respecto de este último punto, cabe advertir que al contestar el recurso extraordinario federal el fiscal de Estado sostuvo que la denominada garantía de la "intangibilidad" de los sueldos judiciales no constituye un privilegio e invocó el precedente de Fallos 324:3219 ; todo ello en línea con lo manifestado al contestar la demanda citando la doctrina del caso "Atkins", en el que la Court of Claims ‑en decisión confirmada por la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica, conf. 214 Ct. Cl. 186 y 434 US. 1009‑ destacó que el Congreso contaba con atribuciones suficientes para disponer la actualización de los sueldos de los jueces o para negarse a hacerlo, según su sana discreción y siempre que la ausencia de actualización no resultara de la intención de discriminar contra ellos.

6) Que, por lo precedentemente expuesto y, tal como se ha dicho, los pagos efectuados por la provincia al amparo del decreto 15/2004 no significaron, entonces, un reconocimiento tácito del derecho de los demandantes a la actualización monetaria. Por otra parte, la conducta posterior del representante de la provincia en juicio tampoco implicó aceptar la pretensión de los actores respecto de la aplicación de las leyes 8069 y 8654 (conf., mutatis mutandi, causa "Masciotta, José y otros" ‑Fallos 327:2932‑). Por lo demás, no es exacto que la cuestión relativa a la procedencia de actualizar las remuneraciones judiciales conforme al régimen de las leyes 8069 y 8654 se haya tornado abstracta, ya que no se ha disipado el interés de las partes en obtener una declaración de certeza respecto de la existencia o inexistencia de los derechos respectivamente invocados.

7) Que el recurso extraordinario es formalmente admisible, toda vez que en la especie cabe hacer excepción a la regla según la cual el remedio federal es improcedente si no media resolución contraria al derecho federal invocado (Fallos 310:959 [11], voto del Dr. Petracchi). Ello es así porque, al agraviarse de lo resuelto por la Corte local, los demandantes sostienen que el régimen de actualización de las remuneraciones judiciales establecido en las leyes 8069 y 8654 "hace a la esencia de la independencia de los jueces" y constituye parte fundamental del principio de separación de los poderes, que las instituciones de la provincia deben asegurar por imperio de lo dispuesto en los arts. 5 y 123 CN. (12). En consecuencia, el asunto controvertido está íntimamente vinculado con la interpretación de las cláusulas de la Constitución federal referentes al modo en que se deben estructurar los tres poderes en los Estados de la Confederación Argentina.

8) Que la prohibición de reducir las remuneraciones de los jueces mientras duren en sus funciones, consagrada en el art. 156 Const. prov. Entre Ríos, así como la regla fijada por el art. 110 CN. respecto de los jueces nacionales, tienen por objeto garantizar la independencia e imparcialidad de la justicia en cuanto poder del Estado. En ausencia de ella, no hay Estado republicano. La cláusula constitucional examinada constituye un mandato dirigido a los otros dos poderes del Estado y les impone abstenerse de dictar o ejecutar acto alguno que implique reducir la remuneración de los jueces, pero no instituye un privilegio que los ponga a salvo de toda y cualquier circunstancia que redunde en una pérdida del poder adquisitivo de sus haberes. La finalidad de dicha cláusula constitucional es prevenir ataques financieros de los otros poderes sobre la independencia del judicial, pero no protege a la compensación de los jueces de las disminuciones que indirectamente pudieran proceder de circunstancias como la inflación u otras derivadas de la situación económica general, en tanto no signifiquen un asalto a la independencia de la justicia por ser generales e indiscriminadamente toleradas por el público (causa "Clyde Atkins v. The United States"; 214 Ct. Cl. 186; cert. denied 434 US. 1009). Como se dijo al respecto, la cláusula referida no establece una prohibición absoluta sobre toda la legislación que concebiblemente pueda tener un efecto adverso sobre la remuneración de los jueces, pues la Constitución delegó en el Congreso la discreción de fijarlas y por necesidad puso fe en la integridad y sano juicio de los representantes electos para incrementarlas cuando las cambiantes circunstancias lo demanden ("United States v. Will", 449 US. 200, ‑Year 2‑).

9) Que de los principios expuestos se deduce sin esfuerzo que el Superior Tribunal, al interpretar que el art. 156 Const. prov. es plenamente compatible con la prohibición general de aplicar mecanismos de actualización automática prevista en las leyes 23928 y 25561 , no ha violentado la independencia de la justicia local ni ha desconocido el mandato de organizarse bajo los principios de un Estado republicano. Antes bien, le ha otorgado a la garantía constitucional referida su justo alcance al aclarar que ella no instituye un privilegio en favor de los magistrados que los ponga a salvo de cualquier viento que sople.

10) Que, sobre el particular, es menester destacar que es exacto lo sostenido en el pronunciamiento recurrido respecto de que en el contexto de una economía "indexada", en la que la generalidad de los precios y salarios se actualiza periódicamente de manera automática, la omisión de reajustar las remuneraciones de los jueces equivale en la práctica a disminuirlas. De la misma manera, actualizar únicamente los haberes judiciales, exceptuándolos de la prohibición general vigente en la materia, equivaldría no a mantenerlas sino a incrementarlas respecto de las retribuciones que perciben los restantes asalariados. Al mismo tiempo, significaría traicionar el objetivo antiinflacionario que se proponen alcanzar las leyes federales mencionadas mediante la prohibición genérica de la "indexación", medida de política económica cuyo acierto no compete a la esta Corte evaluar.

11) Que, en efecto, la prohibición de indexar impuesta en las leyes federales aludidas procura evitar que el alza de los precios relativos correspondientes a cada uno de los sectores de la economía, al reflejarse de manera inmediata en el índice general utilizado al mismo tiempo como referencia para reajustar los precios y salarios de cada uno de los demás sectores, contribuya de manera inercial a acelerar las alzas generalizadas de precios. Por tal motivo, la recomposición de la pérdida del valor adquisitivo ha de darse sector por sector y caso por caso. Como se dijo, la ventaja, acierto o desacierto de dicha medida legislativa escapa al control de constitucionalidad pues la conveniencia del criterio elegido por el legislador no está sujeta a revisión judicial, salvo que sea arbitrario o irrazonable, extremo no alegado ni demostrado en el caso (Fallos 224:810 [13]; 300:642 [14] y 700 ; 306:655 [15], entre muchos otros).

Por ello, oído el procurador fiscal subrogante, se declara admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Con costas. Notifíquese y, oportunamente, remítanse los autos.‑ Enrique S. Petracchi.‑ Juan C. Maqueda. Según su voto: E. Raúl Zaffaroni.‑ Ricardo L. Lorenzetti.‑ Elena I. Highton de Nolasco. En disidencia: Carlos S. Fayt.‑ Carmen M. Argibay.

VOTO DE LOS DRES. ZAFFARONI Y LORENZETTI.‑ Considerando: 1) Que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, integrado por conjueces, confirmó parcialmente la sentencia que había admitido la demanda de ejecución promovida con fundamento en el art. 25 ley 8369 por tres magistrados provinciales el 7/1/2003. En consecuencia, mantuvo lo resuelto por el juez de primera instancia en cuanto a que la provincia demandada debía pagar a los actores las remuneraciones correspondientes a diciembre de 2002 y la mitad del sueldo anual complementario en dinero en efectivo y sin las postergaciones introducidas en los decretos de emergencia cuestionados en la demanda. No obstante, revocó ese pronunciamiento en la medida en que en él se había dispuesto que los sueldos reclamados debían ser actualizados por aplicación del régimen de indexación de las remuneraciones de los magistrados contemplado en las leyes 8069 y 8654 , que prevén la aplicación del índice de precios al consumidor, en su nivel general. Contra esta decisión los demandantes interpusieron recurso extraordinario que fue concedido (fs. 392/394).

2) Que para así decidir, el Superior Tribunal local descartó, en primer término, lo alegado por los interesados en cuanto a que la cuestión debatida se había tornado abstracta. En este sentido, señaló que el acuerdo general de ministros 22/2003 celebrado por ese tribunal (cuya copia está agregada a fs. 217/219) ‑en el cual se habían reconocido los reclamos de los actores‑ carecía de valor en tanto había sido firmado por los mismos magistrados de dicho tribunal que habían interpuesto la demanda que dio origen al pleito, es decir, por los jueces Chiara Díaz, Carubia y Carlomagno (conf. fs. 278 vta.) Asimismo, la mayoría de los conjueces coincidió en que los pagos efectuados por la provincia en cumplimiento de las sentencias condenatorias no habían sido voluntarios sino forzosos, de modo que no cabía atribuirles el efecto pretendido por los demandantes. Respecto del fondo de la cuestión, la Corte local destacó que el régimen de indexación previsto en las leyes provinciales 8069 y 8654 carecía de validez en tanto desconoce la prohibición general de utilizar procedimientos de actualización monetaria periódica y automática contenida en las leyes federales 23928 y 25561 .

3) Que los recurrentes solicitaron al Superior Tribunal local que tuviera a la demandada por "allanada" a las pretensiones de su parte (conf. fs. 388 y 399). Fundaron esta petición en que mediante el decreto provincial 15/2004 , posterior al fallo recurrido, el gobernador de la provincia de Entre Ríos declaró legítimamente abonadas las sumas de dinero reclamadas por los jueces en las múltiples demandas de amparo y ejecución deducidas con motivo de los mismos hechos que dieron lugar a la presente causa, inclusive las sumas depositadas en ésta. A su vez, en dicho decreto ‑complementado por el 799/2004 ‑ el gobernador autorizó al fiscal de Estado de esa provincia a desistir de todos los recursos interpuestos contra las respectivas sentencias condenatorias, así como a allanarse a las impugnaciones planteadas por los jueces demandantes contra las sentencias que les hubieran resultado desfavorables.

A fs. 416/420 los interesados adjuntaron la copia de los decretos referidos y reiteraron su petición de que se declare que la demandada se ha allanado a las pretensiones de su parte.

4) Que el recurso extraordinario es formalmente admisible, toda vez que al agraviarse de lo resuelto por la Corte local, los demandantes sostienen que el régimen de actualización de las remuneraciones judiciales establecido en las leyes 8069 y 8654 "hace a la esencia de la independencia de los jueces" y constituye parte fundamental del principio de separación de los poderes, que las instituciones de la provincia deben asegurar por imperio de lo dispuesto en los arts. 5 y 123 CN. En consecuencia, el asunto controvertido está directamente conectado con la interpretación de cláusulas de la Carta Magna referentes al modo en que se deben estructurar los tres poderes en las provincias que integran nuestro Estado federal.

5) Que existe interés jurídico en el dictado de una sentencia en esta causa.

Para decidir este aspecto corresponde distinguir el allanamiento, que produce efectos procesales, del reconocimiento obligacional, que incide sobre la relación jurídica que motiva el pleito. Respecto del primero, la demandada no ha presentado ningún escrito de allanamiento e incluso ha impulsado la continuación de este pleito, de modo que no puede admitirse el argumento de los actores en cuanto a la extinción del proceso. En relación con la pretensión sustancial, si bien se ha entregado una suma de dinero a los acreedores con fundamento legal en los decretos mencionados, no se ha configurado un pago con todos los elementos típicos y aptos para tener el efecto de reconocimiento de la obligación (art. 718 CCiv.), ya que no se admitió la causa. En el presente caso, se producen los efectos liberatorios, confirmatorios y extintivos por ausencia de reserva por parte del acreedor sin derecho a restitución alguna en los términos del art. 784 y concs. CCiv., pero no los del reconocimiento por falta de admisión del estado pleno de obligado, respecto de la causa. Por otra parte, encontrándose en discusión la extensión de la garantía de intangibilidad referida, el interés del caso no es sólo personal, sino funcional e institucional, existiendo obligación de pronunciarse al respecto.

6) Que la intangibilidad de los sueldos de los jueces, prevista en el art. 110 CN., es una garantía institucional.

Esta Corte ha dicho, reiteradamente, que su respeto es fundamental para la independencia del Poder Judicial y para la forma republicana de gobierno. Por ello es que esa norma no consagra un privilegio ni un beneficio exclusivo de carácter personal o patrimonial de los magistrados, sino el resguardo del equilibrio tripartito de los poderes del Estado (Fallos 176:73 [16]; 247:495 ; 254:184 ; 307:2174 [17]; 308:1932 [18], 313:344 [19]; 314:760 y 881 [20] y 322:752 [21]). También ha señalado el tribunal que la intangibilidad de los sueldos es un seguro de su independencia efectiva que beneficia a la misma sociedad en tanto tiende a preservar la estricta vigencia del Estado de Derecho y el sistema republicano de gobierno (Fallos 176:73 ; 313:1371 ; 314:760 y 881 y 315:2386 [22], entre otros), y que la referida intangibilidad es garantía de la independencia del Poder Judicial, de forma que cabe considerarla, juntamente con la inamovilidad, como garantía de funcionamiento de un poder del Estado (Fallos 307:2174 ; 308:1059, 1932 ; 313:344 , 314:881 ; 315:2386 ; 316:2379 y 319:1352 [23]).

7) Que la garantía de intangibilidad de las compensaciones que reciben los jueces, en su aspecto institucional, es una característica constitucional del Estado de Derecho que trasciende las decisiones que pudiera adoptar una mayoría circunstancial.

Los padres de la Constitución pensaron que los jueces eran el último baluarte en la defensa de los derechos del ciudadano común y que debían ser independientes de toda influencia que otros poderes políticos o económicos pudieran ejercer sobre ellos. La historia les había enseñado que siempre habría quien cedería a la tentación de modificar esas reglas y por ello redactaron una norma que no puede ser derogada por mayorías transitorias. La intención fue legar un verdadero Estado de Derecho para las generaciones que los sucederían. Por ello es que la grandeza de estos propósitos no puede ser reducida mediante una interpretación que presente a estos reclamos como un conflicto salarial o un privilegio de unos pocos, intolerable para el resto de los ciudadanos.

Quienes han sido encomendados por el pueblo para ocuparse transitoriamente de los asuntos de la administración del Estado, deben realizar una lectura madura y razonable de esta disposición constitucional que obliga a los demás poderes a proteger las instituciones, con toda la utilidad que ello trae para la totalidad de los ciudadanos que habitan este país y las generaciones futuras.

Lo afirmado precedentemente no significa que los derechos subjetivos basados en la citada norma deban ser ejercidos de modo irrazonable, ya que todo derecho tiene su límite. En este sentido esta Corte ha fijado esa frontera en el valor de la solidaridad, ya que ha afirmado, reiteradamente, que los jueces deben ser solidarios con el resto de la población (Fallos 308:1932 ; 313:1371 y 314:760) y que la intangibilidad no puede ser interpretada de modo absoluto, de manera que termine consagrando un privilegio.

8) Que el art. 110 CN., al señalar que la compensación que reciben los jueces "no podrá ser disminuida en manera alguna", utiliza un concepto jurídico indeterminado y es tarea del intérprete adaptarlo a las circunstancias de tiempo y lugar.

En épocas de aguda inflación y de proliferación de cláusulas indexatorias, esta Corte identificó la intangibilidad con la utilización de cláusulas de actualización monetaria (Fallos 307:2174 ).

Posteriormente, en tiempos en los que el Honorable Congreso de la Nación prohibió tales cláusulas de manera general, el tribunal consideró que los sueldos judiciales no podían ser indexados, y destacó que "la interpretación de la Constitución debe realizarse de modo que resulte un conjunto armónico de disposiciones con una unidad coherente. Para tal fin, cada una de sus normas debe considerarse de acuerdo con el contenido de las demás; la inteligencia de sus cláusulas debe cuidar de no alterar el equilibrio del conjunto (Fallos 296:432 ). En la búsqueda de esa armonía y equilibrio debe evitarse que las normas constitucionales sean puestas en pugna entre sí, para lo cual se debe procurar dar a cada una el sentido que mejor las concierte y deje a todas con valor y efecto. Con estas pautas, no es válido asignar ‑como lo hizo la Corte local‑ a la garantía que consagra la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, una extensión tal que desconozca las facultades que el art. 75 inc. 11 CN. confiere al Congreso de la Nación para `hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras'... en este orden de ideas, la ley 23928 constituye una decisión clara y terminante del Congreso de la Nación de ejercer las funciones que le encomienda el art. 75 inc. 11, ya referido. Ante tal acto legislativo no sólo han quedado derogadas disposiciones legales sino que además deben ser revisadas las soluciones de origen pretoriano que admitían el ajuste por depreciación, en cuanto, precisamente, se fundaron en la falta de decisiones legislativas destinadas a enfrentar el fenómeno de la inflación" (Fallos 324:3219 ).

En consecuencia, resulta claro que, subsistiendo una prohibición de utilizar cláusulas de actualización monetaria, de carácter general y fundada en una ley del Congreso, no es posible interpretar que la intangibilidad de la compensación que reciben los jueces se mantenga mediante un sistema que el legislador considera ilícito.

9) Que habiéndose considerado que la intangibilidad no puede ser interpretada como actualización monetaria, por hallarse prohibida por la legislación vigente, cabe indagar cuál es el significado concreto que tiene tal garantía.

Para desarrollar esa interpretación, debe tenerse en cuenta que en el caso se trata de compensaciones de jueces locales, lo que obliga a considerar la garantía de un modo armónico con las facultades que tienen los Estados provinciales. En este sentido, el principio de la descentralización federal que inspira la Ley Suprema , fundamenta el derecho de cada Estado provincial de fijar los ingresos de los magistrados, ya que éstas "se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas" (art. 122 ‑art. 105 en el texto anterior a la reforma de 1994‑ Fallos 95:229; 119:372; 154:104 [24], entre muchos otros).

Por esta razón es que esta Corte ha sostenido que la garantía no resulta afectada cuando hay ingresos diferentes en distintos Estados provinciales. Ha dicho, al respecto, que, "en la medida en que las normas locales preserven la sustancia del principio, de manera que la ratio de éste no resulte frustrada, la exigencia del art. 5 CN. resulta suficientemente cumplida. El art. 5 CN. declara la unidad de los argentinos en torno del ideal republicano. Pero se trata de una unidad particular. Es la unidad en la diversidad. Diversidad proveniente, precisamente, del ideal federalista abrazado con parejo fervor que el republicano. El federalismo encierra un reconocimiento y respeto hacia las identidades de cada provincia; empero, dicha identidad no encuentra su campo de realización solamente dentro del ámbito comprendido por los poderes no delegados al gobierno federal (arts. 104 ‑hoy art. 121 ‑ y concs. CN.), sino también en el de la adecuación de sus instituciones a los requerimientos del art. 5 citado. Esto último, asimismo, configura una fuente de vitalidad para la república, en la medida en que posibilita una pluralidad de ensayos y búsquedas por las diferentes provincias de caminos propios para diseñar, mantener y perfeccionar los sistemas republicanos locales. Por lo demás, si la Constitución Nacional, para la época de su dictado, fue establecida como causa ejemplar de las instituciones locales, los posteriores desarrollos del constitucionalismo provincial configuran una rica fuente para el desarrollo y progreso aun de las instituciones nacionales. No entraña la diversidad enunciada ninguna fuerza disgregadora, sino una suerte de fructífera dialéctica, enmarcada siempre por la ley cimera de la Nación" (Fallos 311:460 [25] y 315:2780 [26]).

10) Que habiéndose concluido que la intangibilidad no implica la automática aplicación de cláusulas de actualización monetaria legalmente prohibidas, ni impide la diversidad en las diferentes provincias, cabe considerar cuál es el significado que debe asignarse a esa garantía. Para establecerlo, cabe partir de la base de que los derechos fundamentales y las garantías institucionales tienen un contenido esencial y mínimo que debe ser respetado por todos los habitantes, y por lo tanto obliga también a los Estados provinciales. Debe observarse a este respecto que, lejos de tratarse de un privilegio de los jueces, lo que se discute es el derecho a la igualdad de todos los habitantes, que deben gozar de parejas posibilidades de que sus conflictos sean resueltos por magistrados independientes, cualquiera sea la competencia a la que se hallen sujetos en todo el territorio de la Nación.

De tal modo, la diversidad de las compensaciones puede y debe necesariamente existir, pero debe haber un contenido mínimo que permita considerar que la garantía institucional es verdaderamente efectiva en todo el territorio de la Nación.

La afirmación precedente ha sido sostenida por esta Corte al justificar su intervención en materia de compensación de jueces pertenecientes a las justicias provinciales, expresando que podía hacerlo cuando resultaba afectada la sustancia de la garantía aludida. Ha dicho que "si bien la Constitución Nacional garante a las provincias el establecimiento de sus instituciones, el ejercicio de ellas y la elección de sus autoridades (arts. 5 y 105 ‑hoy art. 122 ‑) las sujeta a ellas y a la Nación al sistema representativo y republicano de gobierno (arts. 1 y 5 ), impone su supremacía sobre las Constituciones y leyes locales (art. 31 ) y encomienda a esta Corte el asegurarla (art. 100 ‑hoy 116 ‑)", razón por la cual "la intervención de este tribunal federal no avasalla las autonomías provinciales, sino que procura la perfección de su funcionamiento, asegurando el acatamiento a aquellos principios superiores que las provincias han acordado respetar al concurrir al establecimiento de la Constitución Nacional" (Fallos 310:804 ). Asimismo, ha señalado que "si bien el principio de intangibilidad no podría ser desconocido por las provincias, de ello no se sigue que los alcances de aquél en el ámbito de éstas, deban ser necesariamente iguales a los trazados para la esfera nacional por la jurisprudencia de esta Corte" (Fallos 311:460 y 316:2747 [27]) y que a tal fin deben tenerse en cuenta dos cuestiones: por un lado, que la esencia republicana de gobierno requiere la intangibilidad de los sueldos judiciales y que ésta no puede ser soslayada por las provincias. Por el otro, que, de conformidad con la esencia federal de ese mismo gobierno, es del resorte de los Estados establecer la regulación de dicha intangibilidad. "Luego, la función de esta Corte, como órgano garante de la supremacía de la Constitución en los casos llevados a su conocimiento, se encuentra limitada a juzgar, siguiendo las palabras del precedente (de Fallos 311:460 ), acerca de si la `sustancia' de la mentada garantía de los jueces provinciales se encuentra preservada o no, a si su ratio ha resultado frustrada o lograda; mas, satisfecha esa exigencia, esto es, satisfecho el imperio de la Constitución Nacional, como ocurre en el sub lite, lo concerniente a las particularidades o pormenores mediante los cuales los Estados provinciales tutelen tal garantía, que es lo planteado en este agravio, configura ya materia insusceptible de ser revisada en esta instancia de derecho federal" (Fallos 316:2747 ).

La Constitución Nacional dispone que las provincias deben asegurar su administración de justicia y ello debe ser interpretado de manera que brinden todas las garantías, entre las cuales se encuentra la intangibilidad de las compensaciones que reciben los jueces. La división de poderes es un principio que debe ser asegurado en toda la Nación y ello implica que los jueces tengan ingresos dignos, para que los mejores hombres y mujeres sean los que sientan interés en servir a la justicia y a los ciudadanos. Una compensación indigna o demasiado alejada de los promedios nacionales alejará a los jueces de sus cargos y consagraría una remoción indirecta, con palmaria afectación de las instituciones republicanas, lo que es constitucionalmente inadmisible en un Estado de Derecho.

11) Que con arreglo a la doctrina de esta Corte, la garantía de la intangibilidad examinada resulta afectada cuando se produce un ostensible deterioro temporalmente dilatado de las remuneraciones de los magistrados respecto de lo que resulta razonable.

El primer elemento ha sido reiteradamente afirmado, al señalarse que debe existir un "ostensible deterioro sufrido por las remuneraciones de los magistrados que en cada caso acontezca, en su proyección en la relación de desempeño de la función judicial" (Fallos 307:2174 y 308:1932 ).

El segundo elemento requiere ponderar períodos de tiempo más o menos prolongados en los que la remuneración real puede experimentar altibajos propios de las circunstancias pero que, en su globalidad, mantienen la intangibilidad querida por el texto constitucional, sin perjuicio de admitir un cierto desfase mensual que no incida con entidad significativa en el aspecto patrimonial de la garantía estatuida en el art. 110 CN. (art. 96 en el texto anterior a la reforma de 1994) (Fallos 314:749 ; 316:2379 y 319:1352 ).

El tercer elemento obliga a la aplicación de dos criterios de razonabilidad sustantiva.

El primer criterio conduce a considerar razonable lo que surge de lo que las demás jurisdicciones hacen y por ello es que se considera que las remuneraciones judiciales de todo el país deben reconocer una cierta base igualitaria mínima respecto de las condiciones salariales de sus magistrados, que hagan a la dignidad, inamovilidad e independencia de éstos. En este sentido, la valoración que las provincias hagan del merecimiento salarial de sus jueces, no puede alejarse en forma grosera de las remuneraciones que perciben los demás jueces en las restantes jurisdicciones, tanto a nivel nacional como provincial. La prudencia a este respeto indica que, salvo circunstancias debidas a zonas inhóspitas o desfavorables, o con costos extraordinariamente altos, en que la vida austera, pero digna, requiera mayores remuneraciones, todos los jueces provinciales deben percibir retribuciones que observen una razonable relación con el promedio de las que perciben los jueces de las restantes jurisdicciones provinciales y nacional a efectos de no violar el mencionado art. 5 CN. y tampoco incurrir en una desigualdad discriminatoria que atentaría contra la garantía del art. 16 del mismo texto supremo, y, de este modo, alcanzar una solución objetivamente justa.

El segundo criterio lleva a considerar la razonabilidad en relación al caso concreto, ya que la garantía importa, necesariamente, que los jueces puedan tener una vida digna, entendiendo por ello la posibilidad de que el ingreso que perciben les permita su subsistencia y la de su familia, de manera compatible con el cargo que la sociedad le ha encomendado. En este orden de ideas, este tribunal puso de manifiesto que será la magnitud notable y el ostensible deterioro sufrido por las remuneraciones de los magistrados que en cada caso acontezca, en su proyección en la relación de desempeño de la función judicial, la que justificará la tutela que se persigue por la vía del amparo con apoyo en la mentada cláusula constitucional (Fallos 307:2174 y 308:1932 ).

12) Que aplicando los criterios precedentemente expuestos en el presente caso, cabe considerar dos aspectos. En primer lugar, el Superior Tribunal ha interpretado que la garantía de intangibilidad no es equivalente a la aplicación de cláusulas de actualización monetaria, de conformidad con la doctrina de esta Corte. En segundo lugar, la demandada ha entregado a los reclamantes, de modo definitivo y liberatorio, la totalidad de lo reclamado, de manera que no se configura ninguna lesión sustancial a la garantía invocada.

Por ello, oído el procurador fiscal subrogante, se declara admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Con costas. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

VOTO DE LA DRA. HIGHTON DE NOLASCO.‑ Considerando: 1) Que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, integrado por conjueces, confirmó parcialmente la sentencia que había admitido la demanda de ejecución promovida con fundamento en el art. 25 ley 8369 por tres magistrados provinciales el 7/1/2003. En consecuencia, mantuvo lo resuelto por el juez de primera instancia en cuanto a que la provincia demandada debía pagar a los actores las remuneraciones correspondientes a diciembre de 2002 y la mitad del sueldo anual complementario en dinero en efectivo y sin las postergaciones introducidas en los decretos de emergencia cuestionados en la demanda. No obstante, revocó ese pronunciamiento en la medida en que en él se había dispuesto que los sueldos reclamados debían ser actualizados por aplicación del régimen de indexación de las remuneraciones de los magistrados previsto en las leyes 8069 y 8654 , que prevén la aplicación del índice de precios al consumidor, en su nivel general. Contra esta decisión los demandantes interpusieron el recurso extraordinario concedido a fs. 392/394.

2) Que para así decidir, el Superior Tribunal local descartó, en primer término, lo alegado por los interesados en cuanto a que la cuestión debatida se había tornado abstracta. En este sentido, señaló que el acuerdo general de ministros 22/2003 celebrado por el Superior Tribunal (cuya copia está agregada a fs. 217/219) ‑en el cual se habían reconocido los reclamos de los actores‑ carecía de valor en tanto había sido firmado por los mismos magistrados del Superior Tribunal que habían interpuesto la demanda que dio origen al pleito, es decir, por los jueces Chiara Díaz, Carubia y Carlomagno (conf. fs. 278 vta.).

Asimismo, la mayoría de los conjueces coincidió en que los pagos efectuados por la provincia en cumplimiento de las sentencias condenatorias no habían sido voluntarios sino forzosos, de modo que no cabía atribuirles el efecto pretendido por los demandantes.

Respecto al fondo de la cuestión, la Corte local destacó que el régimen de indexación previsto en las leyes provinciales 8069 y 8654 carecía de validez en tanto desconoce la prohibición general de utilizar procedimientos de actualización monetaria periódica y automática contenidos en las leyes federales 23928 y 25561 .

3) Que los recurrentes solicitaron al Superior Tribunal local que tuviera a la demandada por "allanada" a las pretensiones de su parte (conf. fs. 388 y 399). Fundaron esta petición en que, mediante el decreto provincial 15/2004 , posterior al fallo recurrido, el gobernador de la Provincia de Entre Ríos declaró legítimamente abonadas las sumas de dinero reclamadas por los jueces en las múltiples demandas de amparo y ejecución deducidas con motivo de los mismos hechos que dieron lugar a la presente causa, inclusive las sumas depositadas en ésta. A su vez, en dicho decreto ‑complementado por el 799/2004 ‑ el gobernador autorizó al fiscal de Estado de esa provincia a desistir de todos los recursos interpuestos contra las respectivas sentencias condenatorias, así como a allanarse a las impugnaciones planteadas por los jueces demandantes contra las sentencias que les hubieran resultado desfavorables.

A fs. 416/420 los interesados adjuntaron la copia de los decretos referidos y reiteraron al tribunal su petición de que se declare que la demandada se ha allanado a las pretensiones de su parte.

4) Que el texto de los decretos 15/2004 y 799/2004 evidencia que, contrariamente a lo alegado por los recurrentes, dichos actos no significaron un reconocimiento de los derechos invocados en la demanda. En efecto, en dichos decretos se establece que, a fin de evitar los mayores costos y costas que eventualmente podía haber traído aparejado un pronunciamiento final de tenor similar al dictado por esta Corte en Fallos 315:2386 , se tornaba conveniente declarar legítimamente abonadas todas las sumas pagadas por la provincia en virtud de las sentencias condenatorias dictadas contra ella en los respectivos procesos de ejecución promovidos por los jueces locales (ver considerandos de los decretos mencionados).

No es posible extraer de tales manifestaciones de voluntad de las autoridades provinciales el pretendido reconocimiento del derecho de los actores a percibir la actualización monetaria solicitada por ellos en los términos de las leyes 8069 y 8654 . Ello es así pues una cosa es declarar que las cantidades reclamadas y percibidas por los demandantes han quedado incorporadas a sus patrimonios (lo cual equivale, de facto, a una recomposición salarial) y otra muy distinta es admitir la validez del régimen de actualización monetaria periódica y automática de las remuneraciones de los jueces previsto en las leyes provinciales aludidas precedentemente.

Por lo demás, y tal como se expresó anteriormente, en dichas normas el gobernador autorizó al fiscal de Estado a "desistir de los recursos de apelación y allanarse a los deducidos por la parte actora" (conf. art. 1 decreto 799/2004). Es decir, de los términos utilizados por el ejecutivo provincial surge claramente que el fiscal de Estado estaba habilitado para desistir de los recursos pendientes y allanarse a las pretensiones de los demandantes o seguir con los procesos en trámite. En el caso de autos la fiscal de Estado ‑Claudia M. Mizawak‑ optó por la segunda alternativa y no se allanó a los términos del recurso extraordinario interpuesto por los actores (ver fs. 390/390 vta.), circunstancia que ha sido reconocida por los recurrentes a fs. 420. En efecto, al ser requeridas las partes a que en el término de cinco días se pronuncien respecto del decreto 15/2004 (fs. 383), la fiscal de Estado manifestó "no existe posibilidad de desistimiento de recurso (porque esta parte no recurrió en la presente causa en esta instancia). Y no es posible, en razón de la oportunidad procesal, allanarse al recurso interpuesto por la contraria" (fs. 390/390 vta.). Por lo demás, tampoco hay en el expediente manifestación alguna del gobernador de la provincia en sentido contrario a la conducta de la fiscal de Estado.

5) Que, por lo precedentemente expuesto y, tal como se ha expresado, los pagos efectuados por la provincia al amparo de los decretos mencionados no significaron, entonces, un reconocimiento tácito del derecho de los demandantes a la actualización monetaria. Por otra parte, la conducta posterior del representante de la provincia en juicio tampoco implicó aceptar la pretensión de los actores respecto de la aplicación al sistema de actualización previsto en las leyes 8069 y 8654 (conf., mutatis mutandi causa "Masciotta, José y otros" ‑Fallos 327:2932‑). Por lo demás, no es exacto que la cuestión relativa a la procedencia de actualizar las remuneraciones judiciales conforme al régimen de las leyes 8069 y 8654 se haya tornado abstracta, ya que no se ha disipado el interés de las partes en obtener una declaración de certeza respecto de la existencia o inexistencia de los derechos respectivamente invocados.

6) Que el recurso extraordinario es formalmente admisible, toda vez que en la especie cabe hacer excepción a la regla según la cual el remedio federal es improcedente si no media resolución contraria al derecho federal (Fallos 310:959 , voto del Dr. Petracchi). Ello es así porque, al agraviarse de lo resuelto por la Corte local, los demandantes sostienen que el régimen de actualización de las remuneraciones judiciales establecido en las leyes 8069 y 8654 "hace a la esencia de la independencia de los jueces" y constituye parte fundamental del principio de separación de los poderes, que las instituciones de la provincia deben asegurar por imperio de lo dispuesto en los arts. 5 y 123 CN. En consecuencia, el asunto controvertido está íntimamente vinculado con la interpretación de cláusulas de la Carta Magna referentes al modo en que se deben estructurar los tres poderes en las provincias que integran nuestro Estado federal.

7) Que en cuanto al fondo del tema controvertido, esta Corte ya se ha pronunciado respecto de una cuestión similar ‑la posibilidad de ajustar las remuneraciones de los magistrados a través de procedimientos de actualización con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 23928 (y actualmente la 25561 )‑ en el precedente "Mill de Pereyra, Rita A. y otros" (Fallos 324:3219 ), doctrina que, en las actuales condiciones, resulta aplicable al sub lite.

Cabe así descartar la aplicación en esta causa del caso ‑tantas veces citado por los recurrentes‑ "Bonorino Peró" (Fallos 307:2174 ), desde que este último fue dictado por el tribunal en un contexto diferente al existente luego de sancionada la ley de convertibilidad . En efecto, en "Bonorino Peró", la Corte partió de reconocer el contexto inflacionario vigente y admitió el reclamo de los magistrados demandantes. Una vez dictada la ley 23928 ‑en la que se consagró una prohibición absoluta de utilizar regímenes de actualización monetaria‑, la Corte tuvo en cuenta la nueva realidad y se pronunció nuevamente acerca de este tema en "Mill de Pereyra" ; como se dijo, esta es la jurisprudencia aplicable al caso de autos. Asimismo, tampoco corresponde aplicar al sub lite el precedente citado por los decretos 15/2004 y 799/2004 para fundar la autorización aludida en el consid. 5 ("Jáuregui", Fallos 315:2386 ). En el caso "Jáuregui" , la Corte examinó la ley 8069 a la luz del criterio de "Bonorino Peró" , debido a que esta norma provincial se aplicaba con anterioridad a que entrase en vigencia la ley 23928 .

8) Que en "Mill de Pereyra" este tribunal recordó "que la intangibilidad de las retribuciones de los jueces es garantía de independencia del Poder Judicial, de manera que cabe considerarla, juntamente con la inamovilidad, como garantía de funcionamiento de un poder del Estado".

También estableció que esta garantía de irreductibilidad de los sueldos está conferida al "órgano‑institución" y al "órgano‑individuo", no para exclusivo beneficio personal o patrimonial de los magistrados, sino para resguardar su función en el equilibrio tripartito de los poderes del Estado, de forma que la vía abierta en esta causa no tiende sólo a defender un derecho de propiedad de los actores como particulares, y a título privado, sino a la ya referida garantía de funcionamiento independiente del Poder Judicial, cuya perturbación la Constitución ha querido evitar al consagrar rotundamente la incolumidad absoluta de las remuneraciones judiciales.

Asimismo, en Fallos 176:73 , esta Corte sostuvo que la intangibilidad de la remuneración de los jueces ha sido establecida no por razón de la persona de los magistrados, sino en mira a la institución del Poder Judicial de la Nación, a la que los constituyentes han querido liberar de toda presión de parte de los otros poderes, para preservar su absoluta independencia.

Con tal encuadre, la prohibición de reducir las remuneraciones de los jueces mientras duren en sus funciones, consagrada en el art. 156 Const. prov. Entre Ríos, así como la regla fijada por el art. 110 Const. federal respecto de los jueces nacionales, tienen por objeto garantizar la independencia e imparcialidad de la justicia en cuanto poder del Estado. Se trata de un mandato dirigido a los otros dos poderes del Estado y les impone abstenerse de dictar o ejecutar acto alguno que implique reducir la remuneración de los jueces, pero no instituye un privilegio que los ponga a salvo de toda y cualquier circunstancia que redunde en una pérdida de poder adquisitivo de sus haberes en violación a los principios de igualdad ante la ley, equidad y justicia distributiva.

9) Que, tal como se dijo en "Mill de Pereyra" , la interpretación de la Constitución debe realizarse de modo que resulte un conjunto armónico de disposiciones con una unidad coherente. Para tal fin, cada una de sus normas debe considerarse de acuerdo con el contenido de las demás; la inteligencia de sus cláusulas debe cuidar de no alterar el equilibrio del conjunto (Fallos 296:432 ). En la búsqueda de esa armonía y equilibrio debe evitarse que las normas constitucionales sean puestas en pugna entre sí, para lo cual se debe procurar dar a cada una el sentido que mejor las concierte y deje a todas con valor y efecto.

Con estas pautas, se deduce sin esfuerzo que el Superior Tribunal local, al interpretar que el art. 156 Const. prov. resulta plenamente compatible con la prohibición general de aplicar procedimientos de actualización automática previstos en las leyes 23928 y 25561 , no ha violentado la independencia de la justicia local ni ha desconocido el mandato de organizarse bajo los principios de un Estado republicano.

10) Que la infrascripta coincide con los consids. 10 y 11 del voto de los jueces Zaffaroni y Lorenzetti.

Por ello, oído el procurador fiscal subrogante, se declara admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Con costas (art. 68 párr. 2º CPCCN.). Notifíquese y, oportunamente, remítanse los autos.

DISIDENCIA DEL DR. FAYT.‑ Considerando: 1) Que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, integrado por conjueces, confirmó parcialmente la sentencia que había admitido la demanda de ejecución promovida con fundamento en el art. 25 ley 8369 por tres magistrados provinciales el 7/1/2003. En consecuencia, mantuvo lo resuelto por el juez de primera instancia en cuanto a que la provincia demandada debía pagar a los actores las remuneraciones correspondientes a diciembre de 2002 y la mitad del sueldo anual complementario en dinero efectivo y sin las postergaciones introducidas en los decretos de emergencia cuestionados en la demanda. No obstante, revocó ese pronunciamiento en la medida en que en él se había dispuesto que los sueldos reclamados debían ser actualizados por aplicación del régimen de adecuación remunerativa por intangibilidad de las compensaciones de los magistrados previsto en las leyes 8069 y 8654 . Contra esta decisión los demandantes interpusieron el recurso extraordinario concedido a fs. 392/394.

2) Que para así decidir, el superior tribunal local descartó, en primer término, lo alegado por los interesados en cuanto a que la cuestión debatida se había tornado abstracta en virtud del acuerdo general de ministros 22/2003 celebrado por el Superior Tribunal (cuya copia está agregada a fs. 217/219), en el cual se habían reconocido los reclamos de los actores. El tribunal sostuvo que el acuerdo citado carecía de valor en tanto había sido firmado por los mismos magistrados del Superior Tribunal que habían interpuesto la demanda que dio origen al pleito, es decir, los jueces Chiara Díaz, Carubia y Carlomagno (conf. fs. 278 vta.).

Asimismo, la mayoría de los conjueces coincidió en que los pagos efectuados por la provincia en cumplimiento de las sentencias condenatorias no habían sido voluntarios sino forzosos, de modo que no cabía atribuirles el efecto pretendido por los demandantes.

Respecto al fondo de la cuestión, la Corte local sostuvo que el régimen de indexación previsto en las leyes provinciales 8069 y 8654 carecía de validez en tanto desconoce la prohibición general de utilizar procedimientos de actualización monetaria periódica y automática contenida en las leyes federales 23928 y 25561 .

3) Que tres meses después de notificado el fallo, el gobernador de la Provincia dictó el decreto 15 , de fecha 5/1/2004, mediante el cual declaró legítimamente abonadas las sumas pagadas como consecuencia de las sentencias de primera instancia dictadas en varias causas, entre las que se mencionaba a ésta; y a su vez autorizó al fiscal de Estado para desistir de los recursos que hubiera deducido o se allanara a los planteos de la parte contraria, autorización que por decreto 799 , de fecha 4/3/2004, hizo extensiva a todo otro juicio de igual índole. El gobernador dispuso, además, la actualización en los términos de las leyes 8069 y 8654 , de las remuneraciones de los actores correspondientes a diciembre de 2003 y del sueldo anual complementario del segundo semestre de ese año.

4) Que la decisión mencionada satisface la pretensión de los actores ‑aquí recurrentes‑ y deja de ese modo sin objeto al pleito (conf. Fallos 231:288 ; 284:84 [28] y 323:1101 ). Conforme señala el decreto citado, la calificación de "legítimo abono" al pago oportunamente realizado fue dispuesta por considerarse que, a la postre, el resultado de estos pleitos les sería favorable a los demandantes por la aplicación de la doctrina del caso "Jáuregui", fallado por esta Corte el 6/10/1992 (Fallos 315:2386 ) por lo que el Estado provincial estimó que no debía seguir incurriendo en mayores costos y costas. La citada calificación comportó una clara y espontánea renuncia a seguir objetando el derecho alegado por los actores. Ante tal decisión, carece de relevancia que la fiscal del Estado, después de requerir que se rechazara el recurso extraordinario de su contraria, manifestara que ya no era oportuno allanarse, pues, como quedó expuesto, la sentencia que defendía había sido desconocida voluntariamente por el Estado provincial, vale decir, por la parte a la que aquélla representaba.

5) Que la cuestión en estudio, relativa a la garantía de irreductibilidad de las remuneraciones de los jueces en su relación con la pérdida del poder adquisitivo y con las disposiciones legislativas que derogan las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan el empleo de índices de precios para actualizar valores (arts. 4 ley 25561 y 10 ley 23928) reviste trascendencia institucional suficiente, implica la interpretación de pautas de orden público constitucional y excede el interés de las partes, lo que habilita el abordaje de la misma, sin que resulte óbice a tal análisis lo señalado en el considerando precedente, máxime teniendo en cuenta que el Estado provincial ha invocado, en sustento de su proceder, hallarse obligado por la doctrina del precedente "Jáuregui" de esta Corte (Fallos 315:2386 ).

6) Que la prohibición de reducir las remuneraciones de los jueces mientras duren en sus funciones, consagrada en el art. 110 CN., así como el art. 156 Const. prov. Entre Ríos, tiene por objeto garantizar la independencia e imparcialidad de la justicia en cuanto poder del Estado. Al respecto, esta Corte ha sostenido que la irreductibilidad de los sueldos de los jueces es una garantía de independencia del Poder Judicial (Fallos 176:73 ; 247:495 ; 254:184 , entre otros), de forma que cabe considerarla, juntamente con la inamovilidad, como garantía de funcionamiento de un poder del Estado, de modo similar a las que preservan a las Cámaras del Congreso, a sus miembros, y a los funcionarios incluidos en el art. 45 CN.

Efectivamente, desde sus orígenes, la irreductibilidad de las remuneraciones judiciales, junto con la inamovilidad, siempre significaron para los jueces garantías emblemáticas de su independencia y, con ella, la independencia del Poder Judicial. En este sentido se expresó Alexander Hamilton (El Federalista, n. LXXIX): "después de la permanencia en el cargo, nada puede contribuir más a la independencia de los jueces que el proveer en forma estable a su remuneración... Conforme al modo ordinario de ser de la naturaleza humana, un poder sobre la subsistencia de un hombre equivale a un poder sobre su voluntad...".

En consecuencia, la irreductibilidad de las remuneraciones de los jueces, en primer lugar, es un derivado lógico del principio fundamental de la separación e independencia de los poderes. En este sentido, esta Corte ha sostenido que la garantía de irreductibilidad de los sueldos está conferida no para exclusivo beneficio personal o patrimonial de los magistrados sino para resguardar su función y el equilibrio tripartito de los poderes del Estado, cuya perturbación la Ley Suprema ha querido evitar al consagrar rotundamente la garantía en análisis (Fallos 315:2386 y 324:3219 ). De esta manera, constituye condición indispensable, imprescindible y necesaria para que los jueces se sientan dueños de sí y dicten sus sentencias libres de presiones, con imparcialidad y total independencia. Garantía de garantías, ella preserva a los jueces de la injerencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo y les asegura la independencia objetiva y subjetiva necesarias para desempeñar sus funciones. Esto convierte a esa garantía no sólo en valiosa y fundamental para la organización social y política de la Nación, sino también en piedra angular de valor talismático para la vida institucional de la República. En ausencia de ella, no hay Estado republicano.

Debe quedar perfectamente claro que ninguna forma dialéctica, ningún razonamiento, raciocinio o forma de expresión pueden tener eficacia o utilizarse para negar, desvirtuar o menoscabar la garantía que consagra el art. 110 CN. cuando expresa que "de ninguna manera" pueda disminuirse la remuneración de los jueces. Intentar hacerlo, restando diafanidad y pureza a la garantía en cuestión implica una flagrante violación de la Constitución Nacional que la consagra. La garantía protege la intangibilidad, la incolumidad y la irreductibilidad de las remuneraciones de los jueces y, en consecuencia, éstas no pueden ni deben tocarse, dañarse, ni sufrir menoscabo, ni reducción alguna.

7) Que, asimismo, este imperativo constitucional se propone no sólo asegurar a los que ejercen el Poder Judicial la subsistencia, al abrigo de todos los cambios que el poder discrecional del Congreso pudiera introducir al dictar la ley de presupuesto, sino también el procurar la conformación de sus cuadros mediante "una sucesión de hombres ilustrados y honestos, exentos de la pasión del lucro, y de los poderosos impulsos de la necesidad, que los llevaría a buscar ilegítimas ganancias, o a descuidar las funciones públicas por los oficios privados" (González, Joaquín V., "Manual de la Constitución Argentina", 1897, Ángel Estrada y Cía. Editores, p. 628), toda vez que se les prohíbe ejercer otra profesión o acto de comercio alguno. La norma en análisis, en consecuencia, contribuye en la convocatoria de individuos idóneos para el cumplimiento de la función judicial, así como a compensarlos adecuadamente, teniendo en cuenta las particularidades de la misma.

Ello reviste especial relevancia, en virtud de las incompatibilidades estatuidas respecto de los jueces en los términos del art. 34 CN. y de la normativa infraconstitucional, entre la que puede citarse el art. 9 Ley Orgánica del Poder Judicial (decreto ley 1285/1958 [29]), las cuales encuentran fundamento en que "el Poder Judicial, y por consiguiente sus miembros, tiene caracteres especialísimos, o debe tenerlos, que le distingue notablemente de los otros dos, siendo de ello la consecuencia que sus funciones resultan incompatibles con el desempeño de las de aquéllos... por todo esto, la ciencia constitucional les prescribe la absoluta contracción a sus cargos" (González Calderón, "La función judicial en la Constitución Argentina", 1911, Librería Nacional, ps. 61 y 62).

Es decir, el Poder Judicial, por sus funciones específicas, debe ser preservado orgánica y funcionalmente. Integrado por magistrados dignos, alejados de las internas de círculos o partidos, sin codicia, dotados de inteligencia, talento, vocación, carácter, capacidad de trabajo y conducta moral, sus cualidades morales e intelectuales aseguran la vigencia de las garantías y preservan la independencia y el prestigio de la justicia. En consecuencia, como ha señalado el autor citado, "los funcionarios judiciales deben ser retribuidos por los servicios que prestan al Estado, y deben serlo con magnanimidad, para evitar que la concupiscencia o el soborno, pueda tentarlos como medio de salir de su miseria, torciendo la vara de la justicia" (González Calderón, "La función judicial en la Constitución Argentina" cit., p. 59).

8) Que, en consecuencia, las inmunidades de las cuales se ordena a la magistratura no constituyen privilegios personales, sino que se relacionan directamente con la función que ejerce y su objeto es protegerla contra los avances, excesos o abusos de otros poderes en beneficio de los justiciables y, en definitiva, de toda la Nación. Ellas aseguran, en la dinámica del gobierno, en la realidad del proceso gubernamental, la fundamentalidad de la Constitución y su carácter de norma operativa.

En este sentido, esta Corte ha sostenido que la irreductibilidad de la remuneración de los jueces ha sido establecida no por razón de la persona de los magistrados, sino en mira de la institución del Poder Judicial, a la que los constituyentes han querido liberar de toda presión de parte de los otros poderes, para preservar su absoluta independencia. La incolumidad de los sueldos está conferida en común al "órgano‑institución" y al "órgano‑individuo", no para exclusivo beneficio personal o patrimonial de los magistrados, sino para resguardar su función en el equilibrio tripartito de los poderes del Estado, de forma que no tiende sólo a defender un derecho de propiedad de los actores como particulares, y a título privado, sino la ya referida garantía de funcionamiento independiente del Poder Judicial. Sustancialmente, en consecuencia, la intangibilidad de los sueldos no es estrictamente una garantía a favor de tales magistrados, sino un seguro de su independencia efectiva que beneficia a la misma sociedad en tanto tiende a preservar la estricta vigencia del Estado de Derecho y el sistema republicano de gobierno (Fallos 324:3219 ).

9) Que, por lo demás, y en orden a la jerarquía con que la propia Constitución sistematiza la materia, cabe puntualizar que las razones por las cuales se ha recalcado en los considerandos precedentes que la garantía del art. 110 atiende al funcionamiento independiente del Poder Judicial, llevan a concluir que la incolumidad de las remuneraciones que dicho precepto consagra está comprendida entre las condiciones de la administración de justicia exigibles a las provincias a los fines contemplados en el art. 5 CN. (Fallos 307:2174 ).

10) Que la garantía de irreductibilidad de los salarios de los jueces ha recibido un consolidado reconocimiento durante la gestación del derecho constitucional argentino. La Constitución de las Provincias Unidas de Sudamérica, de fecha 22/4/1819, estatuía en sus arts. CII y CIII que los individuos de esta Corte ejercerán el cargo por el tiempo de su buena comportación; y no podrán ser empleados por el Poder Ejecutivo en otro destino sin su consentimiento y el de la misma Corte; el Cuerpo Legislativo les designará una compensación por sus servicios, que no podrá ser disminuida mientras permanezcan en el oficio. Por su parte, la Constitución de la República Argentina, de fecha 24/12/1826, establecía en su art. 129 que los miembros del Poder Judicial Federal gozarán de una compensación que no podrá ser disminuida mientras duren en sus puestos.

La norma recibe su actual tenor literal en el texto constitucional sancionado en 1853 (entonces art. 93 , art. 96 con posterioridad a la reforma de 1860 y, tras la reforma de 1994, art. 110 ), donde expresamente se establece que "los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permanecieren en sus funciones".

La adopción de la fórmula, que difiere de los antecedentes en que se enfatiza de manera contundente que la compensación no podrá ser disminuida "de manera alguna", tiene su origen en el art. 57 del anteproyecto elaborado por el constituyente Benjamín Gorostiaga. Si bien la norma reconoce como modelo formal la Constitución de Estados Unidos de América, cuyo art. III parte 1ª establece que "los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores permanecerán en sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán en épocas señaladas una compensación por sus servicios, que no será disminuida mientras duren en sus empleos", introduce el énfasis mencionado.

11) Que a fin de ponderar las diferencias de tenor literal entre las dos normas constitucionales señaladas, resulta conveniente tener en cuenta que la cláusula estadounidense reconoce antecedentes en el derecho inglés, en particular en su previsión en la ley de sucesión dictada en el año 1701, en tiempos de Guillermo III ‑Act of Settlement‑ que tuvo el carácter de ley fundamental, conforme a la cual los sueldos de los jueces eran fijos e invariables. Asimismo, durante el reinado de Jorge III, los sueldos de los jueces fueron absolutamente asegurados durante la continuación de sus nombramientos (Kent, James, "Del gobierno y jurisprudencia constitucional de los Estados Unidos", 1865, pág. 128). El carácter crítico del tema revistió tal magnitud que incluso fue considerado en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América, donde se acusó a la monarquía inglesa de hacer a los jueces dependientes de su sola voluntad, en virtud de la disposición del tiempo de duración del empleo, y la cantidad y pago de los salarios judiciales.

En el proceso constituyente estadounidense se discutió específicamente la extensión de la garantía, en concreto respecto de si la previsión constitucional debía prohibir sólo la disminución, o bien también el aumento de los sueldos de los magistrados durante el ejercicio de las funciones. La Comisión, en el debate general, primero analizó la posibilidad de adoptar un tenor literal que prohibiera ambos supuestos (Max Farrand, "The records of the Federal Convention of 1787", p. 121), sin embargo, en el debate subsiguiente de la Convención, y, finalmente, al realizarse el reporte de la comisión en detalle, fue rechazada la prohibición de la posibilidad de aumentos. Básicamente el argumento tenido en cuenta para decidir el rechazo a dicha previsión se debía a que se consideró era factible que aumentara el costo de vida (Fallon, Richard H., Meltzer, Daniel J., Shapiro, David L., "The Federal Courts and The Federal System", University Casebook Series, p. 10).

En tal sentido, Alexander Hamilton sostenía que "las fluctuaciones del valor de la moneda y el estado de la sociedad harían inadmisible una tasa fija de retribución. Lo que podría ser extravagante hoy podría dentro de medio siglo resultar exiguo e inadecuado. Fue por lo tanto necesario dejar a la discreción de la Legislatura la variación de sus provisiones de conformidad con la variación de las circunstancias, pero sin embargo bajo tales restricciones como para colocar fuera del poder de ese cuerpo el cambio en perjuicio de los afectados" (El Federalista, n. LXXIX). En este sentido, James Madison, por ejemplo, era proclive a prever tal supuesto mediante la búsqueda de la referencia a un valor estándar que tenga el carácter de permanente (Max Farrand, "The records of the Federal Convention of 1787", 1911, p. 45). Sin embargo, la Convención adoptó la posición del gobernador Morris, en torno a que se permita aumentos por parte del Congreso en aquellos supuestos.

Comentando la norma en análisis, ya a principios del siglo XIX Joseph Story, siguiendo a Alexander Hamilton (El Federalista, n. LXXIX) había señalado que si bien algunas normas supremas preveían que los sueldos de los jueces debían ser fijados de manera permanente, "la experiencia ha mostrado en algunas circunstancias que tales expresiones no eran suficientemente explícitas para escapar al capricho legislativo; se requería para esto alguna cosa más positiva y más precisa" (Joseph Story, "Comentario abreviado a la Constitución de Estados Unidos de América", Ed. Oxford, México, 1999, p. 250).

12) Que en el caso del texto constitucional argentino, el art. 110 reviste carácter enfático, contundente y terminante en torno a la prohibición de disminución "en manera alguna", aspecto que, al diferenciarlo de su modelo formal en la norma estadounidense, reclama una exégesis propia, con características peculiares que la distingan de la aplicación jurisprudencial efectuada por la Suprema Corte de los Estados Unidos de América.

Al respecto, esta Corte ha señalado que "no puede presumirse que cláusula alguna de la Constitución esté pensada para no tener efecto y, por lo tanto, la interpretación contraria es inadmisible salvo que el texto de la Constitución así lo indique" (causa "Bruno", Fallos 311:460 ). Ello lleva a concluir que la particularidad adoptada por el constituyente argentino al enfatizar de manera terminante la prohibición de disminución "de manera alguna", constituye a la norma como un precepto imperativo y categórico.

A ello se suma que el tenor literal adoptado es particular para el caso de los jueces, difiriendo de la adoptada por el art. 107 CN. respecto del jefe de gabinete y los demás ministros del Poder Ejecutivo, donde se señala que "gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, que no podrá ser aumentado ni disminuido en favor o perjuicio de los que se hallen en ejercicio". En el mismo sentido, comentando la solución aportada por la Constitución estadounidense, señala Joseph Story, siguiendo el criterio de Alexander Hamilton (El Federalista, n. LXXIX), que "se debe observar una diferencia en la disposición relativa al sueldo del presidente y la que se refiere al sueldo del juez. Según la primera, el sueldo del presidente no puede ser aumentado ni disminuido; por la segunda, el de los jueces no puede ser disminuido. Esta diferencia procede probablemente de la que existe en la duración de las funciones. Como el presidente no debe ser electo por más de cuatro años, sucederá rara vez que un sueldo que haya parecido conveniente a su entrada en el empleo, no continúe en serlo hasta el fin. Pero respecto de los jueces... podrá suceder que un sueldo suficiente para una época no lo sea ya para la otra" (Story, p. 250).

13) Que, por su parte, la garantía de irreductibilidad de los salarios judiciales consagrada por el art. 110 CN. es operativa y aplicable a toda circunstancia, siendo necesario y no eludible cumplimentar la ética de la verdad, más allá de todo rigorismo formal o error material que agreda esos presupuestos (Fallos 314:295).

14) Que, la interpretación de la Constitución debe realizarse de modo que resulte un conjunto armónico de disposiciones con una unidad coherente.

Así, si bien esta Corte ha sostenido que debe respetarse la decisión clara y terminante del Congreso de la Nación de ejercer las funciones que el art. 75 inc. 11 CN. le encomienda para "hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras" (Fallos 324:3219 ), es necesario formular una adecuada exégesis de las leyes dictadas en tales términos que procure la armonía y equilibrio en la interpretación de la Constitución y evite que las normas constitucionales sean puestas en pugna entre sí, para lo cual se debe procurar dar a cada una el sentido que mejor las concierte y deje a todas con valor y efecto.

Con estas pautas, es necesario que, así como se verifica el respeto de las facultades que la norma citada de la Ley Fundamental confiere al Congreso, ello se procure manteniendo incólumes los principios básicos del Estado republicano, independencia del Poder Judicial, y equilibrio de poderes que, siendo elementos intrínsecos al orden público constitucional, aportan sustento a la garantía de irreductibilidad de los salarios de los jueces.

15) Que, en consecuencia, respecto de las leyes 23928 y 25561 , escapa al control de constitucionalidad la ventaja, acierto o desacierto de la prohibición de indexar impuesta por las leyes federales aludidas, en miras a evitar que el alza de los precios relativos correspondientes a cada uno de los sectores de la economía, al reflejarse de manera inmediata en el índice general utilizado al mismo tiempo como referencia para reajustar los precios y salarios de cada uno de los demás sectores, contribuya de manera inercial a acelerar las alzas generalizadas de precios. Sin embargo, no puede desprenderse de las leyes citadas la privación de las potestades de los Estados locales del legítimo cumplimiento de sus textos constitucionales, y del respeto de la garantía de incolumidad de las composiciones de los jueces, extensible conforme al art. 5 CN., mediante mecanismos de recomposición salarial o ajustes remunerativos que permitan aportar consolidación fáctica y operativa a los principios constitucionales.

Es decir, la exégesis sistemática reclama que se concluya que las normas infraconstitucionales que constituyen un legítimo ejercicio de la potestad del Congreso de fijar la moneda en los términos del art. 75 inc. 11 CN. no revisten la entidad de impedir el legítimo ejercicio, por parte de los Estados locales, de garantizar la irreductibilidad de los salarios de los jueces, en aplicación del art. 110 CN. y la respectiva norma de la Constitución provincial.

Por ello, se resuelve declarar inoficioso el pronunciamiento del tribunal sobre las cuestiones planteadas en el recurso extraordinario de fs. 301/313, y, sin perjuicio de lo resuelto en el decreto 15/2004 de la Provincia de Entre Ríos, revocar parcialmente la sentencia apelada, en cuanto no hizo lugar al reajuste de haberes conforme a lo dispuesto por las leyes provinciales 8069 y 8654 . Costas por su orden en atención a la naturaleza de la cuestión debatida. Notifíquese y remítase.

DISIDENCIA DE LA DRA. ARGIBAY.‑ Autos y Vistos: 1) Sin perjuicio de las precisiones que introduciré, comparto la reseña del proceso contenida en los consids. 1 a 4 del voto de los Dres. Petracchi y Maqueda.

2) La demanda de amparo promovida por tres jueces permanentes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos (Sup. Trib. Just. Entre Ríos) tuvo por objeto que se ordenase al gobierno provincial el pago de los salarios adeudados (mes diciembre y segunda cuota del sueldo anual complementario, ambos del año 2002) y que se les reconociese la actualización de sus salarios para contrarrestar la disminución del poder adquisitivo de los salarios nominales fruto de la inflación operada en la economía nacional entre diciembre de 2001 y diciembre de 2002 (pto. 20 del escrito de demanda). Alegaron que la intensidad de la depreciación de sus ingresos requería una corrección urgente "para mantener en la provincia el principio de la irreductibilidad de las remuneraciones" (pto. 21) que vincularon con los arts. 156 Const. prov. Entre Ríos y 110 CN. (pto. 24).

La sentencia de primera instancia, hizo lugar a la demanda y ordenó el pago de los haberes, "debiendo calcularse conforme a las disposiciones contenidas en el anexo I de la ley 8069 y previstas en el art. 2 ley 8654". Debe puntualizarse que estas leyes son reglamentarias del principio de intangibilidad de las remuneraciones de los jueces de la provincia de Entre Ríos y la segunda de ellas establece los criterios para ajustar anualmente los sueldos cuando "el incremento acumulado del índice de costo de vida suministrado por INDEC., supere el 15%, contado a partir del 1/12/1991".

El Sup. Trib. Just. Entre Ríos, integrado por conjueces, revocó parcialmente la sentencia. Estableció la inconstitucionalidad de la ley local 8654 en cuanto ordenaba la actualización "por intangibilidad" de los salarios de los jueces provinciales. Como premisa, el tribunal afirmó que el procedimiento establecido en el art. 2 ley 8654 era una pauta indexatoria que resultaba contraria a las leyes federales 23928 y 25561 . A partir de esa inconstitucionalidad, el a quo negó que los actores tuviesen derecho a percibir cualquier tipo de compensación por la inflación que tuvo lugar entre diciembre de 2001 y diciembre de 2002, por lo que su derecho alcanzaba tan sólo a la percepción del monto nominal de sus salarios adeudados.

Luego de dictada esa sentencia, el gobernador provincial dictó el decreto 15/2004 del 5/1/2004, mediante el cual declaró "de legítimo abono e incorporadas al patrimonio de los actores, todas las sumas pagadas como consecuencia de las sentencias de primera instancia recaídas en las acciones de amparo enumeradas en el Anexo I", entre las cuales está la presente causa (art. 1 ). Además se instruyó al fiscal para "desistir de los recursos deducidos en las actuaciones referidas en el artículo anterior y allanarse a las recurridas por la parte actora" (art. 2 ). En el art. 3 se dispuso el pago de los haberes correspondientes al mes de diciembre y segunda cuota del sueldo anual complementario correspondientes al año 2003 "sobre la base de los valores resultantes de la aplicación de las leyes 8069 y 8654 ".

3) En lo que se refiere a la declaración de inconstitucionalidad del art. 2 ley 8654 cabe decir que no corresponde a esta Corte revisar la interpretación que el tribunal provincial ha hecho de esta norma, pues éste tiene la última palabra sobre el alcance del derecho local y es en función del significado así establecido que debería examinarse su concordancia o discrepancia con el derecho federal. Por otra parte, la sentencia se ha pronunciado en un sentido favorable a la vigencia de las leyes federales 23928 y 25561 y contrario a las normas locales ‑art. 14 incs. 1 y 2 ley 48‑ (Fallos 311:955 y 324:3219 , consid. 4, entre otros). Además, ningún derecho han fundado los recurrentes en una diferente interpretación de aquellas leyes federales ‑art. 14 inc. 3 ley 48‑. Por tal motivo, el recurso extraordinario federal, en este aspecto, no debió concederse.

4) No obstante, el Sup. Trib. Just. Entre Ríos ha omitido establecer si la inflación ocurrida durante el año 2002 tuvo o no el efecto de alterar la intangibilidad de los haberes que perciben los jueces de la provincia, alteración que fue denunciada por los actores en su demanda y mantenida en el recurso extraordinario. En los fundamentos de este último se habla de "haberes miserables", de una situación en la que las remuneraciones "no... permitan... una vida digna" ‑pto. 39‑ y de que ellas deben ser decorosas y proporcionar a los jueces una vida estable ‑ptos. 42 y 43‑. También se calificó de "antojadiza" la afirmación introducida por uno los conjueces ‑Ruda‑ de que los sueldos permiten a los actores llevar una vida decorosa ‑pto. 51‑.

El hecho de que el procedimiento adoptado por la ley provincial 8654 fuese considerado inconstitucional no equivale a decir, como parece haberlo entendido el Sup. Trib. Just. Entre Ríos (con la posible excepción, por algunas consideraciones genéricas contenidas en sus votos, de los conjueces Pérez y Ruda), que los magistrados demandantes estuviesen a salvo del avasallamiento de una de sus inmunidades constitucionales, asegurada tanto por el art. 156 Const. prov. Entre Ríos, como por el art. 5 CN.

En el precedente "Bruno" (Fallos 311:460 ) esta Corte dejó sentado que: a) la intangibilidad salarial que las provincias aseguren a sus jueces no tiene que ser necesariamente igual a la prevista en el art. 110 CN. para los jueces nacionales ‑consid. 19, en especial el párr. 2º‑; b) de todos modos, las normas locales debían preservar "la sustancia" del principio ‑ídem‑ y c) correspondía decidir si en el caso la inflación había afectado o no la intangibilidad de los haberes el juez demandante (consids. 4 a 14) y, por lo tanto, debía reenviarse la causa a efectos de que el superior tribunal provincial se pronunciase sobre el punto (consid. 20).

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, y de las similitudes con el caso "Bruno" (en ambos se ha omitido determinar si ha habido o no una alteración de la intangibilidad de los salarios de los jueces), no corresponde adoptar ahora el mismo remedio. El reenvío y la eventual sentencia del Sup. Trib. Just. Entre Ríos carecería de todo efecto concreto, en tanto el perjuicio denunciado, cualquiera haya sido su efecto sobre la inmunidad salarial de los jueces, se ha visto compensado de manera íntegra y definitiva por virtud del decreto 15/2004 dictado por el Ejecutivo provincial. Es decir, el punto constitucional sobre el cual esta Corte podría solicitar, mediante reenvío, el pronunciamiento del Sup. Trib. Just. Entre Ríos ya no tiene actualidad.

Por lo expuesto, es inoficioso pronunciarse sobre el agravio federal fundado en la afectación de la intangibilidad de los haberes de los recurrentes durante el año 2002; y ha sido mal concedido el recurso extraordinario vinculado con la declaración de inconstitucionalidad de la ley 8654 de la Provincia de Entre Ríos, motivo por el cual debe ser desestimado. Notifíquese y devuélvase.

Chiabaut Morales, Eduardo Rodolfo c. Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) D.C.A

2008-05-01T02:22:00.001-07:00

Chiabaut Morales, Eduardo Rodolfo c. Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) D.C.A

La Plata, 13 de abril de 1999. - Vistos: La medida cautelar solicitada y

Considerando: 1. Que el actor promueve demanda contencioso administrativa, en los términos del art. 7º de del CPCA, ante la demora del Instituto de Previsión Social en resolver su solicitud de jubilación por incapacidad, la que fuera presentada ante aquel organismo con fecha 28 de noviembre de 1997.

2. Relata que mediante resolución de fecha 4 de noviembre de 1997 la Suprema Corte decretó su cese como Oficial Mayor de la Fiscalía Nº 5 del Departamento Judicial Quilmes (cuya copia obra a fs. 4) con fundamento en el dictamen de la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Provincia de Buenos Aires de fecha 25 de setiembre de 1997, con el que se acredita que a esa fecha padecía un 77% de incapacidad de carácter permanente (v. copias obrantes a fs. 6 a 9).

Puntualiza que, no obstante el tiempo transcurrido, el organismo previsional no ha dictado resolución, ello en razón de que -de acuerdo a informaciones obtenidas en forma extraoficial los profesionales integrantes de la auditoría médica del requerido no compartirían el criterio adoptado por única autoridad competente para expedirse en materia de determinación de incapacidad a los fines dilatorios.

Sostiene que se encuentra en situación de amparo absoluto, habiendo sido dejado cesante por incapacidad, sin percibir el beneficio jubilatorio e impedido por esta misma causa de contar con ingresos que contribuyan a la manutención de su familia ni tan siquiera con la cobertura asistencial del Instituto de Ayuda Médica Asistencial para afrontar los gastos que demanda el tratamiento de su enfermedad.

3. Que dada la excepcional situación en que se encuentra el accionante -cuya incapacidad para el trabajo ha sido meritada por su organismo empleador a los fines de disponer su baja hace ya más de quince meses y la naturaleza alimentaria de la prestación que reclama, corresponde acordar la medida precautoria prevista en el art. 22 del CPCA, que en atención a las circunstancias particulares de este caso, implica en el sub lite que el organismo demandado deberá proceder a abonar las mensualidades correspondientes al beneficio pretendido (doct. causa B 57.513, Boese, res. del 27-12-96). Ello bajo la responsabilidad del actor que deberá prestar caución juratoria de responder por los daños y perjuicios que la medida pudiese ocasionar a la contraparte en el caso de haberla pedido sin derecho (arts. 22 y 25 del CPCA y 199 y conc. del CPCC).

Por las razones expuestas, el tribunal resuelve: Acordar la medida cuatelar solicitada, lo que implica que el organismo demandado deberá proceder a abonar las mensualidades correspondientes al beneficio pretendido. Ello bajo la responsabilidad del actor, que deberá prestar caución juratoria de responder por los daños y perjuicios que la medida pudiese ocasionar a la contraparte en el caso de haberla solicitado sin derecho (arts. 22 y 25 del CPCC y 199 y conc. del CPCC).

Para su cumplimiento, ofíciese por secretaría con copia de la presente. Regístrese y notifíquese. - Federico G. J. Domínguez. - Carlos Angel Natiello. - Enrique E. Bissio. - Benjamín R. Sal Llargues. - Martín Manuel Ordoqui. - Horacio Daniel Piombo

C. H. F. s/ computo de prisión por Ley 24.390.

2008-05-01T02:21:00.001-07:00

C. H. F. s/ computo de prisión por Ley 24.390.

DICTAMEN DE LA PROCURACION GENERAL:
Contra la resolución de la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de San Isidro -Sala II- que no hizo lugar a la petición de revisión del cómputo de la pena impuesta a Néstor Fabián Cabrera, la Sra. defensora oficial interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 32/37 vta.).
Sostiene la recurrente que el decisorio de la Al-zada viola, por omisión de aplicación, los arts. 2 y 3 del Código Penal, interpreta erróneamente los arts. 7 y 8 de la ley 24.390 y vulnera los arts. 31, 75 inc. 12, 12 y 16 de la Constitución Nacional.
El recurso a mi juicio no puede prosperar.
He comprometido opinión, a partir del dictamen en causa P. 59.457 "Sueldo Claudio R. s/rec. de revisión", del 8/5/95, en torno a las cuestiones que preocupan al apelante.
Allí sostuve que la ley 24.390 "...atañe exclusivamente a los procesados, no a los condenados con sentencia firme. Aquéllos son los únicos sujetos mencionados en los arts. 1 y 2, y a ellos se refieren los textos siguientes (3 a 6). Naturalmente, no podrían articularse objeciones en cuanto a que tal diferenciación entre procesados y penados violentaría la garantía de igualdad, pues obviamente es posible otorgar tratamiento desigual a quienes se encuentran en categorías o situaciones diversas".
"Ahora bien, la modificación del art. 24 del Có-digo Penal concierne, según el art. 8 del estatuto que nos ocupa (ley 24.390), a una precisa órbita:'para los casos comprendidos en esta ley'. Esos casos resultan ser, precisamente, los regulados en los dispositivos anteriores y en especial, los mencionados en los arts. 1 y 2...".
"En esas condiciones, el sistema de cómputo de la prisión preventiva concebido por la nueva normativa y el propio art. 8 en cuanto modificatorio del Código Penal, no debería recibir aplicación en el ámbito provincial. Por de pronto, está claro que la materia eminentemente procesal de que trata la ley es de la esfera provincial (arts. 75 inc. 12 y 121 Constitución Nacional; 1, 3, 10, 21, 43, y 103 inc. 13 de la Provincial). Y si los arts. 7 y 8 de la ley 24.390 han sido emplazados en función de la regulación procesal nacional -inaplicable en la provincia, no se les puede otorgar ultraactividad abarcando situaciones para las cuales no fueron previstos".
"Es que la Provincia tiene un sistema propio de regulación procesal de las cuestiones contempladas en la ley 24.390. Ese sistema es el que emerge del art. 437 del Código de Procedimiento Penal y de los arts. 437 bis, ter y quater, incorporado por la ley 11.624, con más el instituto de la excarcelación (ley 10.484 y sus modificatorias) y disposiciones afines. Claramente, los destinatarios de este régimen son distintos a los sujetos comprendidos en la ley nacional, no constituyendo 'los casos comprendidos en esta ley'".
"Si bien el art. 9 de la ley 24.390 establece que la misma es reglamentaria del art. 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), esa reglamentación podrá operar -como toda cuestión procesal en el ámbito nacional. Porque lo cierto es que en la provincia el legislador también ha reglamen-tado aquella garantía incluída en el Pacto, y lo ha hecho a través de las disposiciones indicadas precedentemente".
"Una interpretación diferente conduciría a tener que aceptar que el legislador nacional puede producir la derogación lisa y llana de la normativa procesal provin-cial. Adviértase, por ejemplo, que de aplicarse displiscen-temente los arts. 7 y 8 de la ley 24.390, quedaría aniquilado el texto del art. 437 del Código de Procedimiento Penal, conforme al cual no se computará el tiempo que insuma la tramitación de recursos extraordinarios".
"Queda en claro la inescindible vinculación de los arts. 7 y 8 de la ley 24.390 con los textos anteriores de la misma ley y la imposibilidad de tomarlos en forma autónoma y desprendida de los primeros. Sin embargo, la mecá-nica aplicación de dichas normas en el ámbito provincial, aún a los condenados con sentencia firme, determina otra grave incongruencia. Según la ley, no ha de computarse el tiempo que insuman las articulaciones manifiestamente dilatorias de la defensa, para la cual hay preponderante inter-vención del Ministerio Público. Ahora bien, si se admite el nuevo cómputo de la pena sosteniendo que ha mediado modificación del art. 24 del Código Penal, y aplicando la ley más benigna (arts. 2 y 3, C.P.), se arriba a un resultado en el que esas demoras o dilaciones no son siquiera contempladas, y donde la intervención del Fiscal previa a la liberación que emerge de los arts. 3 y 4 de la ley 24.390, resulta ab-solutamente soslayada. De allí que corresponda reclamar coherencia en la interpretación. O se aplica la ley en su in-tegridad, -situación imposible porque los aspectos procesales no rigen en la Provincia, la que posee su específica regulación en la materia, o se acepta el criterio de inaplicabilidad en bloque de la ley".
Estimo que las consideraciones transcriptas, coincidentes en ciertos pasajes con el razonamiento de la Alzada, bastan para dar respuesta adversa a las pretensiones del quejoso. Por tal razón, propicio el rechazo del recurso examinado.
Tal es mi dictamen.
La Plata, 23 de mayo de 1996 - Eduardo Néstor de Lazzari.
A C U E R D O
En la ciudad de La Plata, a diecisiete de diciem-bre de mil novecientos noventa y seis, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doc-tores Ghione, San Martín, Laborde, Hitters, Pettigiani, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 59.707, "Cabrera, Héctor Fabián. Cómputo de prisión por ley 24.390 en causa Nº 31.260/IIa".
A N T E C E D E N T E S
La Sala II de la Excma. Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial de San Isidro resolvió rechazar el recurso de revisión interpuesto a favor del condenado Héctor Fabián Cabrera solicitando un nuevo cómputo de pena en los términos de la ley 24.390.
La señora Defensora Oficial interpuso recurso ex-traordinario de inaplicabilidad de ley.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T I O N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C I O N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Ghione dijo:
La Excma. Cámara resolvió que la ley 24.390 no resulta aplicable a quienes revestían a la fecha de su en-trada en vigencia el carácter de condenados.
La recurrente denuncia -entre otras- la violación de los arts. 7 y 8 de la referida ley, del art. 24 del Có-digo Penal y por su conducto la de los arts. 2 y 3 del mismo.
Le asiste razón.
1. El Congreso de la Nación ha modificado el art. 24 del Código Penal en uso de las atribuciones que le con-fiere el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional.
Entonces, la norma en cuestión resulta de aplicación obligatoria en el ámbito fijado en el texto constitucional citado y en el art. 1º del Código Penal.
2. Tal como lo ha resuelto esta Corte (P. 59.457 "Sueldo,...", sentencia del 5 de setiembre de 1995, "D.J.J.B.A.", t. 149, pág. 223), "la circunstancia de haber reglado la ley 24.390 cuestiones propias del sistema procesal (la privación de libertad y la excarcelación durante el proceso) y también, conjuntamente, del régimen penal (art. 24 del Código Penal) no debe obstar la distinción entre am-bas naturalezas jurídicas".
Y se agregó en el citado precedente:
"No se hubieran originado ciertas dificultades interpretativas si el sistema de los arts. 7º y 8º de dicha ley no incluyera la metodología de remitir, con fines cuan-titativos, al art. 1º (y, obviamente, a los siguientes que le son accesorios) sino que directamente hubiese incluido en el mismo art. 7º la mención de los dos, tres o tres años y seis meses a que se refiere como posibles puntos de par-tida para la aplicación -de derecho penal de tales arts. 7º y 8º. Ello no implicó haber legislado con carácter general sobre prisión preventiva y excarcelación sino solamente haber recogido, a los efectos del art. 24 del Código Penal, referencias temporales de normas procesales nacionales".
"Tal remisión, en materia penal, a instituciones procesales -así: a la duración de la prisión preventiva en sus efectos sobre la pena es tan legítima como la referen-cia a `la prisión preventiva' con que se inicia el art. 24 del Código Penal y a los aspectos cuantitativos y cualitativos de la prisión preventiva que también ocasionan dis-tintos efectos, en dicho art. 24, según las condenas fueren a reclusión o a prisión (como ahora el mencionado art. 24 prevé distintos efectos sobre las penas según fuere la duración de la prisión preventiva)".
"Nada de lo expuesto implica, por cierto, enten-der que los citados arts. 7º y 8º de la ley 24.390 sean convenientes desde el punto de vista político penal, tema éste ajeno al presente recurso".
3. Regulando entonces el referido art. 24 del Có-digo Penal la forma en que debe computarse la prisión preventiva sufrida en función de la penalidad impuesta, no puede sino referirse a los condenados. Así establecido (P. 59.457 cit.) que "la ley 24.390 se refiere, en sus arts. 7º y 8º aplicados en autos, a los condenados", y que "para todos ellos por igual regula los efectos que sobre las penas tienen las sendas duraciones de las prisiones preventivas", entonces su extensión a los que ya eran condenados antes de la vigencia de dicha ley es constitucional y legalmente clara. Pues la situación de tales condenados resulta cap-tada por las reglas establecidas en los arts. 2 y 3 del Có-digo Penal. No cabe duda sobre la expresión "si durante las condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley" -art. 2- y su relación con el texto del art. 3: "En el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado". Y parece innecesario reiterar que los arts. 24 del Código Penal y 7º y 8º de la ley 24.390 se ocupan del cóm-puto de la prisión preventiva.
4. En nada gravitan sobre lo expuesto la parte final del art. 8º de la ley 24.390 y el art. 9º de la misma, pues ellos no desplazan la aplicación de las normas constitucionales y legales antes mencionadas.
5. Debe hacerse lugar al recurso interpuesto y reenviarse estos autos para que se practique un nuevo cóm-puto de pena respecto del condenado Héctor Fabián Cabrera conforme la ley 24.390 (arts. 2, 3 y 24, C.P.; y 315 inc. 5º, 318 y 365, C.P.P.).
Voto por la afirmativa.
Los señores jueces doctores San Martín, Laborde, Hitters y Pettigiani, por los mismos fundamentos que el señor Juez doctor Ghione, votaron la cuestión planteada tam-bién por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se resuelve hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y reenviar los autos para que por quien corresponda, se practique un nuevo cómputo de pena respecto del condenado Héctor Fabián Cabrera conforme la ley 24.390 (arts. 2, 3 y 24, C.P.; y 315 inc. 5º, 318 y 365, C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y cúmplase.

Chena, Patricia Susana y otros c/ Buenos Aires, prov. De s/ Amparo

2008-05-01T02:20:00.002-07:00

Chena, Patricia Susana y otros c/ Buenos Aires, prov. De s/ Amparo.

Sumarios:
1.- La ley de obras sociales 23.660 establece que el carácter de beneficiario “subsistirá mientras se mantenga el contrato de trabajo o la relación de empleo público y que “en caso de extinción del contrato de trabajo, trabajadores.. .mantendrá su calidad de beneficiarios durante un período de (3) meses contados de su distracto, sin obligación de efectuar aportes”, prórroga que se hace extensiva al grupo familiar primario del trabajador Ello sin perjuicio de la ampliación que pudiera disponer la autoridad de aplicación (conf. precepto citado y art. 10 la reglamentación aprobada por el decreto 576/93). En el caso, el señor Delvalle habría trabajado en relación de dependencia hasta el 23 de enero de 2001 (ver fs. 32), de manera que el plazo aludido venció el 23 de abril del 2001. por lo tanto yal negativa no aparece teñida de “arbitrariedad o ilegalidad manifiesta” pues se ajusta a las disposiciones transcriptas precedentemente.
2.- Cabe señalar que la ley local 10.592 garantiza -entre otros- los servicios de “recuperación y rehabilitación integral” y “formación educacional”, como así también “facilidades para utilizar el transporte público” para las personas discapacitadas, “en la medida en que éstos, las personas de quienes dependan o los organismos de obra social a los que pertenezcan no posean los medios necesarios para procurárselos” (art. 4).En tales condiciones, la respuesta de la provincia -que se limitó a transmitir al requirente el informe referido- no implica un rechazo definitivo de la petición, ya que no cancela la posibilidad de solicitar un pronunciamiento expreso sobre su reclamo, previa acreditación -ante el organismo competente- de la carencia actual de una cobertura de obra social.
Suprema Corte:
—I—
A fs. 59/72, Patricia Susana Chena y Javier Daniel Del Valle, quienes denuncian domicilió en la Provincia de Buenos Aires, por sí y en representación de su hija N. A. D. V., promovieron la presente acción de amparo ante el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N° 1, con fundamento en el art. 43 de la Constitución Nacional y en la Ley N° 16.986, contra la Obra Social del Personal de la Sanidad, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, contra e! Estado Nacional, contra la Provincia de Buenos Aires -Fiscalía de Estado- y contra la Municipalidad de La Matanza, a fin de que los demandados respeten el derecho a la salud de su hija, quien se encuentra afectada de una discapacidad auditiva permanente y, en consecuencia, se le brinde atención médica, un tratamiento terapéutico y educacional real, concreto y continuo y un servicio de transporte especial.
Por otra parte, peticionan que se declare la inconstitucionalidad de toda normativa o reglamentación vigente, que impida la concreción de lo requerido.
Atribuyen responsabilidad a los demandados, por la violación de los derechos humanos de su hija, en especial de su derecho a la salud, a raíz de la omisión en que habrían incurrido, pese a los reclamos efectuados a esa obra social (v. fs. 33 y 92), al Presidente de la Nación (y. fs. 35), al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 36) y al Intendente Municipal de La Matanza (y. fs. 37).
Manifiestan que fundan también su pretensión en los arts. 14 bis, 16, 17, 28, 31, 33, 75 (incs. 12, 19, 22, 23, 24 y 32), 89, 99 (incs. 1, 2, y 6) de la Constitución Nacional, en las Leyes N° 19.865 y 24.901, en los Decretos N°762/97 y 1 193/98, y en la Resolución ‘d Ministerio de Salud Acción Social N° 400/99.
Señalan que ambos se encuentran sin empleo y, por lo tanto, carecen de fondos suficientes para hacerse cargo del costo de la prestación médica que necesita la menor, quien actualmente sólo goza en forma temporal de los servicios de la Obra Social. del Personal de la Sanidad, en virtud de la relación laboral que con anterioridad tenía uno de ellos —Javier Daniel Del Valle-, la cual se extenderá hasta alcanzar los tres meses de cobertura obligatorios posteriores a la finalización de aquélla.
Es por eso que han peticionado a esa entidad la ampliación de dicho plazo pero, ante la negativa de esa obra social y la falta de respuesta de los reclamos posteriormente efectuados al resto de los demandados, es que han decidido interponer la presente acción de amparo.
Solicitan, asimismo, una medida cautelar, por medio de la cual se ordene -a los accionados- disponer las medidas necesarias, para que la menor tenga acceso a una cobertura educacional y a un servicio de transporte especial.
A fs. 102, el Juez interviniente, de conformidad con el dictamen de la Fiscal del fuero (v. fs. 101), declaró su incompetencia para entender en el presente proceso, por corresponder, en su opinión, a la competencia originaria del Tribunal, al resultar demandados la Provincia de Buenos Aires y c Estado Nacional.
En ese contexto, V.E. corre vista a este Ministerio Público, por a competencia, a fs. 104 vuelta.
-II-
Cabe recordar, en principio, que el Tribunal ha reconocido la posibilidad de que la acción de amparo, de manera general; tramite en esta instancia, en la medida en que se verifiquen las hipótesis que surtan la competencia originaria, porque de otro modo, en tales controversias, quedarían sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el art. 43 de la Constitución Nacional y por la ley N° 16.986 (Fallos: 307:1379; 311:489, 810y 2154; 312:640; 313:127 y 1062 y 322:1514).
Sentado lo expuesto, entiendo que la cuestión radica en determinar si en autos se presentan los requisitos que habilitan la instancia originaria de la Corte.
A mi modo de ver, dichos recaudos se cumplen en el sub lite, toda vez que, prima facie y dentro del limitado marco cognoscitivo propio de la cuestión de competencia a dictaminar, son demandados en el pleito el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires. En consecuencia, la única forma de conciliar lo preceptuado por el art. 117 de la Constitución Nacional respecto de las provincias, con la prerrogativa jurisdiccional que le asiste, a la Nación —o a una entidad nacional- al fuero federal, sobre la base de lo dispuesto en el art. 116 de la Ley Fundamental, es sustanciando la acción en esta instancia (Fallos: 305:441; 308:2054; 311:489 y 2725; 312:389 y 1875; 313:98 y 551; 317:746; 320:2567, 322:190; 323:702 y 1110 y dictamen de este Ministerio Público, en un causa sustancialmente análoga al sub examine, in re Comp. 577. XXXVI. Ramos, Marta Roxana y otros el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente y otros s/ amparo, del 8 de septiembre de 2000, cuyos fundamentos fueron compartidos por V.E. en su sentencia del 21 de noviembre de 2000).
En tales condiciones, opino que la presente acción de amparo corresponde a la competencia originaria de la Corte ratione personae.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2001. MARIA GRACIELA REIRIZ.

Buenos Aires, 13 de Noviembre del 2001.
Autos y Vistos; Considerando:
1°) Que a fe. 66/72 se presentan ante la justicia federal de la Capital Patricia Susana Chena y Javier Daniel! Delvalle, ambos por derecho propio y en representaci6n de su! hija menor N. A. D., y deducen acción de amparo:
contra la Obra Social del Personal de la Sanidad -correspondiente a la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA)-, el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de La Matanza (ver aclaración de fe. 96 vta. in fine/97 y 99)
La demanda persigue que dicha obra social —o en su defecto los otros codemandados- respeten el derecho a la salud de la niña y le otorguen en consecuencia “atención médica y tratamiento terapéutico y educacional”. En concreto requieren que se le suministre: a) “cobertura de colegios especia les” en los establecimientos ubicados en las calles Alberdi 1679 y Pergamino 251 de esta ciudad, de lunes a viernes; b) un servicio de transporte especial que la traslade diariamente desde su domicilio (en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrer hasta uno de los establecimientos referidos, desde allí hasta el otro colegio y, finalmente, de regreso a su hogar.
Afirman que Nicole sufre de una incapacidad auditiva permanente y que por ello debe asistir a colegios especia les a fin de poder integrarse a la sociedad y completar su formación.
Dicen que actualmente la niña esta recibiendo educación especial en los dos colegios mencionados, donde se le da atención adecuada, de manera que no existen motivos para cambiar. Señalan que carecen de empleo, de ingresos y de fondos suficientes para seguir atendiendo los costos de las prestaciones que su hija necesita (transporte y colegios especiales y -en un futuro inmediato- nuevos audífonos) y que la continuidad del tratamiento depende de que la obra social de FATSA cumpla con su obligación (lo que no ha hecho hasta ahora).
Puntualizan que la relación que mantienen con esta última se origina en el hecho: de que uno de ellos (Javier Delvalle) tuvo un empleo -que actualmente ha finalizado- y está vigente aún la cobertura de la obra social. Añaden que solicitaron a FATSA la extensión temporal de dicha cobertura sin obtener respuesta favorable, razón por la cual efectuaron una denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud y enviaron notas al intendente de La Matanza, al gobernador de la Provincia de Buenos Aires y al presidente de la Nación, ya que -de acuerdo con la normativa vigente— en el hipotético caso de que FATSA no diera pleno cumplimiento a su obligación, el Estado debería hacerse cargo de las prestaciones requeridas.
Sostienen que si los obligados no abonan el costo de los servicios, éstos se verán interrumpidos a corto plazo, lo que provocará la pérdida de lo ganado en meses de trata miento y enormes deterioros en la salud de la niña. Fundan su derecho en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y acompañan un anexo con el “sustento teórico” de la acción (fs. 1/14) .
2°) Que el art. 10 de la ley de obras sociales 23.660 establece que el carácter de beneficiario “subsistirá mientras se mantenga el contrato de trabajo o la relación de empleo público y que “en caso de extinción del contrato de trabajo, trabajadores.. .mantendrá su calidad de beneficiarios durante un período de (3) meses contados de su distracto, sin obligación de efectuar aportes”, prórroga que se hace extensiva al grupo familiar primario del trabajador Ello sin perjuicio de la ampliación que pudiera disponer la autoridad de aplicación (conf. precepto citado y art. 10 la reglamentación aprobada por el decreto 576/93).
En el caso, el señor Delvalle habría trabajado en relación de dependencia hasta el 23 de enero de 2001 (ver fs. 32), de manera que el plazo aludido venció el 23 de abril del 2001.
Esta circunstancia fue expresamente reconocida por aquél en el telegrama que envió a OSPSA el 18 de mayo 2001, en el que, le pedía que “se solidarice con mi. estado de necesidad y proceda en consecuencia a la ampliación del plazo de cobertura -no obstante encontrarse superados los tres meses de finalizada la relación laboral-...” (fe. 91/92)
A su vez, la obra social rechazó el pedido de ampliación de cobertura y señaló que tanto Delvalle como su grupo familiar habían “perdido la condición de beneficiarios de OSPSA” (fe. 93)
3°) Que el señor Delvalle también remitió notas (fechadas el 3 de abril de 2001) al intendente de La Matanza, al gobernador de la Provincia de Buenos Aires y al presidente de la Nación en las que relataba que había solicitado a la obra social la extensión de cobertura para su hija “al menos durante un año” y pedía que “se provean los elementos y partidas materiales concretas, para que lo requerido a FATSA sea aportado por el Estado, en caso de que FATSA no lo provea” (sic, fs. 35/37)
Sin esperar una respuesta a estos reclamos, el 6 de abril de 2001 (esto es tres días después de su presentación), los padres de la niña promovieron, la presente demanda.
4°) Que la Provincia de Buenos Aires les hizo saber a los presentantes el contenido de un informe según el cual el requirente figuraba (en el compact disc de cobertura médico-asistencial), como beneficiario de una obra social (OSPSA - FATSA). Adviértase que a la época del informe (25 de abril de 2001) acababa de expirar el plazo previsto en el citado art. 10 de la ley 23.660, lo que explica que Delvalle siguiera apareciendo en el soporte de datos como afiliado.
Cabe señalar que la ley local 10.592 garantiza -entre otros- los servicios de “recuperación y rehabilitación integral” y “formación educacional”, como así también “facilidades para utilizar el transporte público” para las personas discapacitadas, “en la medida en que éstos, las personas de quienes dependan o los organismos de obra social a los que pertenezcan no posean los medios necesarios para procurárselos” (art. 4).
En tales condiciones, la respuesta de la provincia -que se limitó a transmitir al requirente el informe referido- no implica un rechazo definitivo de la petición, ya que no cancela la posibilidad de solicitar un pronunciamiento expreso sobre su reclamo, previa acreditación -ante el organismo competente- de la carencia actual de una cobertura de obra social.
Por otra parte, Delvalle había supeditado su requerimiento a la eventualidad de que FATSA no proveyera los servicios (fs. 36), de manera que el pedido formulado a la provincia tenía un carácter subsidiario es decir que se hallan condicionado a la falta de respuesta favorable de la obra social. Por ser ello así, la conducta de esta codemandada tampoco aparece revestida de “arbitrariedad o ilegalidad manifiesta”.
5°) Que la ley nacional 24.901 establece -de manera similar a la ley provincial- que la cobertura total de las prestaciones básicas allí anunciadas estar a cargo de las obras sociales y que las personas no amparadas por esas instituciones tienen derecho a recibir aquellas prestaciones por medio de organismos dependientes del Estado (arts. 2 a 4).
En la nota emitida al presidente de la Nación padre de la niña también formuló su requerimiento en forma condicional, supeditado a la falta de provisión de los servicios por parte de FATSA. Por ende, su petición tenía -como e el caso de la provincia- un carácter subsidiario y consiguientemente no hacía exigible un pronunciamiento concreto en la autoridad nacional. Cabe descartar entonces la presencia de “arbitrariedad o ilegalidad manifiesta” de parte del Esta do Nacional.
6°) Que la nota remitida al intendente de La Matanza (fe. 37/37 vta.) era de idéntico tenor a las examinadas e los considerandos anteriores, de manera que resultan extensivas a la comuna las conclusiones vertidas respecto de la provincia y del Estado Nacional.
Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal se decide Rechazar in limine la demanda de amparo seguida por Patricia Susana Chena y Javier Daniel Delvalle (por si y en nombre de N. A. D.) contra la Obra Social del Personal de la Sanidad, el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de La Matanza (art. 3 de la ley 16.986). Notifíquese. JULIO S. NAZARENO.- EDUARDO MLINE O´CONNOR.- CARLOS S. FAYT.- AUGUSTO CESAR BELLUSCIO.- ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.- ANTONIO BOGGIANO.- GUILLERMO A. F. LOPEZ.- GUSTAVI A. BOSSERT.- ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

Chavez Irala Dominga c/ Diaz Oscar Alberto si Daños y Perjuicios

2008-05-01T02:20:00.001-07:00

Chavez Irala Dominga c/ Diaz Oscar Alberto si Daños y Perjuicios

Sumarios:
1.- De manera que si efectivamente medió mora en el pago de la prima, la citada en garantía debió alegar el rechazo de la cobertura dentro del plazo de 30 días en los términos que establece art. 56 de la ley 17.418. (Art. 56 ley 17.418:"El asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los treinta días de recibida la información") importando tal omisión, el reconocimiento del derecho del asegurado.
2.- El hecho de que el accidente se produjo en un terreno baldío en donde se efectuaban obras de construcción genera la obligación de extremar las medidas de prudencia por propios y extraños evitando así todo tipo de accidentes. Más aún en el presente caso donde la calidad de chofer profesional termina por comprometer la conducta del demandado, susceptible de las máximas exigencias, incrementándose por la envergadura que se le atribuye al vehículo que conducía . Por tales circunstancias y de acuerdo con lo normado por el art. 1113 del Cód. Civil, la prueba que debía producir el demandado para eximir su responsabilidad debía serlo del mayor convencimiento y fehacientemente acreditada.
3.- El demandado tampoco puede razonablemente invocar la imprevisibilidad ante lo ocurrido, cuando es de todos sabido cuál es la conducta generalizada de los menores y adultos ante la oportunidad que ofrece un predio - desocupado- y en el que no se establecen restricciones algunas para accederlo, cuánto más si el hecho ocurrió un día sábado, habitualmente no laborable.

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de Abril de dos mil uno, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “Chavez Irala Dominga c/ Diaz Oscar Alberto si Daños y Perjuicios respecto de la sentencia de fs. 955 / 966, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿ ajustada a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: FELIX R. DE IGARZABAL - GER0NIMO SANSO - LUIS LOPEZ ARAMBURU.-
A la cuestión planteada el Dr. de Igarzabal, dijo
1.- El 9 de abril de 1994, el menor Diego Alejandro Seledon Chavez fue pisado por un camión propiedad de la demandada.
La citada en garantía opuso falta de legitimación para obrar por encontrarse impagas las cuotas del premio de la póliza respectiva.
La sentencia hizo lugar parcialmente a la demanda por considerar que existió culpa de la víctima en la producción del accidente.
Rechazó la excepción opuesta por la aseguradora.
Estimó que existió responsabilidad compartida -60% para la actora y 40% para la demandada- en la ocurrencia de los hechos que motivan la demanda.
La sentencia prosperó por $ 185.200, para el menor y $ 4.000 para la madre.
II.- Ambas partes y la citada en garantía se agravian expresando disconformidad respecto de los porcentuales de responsabilidad que la sentencia les atribuye. También por la fijación de los montos resarcitorios que la actora considera exiguos y excesivos la demandada.
La citada en garantía a su vez porque fue rechazada la excepción de falta de legitimación que oportunamente opusiera.
He de tratar los agravios según la secuela correspondiente de la sentencia.
III.-En cuanto a la excepción de falta de legitimación opuesta por la citada en garantía rechazada por la sentenciante, considero que corresponde mantener su decisión, pero por los argumentos que a continuación señalaré.
La compañía de seguros aduce que al momento del siniestro la prima se encontraba impaga, lo que motivó la suspensión automática de la cobertura, y respecto a ello no tenía obligación alguna para con el asegurado, ya que la cláusula indicaba claramente que en tal caso no había necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, ni constitución en mora, la que se produciría por el sólo vencimiento del plazo.
Sin embargo, participo de la idea que alude a la necesidad de expedirse en los términos del art. 56 de la ley 17.418. Art. 56.- (ley 17.418):El asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los treinta días de recibida la información complementaria prevista en los párrafos 2° y 3° del art. 46. La omisión de pronunciarse importa aceptación.
De manera que si efectivamente medió mora en el pago de la prima, la citada en garantía debió alegar el rechazo de la cobertura en virtud de la consiguiente suspensión, en el plazo que contempla el citado artículo.
No hay documento alguno con el que se acredite el extremo indicado precedentemente (carta documento, etc.).
Tal omisión, importa sin más el reconocimiento del derecho del asegurado por el mero transcurso del plazo establecido en dicha disposición.
Por los argumentos esgrimidos la pretendida falta de cobertura no resulta procedente, debiendo confirmarse la sentencia que así lo decide.
IV.- RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Es de la mayor incumbencia analizar exhaustivamente circunstancias de modo y lugar que permitan configurar los hechos que motivaron el accidente.
También participación que cupo a quiénes terminarían de ser responsables del mismo.
Así, respecto del lugar, por razones de cronología y presumible objetividad, cabe ponderar en primer lugar, lo que aparece instrumentado en la causa penal.
De fs. 7 de dichas actuaciones resulta, la identificación del testigo Luis Alfredo Salas y la confección de un croquis situacional (fs. 8).
A fs. 10 de esas actuaciones la madre del menor relata como se enteró del accidente.
Al respecto es del caso señalar que la ubicación del camión en el croquis de referencia lo es según la versión del testigo aludido y no la originaria en el momento del accidente, ello en cuenta que la madre en su declaración dice que el menor fue trasladado al hospital en el mismo vehículo poco después de ocurrido el suceso. La madre no presenció el accidente, no encontrándose en el lugar.
El testigo aludido, presencial del accidente, relata cómo ocurrió y que sus advertencias para evitarlo no fueron escuchadas por el conductor del camión.
A fs. 21 del aludido expediente luce un informe socio ambiental del que resulta, que el menor vivía con su madre, no así con su padre y sí con el padrastro.
El informe señala que se trata de un grupo familiar desintegrado.
Ello, es traído a colación porque no poca incidencia tiene a los fines de atribuir responsabilidades.
Así, según lo afirma Salas - el testigo presencial - el chico estaba solo, jugando en el predio que se grafica según croquis de fs. 8 de la causa penal y planimetría de fs. 809, y que aparece integrado por una manzana o baldío en el cual se estaban construyendo viviendas y se depositaban materiales.
No existe constancia en autos que permita suponer que dicho lugar, sucedáneamente pudiera ser considerado como un lugar habilitado como de público acceso, aunque de hecho así lo fuera.
Si resulta, que por ser un lugar en donde se efectuaban obras de construcción, al mismo accedían vehículos de carga, tal como ocurrió el día del accidente.
Por tratarse de un espacio a “cielo abierto”, dicho acceso podía concretarse por cualquiera de las calles adyacentes.
Al respecto es de destacar que según los testimonios de Salas (fs. 67 causa penal) y de Charles (fs. 71 íd), el mismo aparece descripto con contradicciones.
Así, mientras que Salas dice que entró por Lacarra (croquis fs. 8), Charles lo refiere como haciéndolo por el lado contrario (croquis de fs. 71 vta.).
Lo cierto es que ya sobre el terreno el camión pisó al menor y que mientras que nada permite suponer, que existiera impedimento alguno para que el vehículo avanzara por ése lugar, si cabía en cambio por la no descartable presencia de niños mantener la máxima atención.
Respecto de la presencia del menor, cabe tener en cuenta que su discernimiento no estaba preparado para evaluar la situación de riesgo en que se encontraba
Así, con voto del suscripto en primer término, esta sala advirtió que: El menor impúber carece de noción de lo bueno y de lo malo y no puede apreciar lo que para él puede o no ser conveniente, por lo que necesita de la asistencia de cualquiera de sus progenitores para acceder a la vía pública y evitar un hipotético descontrol ( causa B284173 del 24-3-00 “Mamani c/ Rodriguez”).
No dejo de advertir que un terreno baldío puede ser asimilable al concepto de plaza, a los fines de que jueguen en él los menores, pero no es así en cuanto en ese lugar se está efectuando obras de construcción, siempre generadores de riesgos concretos que requieren el máximo cuidado por parte de quienes participan en ellas y mucho más a quienes son ajenos.
Ello no empece que, participando de las tareas propias que la obra requiere, ‘quienes lo hagan deban extremar medidas de prudencia por propios y extraños evitando así todo tipo de accidentes.
Más aún en el caso cuando su calidad de chofer profesional termina por comprometer su conducta, susceptible de las máximas exigencias, cuando además el riesgo se incrementa por la envergadura que se le atribuye al vehículo que conducía (pericia de fs. 809).-
Por tales circunstancias y de acuerdo con lo normado por el art. 1113 del Cód. Civil, la prueba que debía producir el demandado para eximir su responsabilidad debía serlo del mayor convencimiento y fehacientemente acreditada.
Razonablemente no podía invocar la imprevisibilidad ante lo ocurrido, cuando es de todos sabido cuál es la conducta generalizada de los menores y adultos ante la oportunidad que ofrece un predio - desocupado- y en e! que no se establecen restricciones algunas para accederlo, cuánto más si el hecho ocurrió un día sábado, habitualmente no laborable.
Creo por ello que la demandada debe absorber la parte de responsabilidad que le cupo en la producción del accidente.
Pero no cabe desconocer que por otra parte según fallo jurisprudencia! que comparto, la aptitud potencial para provocar daños a terceros, ínsita en la conducción de un automotor y la consiguiente asunción del riesgo y responsabilidad que ello trae aparejado, no obsta a la valoración de la conducta de la víctima del accidente, máxime en el caso que se trata de un menor impúber que deambulaba en compañía de otra menor únicamente (en el presente estaba solo).
Ello es así, por cuanto el ejercicio de la patria potestad pone en cabeza de los progenitores el deber de vigilancia y cuidado de los hijos menores (art. 265 del Cód. Civil).
Es que tratándose de un sujeto carente de toda capacidad para discernir
acerca de los actos en general, e ignorante total de la noción del riesgo, la falta de
previsión en concreto y de vigilancia por parte de aquéllas, que tienen a su cargo al menor, ha sido la causa coadyuvante que concurrió para que se produjera el hecho (C.Nac. Civ. Sala L, 20/10/95, J.A. 1998-II-síntesis).-
Incidentalmente, destaco el esfuerzo profesional que importa la expresión de agravios de la actora, pero a su vez que no corresponde dimensionar como lo pretende, los efectos de la confesión ficta del conductor del camión cuando, como en el caso de autos, existen elementos de convicción ciertos objetivos que hacen, más que a su imprevisión, a la imprudencia de los progenitores de la víctima. Existieron graves fallas en la conducción de la cosa por parte del chofer y de la persona, por parte de sus padres lo cual torna coherente lo decidido por la Señora Jueza.
También la agraviada debe tener en cuenta las contradicciones- en parte destacadas - en que incurrieron sus propios testigos sea en como ingresó el camión, debida o indebidamente, por el lugar aconsejable u ordinario, o por otro, y la permanencia del menor en el lugar, si solo o acompañado por otro menor.
Su prueba, que terminó por ser la única aportada en autos no enervó la atribución de responsabilidad reconocida.
Creo por todo ello que, para el caso también corresponde inculpar a la actora por las consecuencias del accidente que motiva el reclamo aunque proponiendo que lo sea en un 50%, modificando así lo decidido por la sentencia.
Tengo en cuenta que se ha reconocido que “Habiendo concurrido en autos, el riesgo y la culpa, merituándose la conducta desplegada en la emergencia por los intervinientes, ponderándose las circunstancias del caso y por el reproche que cada una de ellas merece (imputación objetiva en un caso y subjetiva en el otro), no pueden advertirse diferencias en la contribución a la formación del nexo causal, correspondiendo establecer la responsabilidad de las partes y adjudicar la culpa por mitades”.
En consecuencia, modifícanse los porcentuales de responsabilidad atribuyéndose un 50% para cada parte.
V.- MONTOS RESARCITORIOS
La actora considera que son reducidos los montos fijados para compensar la incapacidad sobreviniente, el daño moral y la lesión estética.
A su vez, la demandada por considerarlos excesivos.
Nuevamente destaco la completa exégesis que concreta la expresión de agravios de la actora en el tratamiento de los mismos.
Los tengo presente, como así también que se trata de compensar un daño que se verificará durante todo el resto de la vida del damnificado.
En la imposibilidad de reponerlas a su estado anterior (art. 1083 Cód. Civil) el resarcimiento debe importar prospectivamente, la integración de un capital que genere rédito para solventar los gastos que el desarrollo de la vida de una persona requiere.
De acuerdo con las constancias de autos, tal desarrollo será para el menor afectado, maximamente complejo y dificultoso, más aún habida cuenta la precaria e inestable situación socioeconómica por la que atraviesan sus padres y guardador.
Si bien la pericia médica (físico-psíquica) atribuye el 80 %, como porcentual de incapacidad sobreviniente a la víctima, el 20% restante de “capacidad” difícilmente pueda importar suficiente fuente de ingresos constantes y apreciables como

para ponderarlo como factor de índole laboral.
Es por ello, que puede ocurrir que en los casos de gran incapacidad, se suela exceder el monto que se hubiera otorgado en caso de pérdida de la vida, habiendo justificadas razones para ello, ya que el perjuicio que sufre el damnificado es aún mayor del que le hubiera producido aterceros su deceso (C. Nac. Civ. Sala C., “Segura c/Hagelin”, J.A., 1 998-1-Sintesis).
Creo por ello que corresponde incrementar el monto fijado en la sentencia para atender la incapacidad sobreviniente del menor, proponiendo que lo sea hasta$ 120.000.
VI.- DAÑO MORAL
Considero que el resarcimiento del daño moral está llamado a compensar una amplia gama de sentimientos, pánico, angustias y frustraciones de índole subjetiva que se manifiestan en y despues del momento del accidente.
Así, el susto inicial, la cruenta convalecencia con prolongados tratamientos, no siempre favorables, las secuelas posteriores, la incontinencia en las funciones
fisiológicas, la incertidumbre de lo que vendrá.
Cuanto más si acontecido el hecho durante la infancia, es en la adolecencia
cuando se concientizan y dimensionan sus consecuencias.
Es así, que ante la posibilidad, mediante recomposición dineraria, de poder proporcionar el mayor espectro de paliativos a la situación espiritual por la que pasa el menor, y hacerlo acceder a los medios que culturalmente le facilitaron asimilar su dolor, corresponde amparar con la máxima y razonable dimensión tales actuales o futuras expectativas.
Por ello, he de propiciar que se confirme el monto fijado por la sentencia para resarcir el daño moral.
VII.- DAÑO ESTETICO
La entidad de la deformaciones que aparecen descriptas en la pericia médica, estática o dinámicamente consideradas, ponen de relieve que por su magnitud y trascendencia configuran la existencia del daño estético cuyo resarcimiento se pide.
Admito que las secuelas descriptas en la pericia, no generan desde la óptica que se trata, una sensación de repulsa o desagrado, pero si que como expresión corporal, importan presentar una imagen distinta de la que de moda o las costumbres proporcionan en nuestro medio social actual, lo cual no compartido por el suscripto, deja de integrar una realidad.
La moda o las costumbres actuales se hacen generalizado eco.
Desde que tal circunstancia constituye una realidad, aceptada o no, no debe soslayarse al momento de considerar el daño sufrido por la víctima.
No parece excesiva asi la cifra solicitada en la demanda para atender este rubro por lo que atinente con los hechos y consecuencias mentados anteriormente corresponde ajustar lo decidido en la sentencia, acordemente con ellos y fijarse en $ 25.000.
VIII.- INTERESES
La citada en garantía, se agravia por la aplicación como interés puro de la tasa del 8% anual establecida en la sentencia, manifestando que la que corresponde porque recompone mejor el capital es la del 6% anual.
Al respecto la doctrina de la sala luego del dictado del plenario “Vazquez c/Bilbao”, consistió en aplicar la tasa del 6% anual hasta el 1/4/91 y desde allí en adelante, hasta el momento del efectivo pago la pasiva promedio que publique mensualmente el Banco Central de la República Argentina, sin hacer distinción alguna entre “deudas de dinero”, “o deudas de valor”, ya que el aludido plenario no lo hizo.
Sin perjuicio de lo expuesto y toda vez que no corresponde apartarse del principio dispositivo, teniendo en cuenta los términos de la queja corresponde admitir el agravio, revocando lo decidido por la sentencia, en lo que respecta a la tasa de interés puro aplicable, la que será del 6 % anual.
Las indemnizaciones acordadas ya han sido determinadas teniendo en cuenta el porcentaje por el que prospera la demanda.
Por los argumentos esgrimidos, se revoca la sentencia apelada estableciendo la responsabilidad en un 50% a cada parte, elevando la suma otorgada en concepto de incapacidad sobreviniente a la suma de $120.000, reduciendo el monto para atender el daño estético a la suma de $ 25.000 y determinando la tasa de interés al 6% anual desde el momento del hecho, y hasta la sentencia. Asimismo, deberán adecuarse los montos por los rubros no apelados a la proporción por la que prospera la acción en esta instancia. Costas a la demandada vencida en ambas instancias.
Los Dres. Sansó y López Aramburu por análogas razones a las aducidas por el Dr. de Igarzabal, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta. Con lo que terminó el acto FELIX R. DE IGARZABAL - GERONIMO SANSO - LUIS LOPEZ ARAMBURU.
Es fíel del Acuerdo. -
Buenos Aires, Abril de 2001.-
Y VISTOS Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo
que antecede, se revoca la sentencia apelada estableciendo la responsabilidad en un 50% a cada parte, elevando la suma otorgada en concepto de incapacidad sobreviviente a la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000), reduciendo el monto para atender el daño estético a la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000) y determinando la tasa de interés al 6% anual desde el momento del hecho, y hasta la sentencia. Asimismo, deberán adecuarse los montos por los rubros no apelados a la proporción por la que prospera la acción en esta instancia. Costas a la demandada vencida en ambas instancias.
Difiérese la adecuación dispuesta por el art. 279 del Código Procesal respecto del monto de los honorarios fijados en primera instancia, así como la determinación de los devengados por la actuación cumplida ante esta Alzada, hasta tanto se practique liquidación definitiva, que deberá incluir lo adeudado en concepto de gastos causados por la tramitación del presente proceso, y se encuentre abonada la tasa de justicia (conf: art. 505 del Código Civil, párrafo incorporado por la Ley 24.432). Notifíquese y devuélvase. FELIX R. DE IGARZABAL - GERONIMO SANSO - LUIS LOPEZ ARAMBURU.

Chavez, Mario Jorge y otros c. Tormago Rectificaciones S.C.

2008-05-01T02:19:00.002-07:00

Chavez, Mario Jorge y otros c. Tormago Rectificaciones S.C.

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a doce de abril de mil novecientos noventa y seis, reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, bajo la Presidencia de su titular doctor Arturo Domingo Ponsati, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Arturo Domingo Ponsati, René Mario Goane y Alberto José Brito, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor Vocal doctor Arturo Domingo Ponsati dijo:

1. - A fs. 166/172, la demandada deduce recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala Ia. de la Cámara del Trabajo de esta capital, con fecha 31.03.95 (fs. 145/158), el que le es concedido mediante auto del 13.10.95 (fs. 211). A fs. 217/222, la demandada presenta memoria facultativa.

2. - Reexaminado el cumplimiento de los requisitos formales de admisibilidad del recurso, según es deber y facultad de esta Corte, resulta que se encuentran adecuadamente reunidos.

3. - Se agravia el recurrente sobre los siguientes tópicos: a) La sentencia del a quo sería autocontradictoria, en cuanto después de haber desechado la aplicabilidad de las remuneraciones derivadas del supuesto convenio 10/75, condena a pagar diferencias salariales que incluyen las emergentes de dicha convención colectiva.

b) La sentencia condena a pagar diferencias salariales emergentes de la Convención Colectiva 13/75, cuando las mismas no fueron demandadas.

c) La sentencia concede al coactor Gini una antigüedad en el empleo mucho mayor que la informada por el perito, sin dar fundamentos.

d) La sentencia rechaza la defensa de prescripción, invocando la interrupción de la misma por obra de un expediente administrativo, cuya existencia no fue demostrada, imputando infundadamente a su parte haber admitido implícitamente su realidad.

De todo ello, el demandado concluye en la incongruencia del fallo, es decir su invalidez como acto jurisdiccional válido ya que está viciado de arbitrariedad.

4. - a) Del texto de la pericia contable y planillas anexas a la misma surge que las diferencias de haberes tomadas por la Cámara como emergentes del Convenio Colectivo 13/75 son, en realidad, diferencias de haberes calculados sumando los mencionados a las del convenio 10/75 (Cámara Automotor). Estas últimas son, según los considerandos del fallo, inaplicables al caso.

Existe, pues, contradicción entre los fundamentos y el decisorio, lo que configura arbitrariedad que descalifica, en este tópico, al fallo como acto jurisdiccional válido.

b) En la demanda se reclama diferencias provenientes del convenio 10/75 y, en subsidio, las originadas en el convenio 13/75, por lo que el agravio relativo a la aplicación de este último cuerpo normativo, es infundado. No hubo, pues, en ese sentido, decisión que fuera más allá de lo demandado.

c) Acerca de la antigüedad del coactor Gini, el error que señala el recurrente es evidente, en cuanto el ingreso del coactor a la empresa en la fecha que se desprende de la antigüedad que se le atribuye, no concuerda con la pericial, ni se apoya en elemento alguno de juicio que conste en autos. Lo cual, en tal sentido, determina la invalidez de la sentencia, por hallarse viciada de arbitrariedad.

d) Sobre la defensa de prescripción, la valoración de las circunstancias fácticas demostrativas de la existencia de actuaciones administrativolaborales suficientes para interrumpir el curso de la misma, así como la interpretación asignada por el a quo a las expresiones de la demandada y a la documentación obrante en autos, para justificar la conclusión a que arriba, no entran en el ámbito casatorio. Ello, ya que -errado o correcto el discurso sentencial no muestra signos de ruptura de las leyes de la lógica, de la sana crítica y de la razonabilidad, extremo necesario para predicar la arbitrariedad del decisorio sobre este aspecto del pleito.

5. - Los señalados déficits del fallo recurrido son atribuibles al órgano jurisdiccional, por lo que se imponen las costas de esta instancia en el orden causado. Las costas del resto del juicio, habida cuenta del resultado del mismo, también serán soportadas en el orden causado, como lo determina el fallo en recurso.

6. - La doctrina legal que funda la invalidación parcial de la sentencia es la siguiente: I) La existencia de autocontradicción manifiesta en la sentencia, la descalifica como acto jurisdiccional válido en el tópico concernido por ese vicio, que constituye arbitrariedad. - II) La asignación al empleado de una antigüedad sobre la cual no hay demostración alguna en el expediente contradiciendo el informe de perito contador, que tuvo a la vista el registro laboraladministrativo de la empresa al pronunciarse, resulta ser arbitraria, por tratarse de una afirmación dogmática sin otro sustento que la voluntad del órgano jurisdiccional sentenciante.

7. - En consecuencia, deben volver los autos al tribunal a quo, para que, en la composición que según ley corresponda, proceda a dictar nuevo pronunciamiento sobre los puntos antes referidos y sobre los cuales versa la declaración de invalidez que se pronuncia.

Los señores Vocales doctores René Mario Goane y Alberto José Brito, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor Vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y Visto: El resultado del precedente Acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, Resuelve. - I. - Hacer lugar parcialmente al recurso de casación deducido por la parte demandada contra la sentencia de la Sala Ia. de la Cámara del Trabajo de esta capital, declarándose la invalidez de la planilla general de condena y de las sumas que se manda pagar en el punto primero de la parte resolutiva de honorarios practicados en consecuencia. II. - Disponer vuelvan los autos al tribunal a quo para que éste, en la composición que según derecho corresponda, proceda a practicar nueva planilla general de condena y a determinar los montos de los créditos que se manda abonar por la demandada a los actores, conforme las pautas señaladas en los precedentes considerandos de esta sentencia. III. - Costas, según se considera. IV. - Diferir pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad. Hágase saber. - Arturo Domingo Ponsati. - René Mario Goane. - Alberto José Brito (Sec.: María C. Racedo Aragón de Luna).

Chavanne, Juan Claudio (incidente de extensión de quiebra) c. Graiver, Juan y otro

2008-05-01T02:19:00.001-07:00

Chavanne, Juan Claudio (incidente de extensión de quiebra) c. Graiver, Juan y otro.

Buenos Aires, 17 de marzo de 1998.- Autos y Vistos; Considerando: 1º Que esta Corte rechazó el pedido formulado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para que se lo eximiera de efectuar el depósito previsto por el art. 286 del cód. procesal civil y comercial de la Nación (fs. 82/83). La resolución se fundó en el precedente transcripto en fallos: 316:3129 (causa Bregazzi), según el cual las personas y actuaciones que están exentas del pago de las tasas judiciales figuran estrictamente especificadas en el art. 13 de la ley 23.898 [EDLA, 1990-271], dentro del cual no resulta encuadrada la parte recurrente.

2º Que el Colegio Público de Abogados pidió la nulidad de la reseñada resolución (fs. 95/96). Sostuvo -en lo sustancial que las exenciones al pago de la tasa de justicia no se circunscribían a las previstas en el art. 13 de la ley 23.898; también alegó que en decisiones posteriores a Bregazzi el Tribunal admitió expresamente que las exenciones no se limitaban a las enumeradas en la citada norma.

3º Que aunque las sentencias de la Corte no son susceptibles de ser revisadas por vía del recurso de reconsideración, revocatoria o nulidad, el principio reconoce excepciones en supuestos que presenten caracteres en verdad extraordinarios. Cabe hacer excepción a esta regla cuando se incurre en situaciones serias e inequívocas que demuestren con nitidez manifiesta el error que se pretende subsanar (Fallos: 315:1431 y sus citas).

4º Que la resolución atacada pone en evidencia un error que impone aplicar la doctrina reseñada precedentemente. En efecto, surge del pronunciamiento de fs. 82/83 que la enumeración del art. 13 de la ley 23.898 es considerada un numerus clausus: sólo en sus incisos estarían las personas y las actuaciones exentas del pago de la tasa de justicia. Consiguientemente, al no figurar el Colegio Público en la lista, no cabría considerarlo exento.

5º Que, sin embargo, el art. 1º de la ley 23.898 establece que Todas las actuaciones judiciales (...) estarán sujetas a las tasas que se establecen en la presente ley, salvo exenciones dispuestas en ésta u otro texto legal. Surge inequívocamente de esa norma que la enumeración que hace el art. 13 no agota el catálogo de personas o actuaciones exentas del pago de la tasa de justicia, pues las exenciones pueden perfectamente provenir de otras disposiciones legales que así lo establezcan.

6º Que el propio Tribunal ha reconocido la posibilidad de que las exenciones provengan -aparte de los casos previstos en el art. 13 de la ley 23.898- de lo establecido en disposiciones de otras leyes nacionales. Con referencia a estas últimas, ha destacado que la inclusión en las normas especiales que contemplan excepciones a tales tributos [sellado o tasa de justicia] debe ser expresa e interpretada con criterio restrictivo (confr. Fallos: 317:159 y 381; sentencias in re: R. 1065.XXXI Ramp, Juan Rodolfo y otra c. Cruz Médica San Fernando S.A., del 27 de febrero de 1996 y F. 555.XXXI Ferrocarriles Argentinos c. C.A.V.A. S.C. y/o Faustino Nieto y/o quien resulta propietario del 26 de marzo de 1996).

7º Que, en consecuencia, atribuir al listado del art. 13 de la ley 23.898 el carácter de una enumeración taxativa que supuestamente esterilizaría las exenciones consagradas en otras leyes nacionales, viola el art. 1º de la mentada ley y desconoce la jurisprudencia del Tribunal sobre el punto.

8º Que, sentado lo expuesto, sólo cabe constatar que el Congreso de la Nación ha manifestado claramente su voluntad de exceptuar al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal del pago de todo impuesto, tasa o contribución nacional o municipal (art. 64, ley 23.187 [EDLA, 1985-72]) y que, por lo tanto, es preciso considerar a la tasa de justicia comprendida en esta norma de tan claros alcances.

9º Que, por fin, no valdría argüir que dicha norma no menciona expresamente a la tasa de justicia. En efecto, sería gratuito y especioso pretender que el Congreso sólo hubiera podido concretar las exenciones a través de un farragoso y casuístico listado de tributos y no -como lo hizo por medio de una fórmula comprensiva de todos ellos.

Por ello, se hace lugar a lo solicitado, se declara la nulidad de la resolución de fs. 82/82 y que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal está exento del depósito dispuesto por el art. 286 del cód. procesal civil y comercial de la Nación. Reintégrese el depósito efectuado en autos. Notifíquese. - Julio S. Nazareno (en disidencia). - Eduardo Moliné OConnor (en disidencia). - Carlos S. Fayt. - Augusto César Belluscio (en disidencia). - Enrique Santiago Petracchi. - Antonio Boggiano. - Guillermo A. F. López. - Gustavo A. Bossert (en disidencia). - Adolfo Roberto Vázquez (según su voto).

VOTO DEL SEñOR MINISTRO DOCTOR DON ADOLFO ROBERTO VáZQUEZ. - Considerando: 1º Que esta Corte rechazó el pedido formulado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para que se lo eximiera de efectuar el depósito previsto por el art. 286 del cód. procesal civil y comercial de la Nación (fs. 82/83). La resolución se fundó en el precedente transcripto en Fallos: 316:3129 (causa Bregazzi), según el cual las personas y actuaciones que están exentas del pago de las tasas judiciales figuran estrictamente especificadas en el art. 13 de la ley 23.898, dentro del cual no resulta encuadrado.

2º Que el Colegio Público de Abogados pidió la nulidad de la reseñada resolución (fs. 95/96). Adujo, que el Tribunal no contempló que las exenciones pueden también estar establecidas en otros textos legales (art. 1º, ley 23.898), a pesar de que en decisiones posteriores a Bregazzi expresamente lo había considerado.

Siguiendo este orden de ideas, concluyó que el privilegio de que gozaba para no ser comprendido en la carga que implica el pago de la tasa judicial, provenía de la ley 23.187 y que en consecuencia, le era aplicable el art. 286, 2º párr. del cód. procesal civil y comercial de la Nación, que en relación al depósito prescribe, que no será efectuado por los que estén exentos de pagar sellado o tasa judicial, conforme a las disposiciones de las leyes nacionales respectivas.

3º Que aunque las sentencias de la Corte no son susceptibles de ser revisadas por vía del recurso de reconsideración, revocatoria o nulidad, cabe hacer excepción a esta regla cuando se incurre en situaciones serias e inequívocas que demuestren con nitidez manifiesta el error que se pretende subsanar (Fallos: 315:1431 y sus citas).

4º Que es importante señalar al respecto, que en dicha sentencia, la disidencia del juez Vázquez remitió a sus votos en disidencia en las causa U.14.XXXII Urdiales, Susana Magdalena c. Cossarini, Franco y otro sentencia del 8 de agosto de 1996 y M. 1603.XXXI Marono, Héctor c. Allois, Verónica D., fallada el 26 de noviembre de 1996. En dichos precedentes, se postuló que la gratuidad inicial de acceso a la jurisdicción no podía ser entendida en términos absolutos, sino sólo hasta el momento en que los jueces se expidiesen en definitiva en la causa, a través de una sentencia firme por haberse agotado a su respecto todas las posibilidades recursivas, dando a cada uno lo suyo y haciendo pagar las costas provocadas por el dispendio judicial al vencido.

5º Que en atención a la doctrina antes mencionada, resulta vital el análisis de los argumentos vertidos por el recurrente en su escrito, en punto al error en que incurrió el Tribunal al determinar que no correspondía eximirlo del pago del depósito del art. 286 del ordenamiento ritual.

Ello, porque de la decisión que se adopte en el recurso, dependerá si debe o no integrarlo.

6º Que a fin de facilitar la tarea de indagar el alcance de las normas en juego, cabe recordar que la ley 23.898 establece, en su art. 13, quienes son las personas y actuaciones que están exentas del pago de las tasas judiciales, y que no se entendió en la resolución en crisis, que el Colegio Público de Abogados esté alcanzado por dicha disposición. Por su parte, el art. 1º determina que Todas las actuaciones judiciales (...) estarán sujetas a las tasas que se establecen en la presente ley, salvo exenciones dispuestas en ésta u otro texto legal.

7º Que las normativas en examen deben ponderarse de conformidad con la regla según la cual la interpretación de las leyes corresponde hacerse evitando dar un sentido que las ponga en pugna y adoptar como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 303:578, 1041, 1776; 304:794, 849; 310:195, 312:1614, entre muchos otros). En tal sentido, en la sentencia publicada en Fallos: 311:193, se resolvió que al interpretar una norma no debe dejarse sin efecto ninguna de sus disposiciones sino hallarse una inteligencia que las concilie.

8º Que de acuerdo a lo expresado, es evidente que en el pronunciamiento resistido no se efectuó una correcta hermenéutica de los preceptos en cuestión, por lo que se impone admitir que las exenciones no necesariamente deben provenir de la ley 23.898.

9º Que consecuentemente, es correcta la afirmación del Colegio Público de Abogados en cuanto a que el propio Tribunal ha reconocido la posibilidad de que las exenciones provengan -además de los impuestos previstos en el art. 13 de la ley 23.898- de lo establecido en disposiciones de otras leyes nacionales. Prueba de ello, son las sentencias R. 1065.XXXI Ramp, Juan Rodolfo y otra c. Cruz Médica San Fernando, S.A., del 27 de febrero de 1996 y F. 555.XXXI Ferrocarriles Argentinos c. C.A.V.A., S.C. y/o Faustino Nieto y/o quien resulte propietario del 26 de marzo de 1996, en donde se contemplaron otras normas especiales que prevén excepciones a tales tributos (sellado o tasa de justicia).

10. Que resuelta esta primera cuestión, es menester analizar si el art. 64 de la ley 23.187, alude también entre las tasas a la de justicia.

11. Que para hacerlo, cuadra traer a estudio los fallos de este Tribunal, según los cuales la exégesis de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho, por lo que no debe prescindirse de las consecuencias que derivan de cada criterio pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (Fallos: 310:464). Y que, la interpretación de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que la informan, y a ese objeto la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento y profundo de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente para evitar la frustración de los objetivos de la norma (Fallos: 310:1390; 317:672).

12. Que de lo dicho se sigue que no puede redundar en menoscabo de los derechos del recurrente la redacción poco afortunada de la ley, máxime si se tiene en cuenta que probablemente obedeció a que el legislador intentó evitar la formulación de un farragoso y casuístico listado de tributos.

Resulta acertado señalar entonces -además de las razones expuestas en la sentencia de fs. 82/83 (voto en disidencia del juez Vázquez)- que una correcta interpretación del art. 64 de la ley 23.187 lleva a considerar contemplada en él a la tasa de justicia.

Por ello, se hace lugar a lo solicitado y se declara la nulidad de la resolución de fs. 82/83. En consecuencia, se exime al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal del depósito dispuesto por el art. 286 del cód. procesal civil y comercial de la Nación. Reintégrese el depósito efectuado en autos. Notifíquese. - Adolfo Roberto Vázquez.

DISIDENCIA DEL SR. PRESIDENTE DOCTOR DON JULIO S. NAZARENO, DEL SR. VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINé OCONNOR Y DE LOS SRES. MINISTROS DOCTORES DON AUGUSTO CéSAR BELLUSCIO Y DON GUSTAVO A. BOSSERT. - Considerando: Que en el sub examine es aplicable la doctrina de esta Corte según la cual sus sentencias, dictadas en los recursos de queja por apelación denegada, no son susceptibles de acción, incidente ni recurso de nulidad, salvo supuestos excepcionales que no se dan en el caso (Fallos: 310:1001, 1918; 311:459, 1788; 312:2106).

Por ello, se tiene por cumplida la intimación ordenada a fs. 82 y se rechaza la presentación. - Julio S. Nazareno. - Eduardo Moliné OConnor. - Augusto César Belluscio. - Gustavo A. Bossert.

Chapultec S.A c/ Rubén García s/ Daños y Perjuicios.

2008-05-01T02:18:00.001-07:00

Chapultec S.A c/ Rubén García s/ Daños y Perjuicios.

A C U E R D O
En la ciudad de La Plata, a -26- de mayo de mil novecientos noventa y tres, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Mercader, Vivanco, Laborde, Negri, Pisano, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Jus-ticia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa Ac. 46.273, "Chapultepec S.A. contra Rubén J. García S.A. Daños y perjuicios".
A N T E C E D E N T E S
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial -Sala I- del Departamento Judicial de Mar del Plata revocó la sentencia de primera instancia y en consecuencia rechazó la demanda entablada por cobro de daños y perjuicios, con costas de ambas instancias a la actora vencida, regulando los honorarios de los letrados intervinientes.
Contra tal decisión deducen, por derecho propio, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley. A fs. 668/673 el Escribano Armando L. Bertarini y el doctor Luis Raúl Togni y a fs. 681/692 los doctores Martín Pouyssegur y Carlos A. Castiglioni.
Denegados ambos por la alzada, la Suprema Corte hizo lugar a la queja presentada concediéndolos y llamando autos para resolverlos.
Encontrándose la causa en estado de dictar sen-tencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
C U E S T I O N E S
1ª ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de fs. 668/673 ?
En su caso:
2ª ¿Lo es el de fs. 681/692 ?
V O T A C I O N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Mercader dijo:
1. La Cámara, al revocar la sentencia apelada y rechazar por ende íntegramente la demanda entablada, reguló honorarios a los letrados intervinientes tanto por sus trabajos en primera instancia como ante la alzada.
2. Estas regulaciones son las que motivan los recursos extraordinarios interpuestos, fundados, en este caso, en que la sentencia impugnada ha omitido toda fun-damentación regulando sumas por demás arbitrarias en in-fracción a los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional, 23, 24, 51 y concordantes de la ley 8905 (sic).
3. Si bien es inexacto que la decisión en examen carezca en este aspecto de fundamentación y que, de haber sido ello así, el recurso a interponerse hubiera sido el de nulidad y no el planteado (art. 159, Const. prov.), juzgo que asiste razón a los recurrentes en el resto de sus argumentaciones.
Un simple cálculo aritmético permite poner de relieve que las cifras fijadas por la Cámara se encuen-tran por debajo de la escala mínima señalada por los arts. 14, 21 y 31 de la ley 8904, en orden a lo que pres-cribe el art. 23 de la ley citada.
Conforme a lo dispuesto por esta última norma, en efecto, "cuando fuere -como en el caso íntegramente desestimada la demanda... se tendrá como valor del pleito el importe de la misma, actualizado al momento de la sen-tencia en base a los índices de depreciación monetaria, si ello fuere pertinente".
Repotenciando entonces el importe reclamado en la demanda -A 26.800- conforme al coeficiente que resulta de dividir el índice de precios al consumidor suminis-trado por el INDEC para julio de 1990, fecha de la sen-tencia, por el correspondiente al mes de abril de 1985 en que se estimaran los daños (ver fs. 38) se obtiene un monto de A 584.325.900, ó $ 58.432,59 (art. 24, ley 8904) en base al cual los honorarios regulados no alcanzan a significar el porcentaje mínimo establecido por la ley en orden a los trabajos realizados por cada uno de los letrados recurrentes (art. 28 inc. a) de la ley de aran-cel).
Corresponde, en suma y de prosperar este criterio dejar sin efecto las regulaciones de honorarios realizadas a los letrados quejosos (causas Ac. 45.718, sent. del 4-II-92; Ac. 45.561, sent. del 2-VI-92 y Ac. 48.888, sent. del 25-VIII-92).
No resulta procedente, en cambio, la pretensión de añadir intereses al monto actualizado para efectuar el cálculo de la retribución, toda vez que en el segundo pá-rrafo de la norma correspondiente (art. 23), a diferencia del primero, no figura referencia expresa a su inclusión (doct. causa Ac. 19.400, sent. del 19-II-74 en "Acuerdos y Sentencias": 1974-I-119; L. 42.783, sent. del 21-VIII-90).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Los señores jueces doctores Vivanco, Laborde, Negri y Pisano, por los fundamentos expuestos por el señor Juez doctor Mercader, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Mercader dijo:
En la restante queja se aduce violación de los arts. 1, 14, 21, 23, 24, 31, 51 y 55 de la ley 8904, art. 1627 del Código Civil y arts. 14, 14 bis, 17, 18, 26 y 31 de la Constitución nacional, así como 9, 12, 24 y concor-dantes. de la Constitución provincial.
Siendo el meollo del recurso similar al planteado en la cuestión anterior, la solución ha de ser la misma, esto es, hacer lugar al reclamo interpuesto, dejando sin efecto las regulaciones practicadas y debiendo los autos volver a la instancia de su procedencia para que, integrado el tribunal como corresponda, se realice una nueva regulación (art. 289, C.P.C.).
Cabe destacar, por último, sin perjuicio de lo expuesto, que en los casos de litisconsorcio, el art. 21, 2do. párrafo de la ley arancelaria no dispone que deba aumentar la base en un 40% como parecen pretenderlo even-tualmente los recurrentes (fs. 687 vta.), sino que en tal supuesto la regulación debe hacerse según el interés de cada litisconsorte, no debiendo las regulaciones realizadas superar en total ese porcentaje (causas Ac. 41.761, sent. del 18-IX-90 y Ac. 45.718, sent. del 4-II-92).
Con alcance limitado a lo expuesto, voto por la afirmativa.
Los señores jueces doctores Vivanco, Laborde, Negri y Pisano, por los fundamentos expuestos por el señor Juez doctor Mercader, votaron la segunda cuestión también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, haciéndose lugar a los recursos extraordinarios interpues-tos, se dejan sin efecto las regulaciones de honorarios impugnadas, debiendo volver los autos al tribunal de origen para que proceda en consecuencia. Costas por su orden (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).
Los depósitos previos efectuados se restituirán a los interesados

Chaparro y Goicochea s/homicidio simple

2008-05-01T01:48:00.000-07:00

Chaparro y Goicochea s/homicidio simple

Dictamen de la Procuraci¢n General:
La Sala Segunda de la Cámara de Apelación en loCriminal y Correccional del Departamento Judicial de SanIsidro condenó por mayoría a Jos‚ Adolfo Chaparro y aGuillermo Marcelo Goicochea o Coycochea Malpica adiecis‚is años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas a cada uno de ellos por ser coautores responsables de homicidio simple. Art. 79 del Código Penal (fs. 744/754 vta.).
Contra este fallo deducen recurso de inaplicabilidad de ley los señores defensores -particular y Oficial- de los imputados Chaparro (fs. 762/767 vta.). y Goicochea (fs. 768/768 vta.).
A. Recurso de inaplicabilidad de ley a favor del procesado Chaparro:¯ Denuncia, el señor defensor particular, la "inexacta" aplicación de los arts. 255, 256, 258 y 259 del Código de Procedimiento Penal y violación de
los arts. 139 y 167 del mismo texto procesal penal. Discrepa con el valor probatorio que la Alzada le otorgó al reconocimiento en rueda de personas formalizado a fs. 402; a la pericia dactiloscópica de fs. 172 y de secuestro de fs. 123. Concluye solicitando se revoque el fallo y se absuelva a su asistido. Como viene planteado en mi opinión no puede prosperar.
El discurso del impugnante no pasa de ser su propia opinión opuesta al del Juzgador, en técnica ineficaz para provocar la revisión de la sentencia de la Alzada. Ineficacia que se agudiza porque tampoco dirige sus embates a los argumentos con que el fallo rechazó similares planteos de la expresión de agravios de la misma parte (ver fs. 747 y vta.; 748 vta. y 750).
B. Recurso de inaplicabilidad de ley a favor del procesado Goicochea¯: la Sra. Defensora Oficial denuncia la violación de los arts. 258 y 259 del Código de Procedimiento Penal y expresa sus objeciones en torno a la
integración de la prueba de cargo contra su asistido. Considero que tampoco este recurso puede ser acogido por V.E.
En su esfuerzo, la defensa, no relaciona sus argumentos con las normas que considera violadas (salvo a fs. 769 vta.) ni se hace cargo de todas las citas legales con que el Tribunal "a quo" acreditó la materialidad
ilícita -arts. 252, 255, 256 y 259 in fine del Código de Procedimiento Penal- y la autoría responsable -arts. 252, 255, 258 y 259 del Código de Procedimiento Penal-.Media, entonces insuficiencia. Art. 355 delCódigo de Procedimiento Penal-.
Tal es mi dictamen.

La Plata, marzo 29 de 1992 - Francisco Eduardo Pena
A C U E R D O
En la ciudad de La Plata, a quince de marzo de dos mil, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deber observarse el siguiente orden de votación: doctores Ghione, Laborde,
Pettigiani, San Martín, de Lázzari, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 49.119, "Chaparro, Adolfo Jos‚; Goycochea, Guillermo Marcelo. Homicidio".
A N T E C E D E N T E S
La Excma. Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial de San Isidro condenó a Jos‚ Adolfo Chaparro a la pena de dieciséis años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por ser coautor responsable del delito de homicidio simple y declaración de reincidencia y a Guillermo Marcelo Goicochea o Goycochea a la pena de dieciséis años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas por ser coautor responsable del delito de homicidio simple y declaración dereincidencia.
El señor defensor particular del procesado Chaparro y la señora Defensora Oficial del procesado Goicochea ¢ Goycochea interpusieron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes
C U E S T I O N E S
1a.) ¨Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, por el señor defensor particular del procesado Chaparro?
2a.) ¨Lo es el interpuesto por el señor Defensor Oficial del procesado Goicochea?
V O T A C I O N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Ghione dijo:
Coincido con el señor Procurador General en que el recurso no puede prosperar. Por razones metodológicas he de invertir el ordende los agravios.
1.- Respecto del cuerpo del delito, con mención del art. 259 -inc. 1§- del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- arguye el recurrente: a) que éste no consta por medio de pruebas directas e inmediatas,
y b) que "las presunciones mencionadas no surgen... de hechos probados" (fs. 767).
El primero de tales planteos es inaudible pues (habiéndose invocado en la sentencia recurrida los mismos elementos probatorios que en la de primera instancia) no fue oportunamente formulado para ante la Excma. Cámara –ver fs. 716/721 vta.- (P. 40.046, sent. del 15-XI-1994, e/o).
Y del segundo cabe resolver otro tanto, puesto que pese a ser reproducción de manifestaciones contenidas en la expresión de agravios -ver fs. 720 vta., último párrafo- la a quo no las entendió vinculadas con la
materialidad ilícita -ver fs. 745- sin que medie al respecto cuestionamiento fundado en ley del peticionante.
De todos modos y a mayor abundamiento, el argumento no guarda relación con la norma invocada.
2.- También sostiene el señor defensor que no se encuentra legalmente probada la autoría de su defendido y que, al resolver lo contrario, la Excma. Cámara conculcó los arts. 139, 140, 167, 259 -inc. 1§- y 434 -inc. 5§- del
Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.). La a quo encontró acreditado el extremo mediante plena prueba presuncional, dimanada del testimonio (y reconocimiento) de Marcos A. Rodríguez -fs. 1, 131 y 402-; las declaraciones testimoniales de Eduardo R. Campaña, Daniel A. Alvelo y Angel Blanco Vaquero (fs. 7, 8 y 9); la pericia de fs. 172; la capacidad delictiva del encartado; el intento de "hacer desaparecer las fotograf¡as de Chaparro" (fs. 750) y las declaraciones testimoniales de los policías intervinientes en la detención -fs. 337, 341, 342 y 343-.
a) Respecto del reconocimiento de M. Rodríguez sostiene el señor defensor que esa "pieza procesal...no puede ser merituada" pues el reconociente no dijo que había observado, en fotografías, la imagen del acusado.
El agravio ha sido insuficientemente formulado pues aparece como una simple opinión no sustentada en ley ya que los arts. invocados -139 y 140 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.-)- no guardan relación con el mismo puesto que no se alega el incumplimiento de ninguno de sus postulados.
b) Con relación a los testimonios de Blanco Vaquero, Alvelo y Campaña se limita a sostener que como estos "nunca individualizaron a Chaparro...nada liga sus dichos" (fs. 764) con el imputado.
Este planteo es también insuficiente pues no ha sido vinculado con ninguna de las reglas que consagra el art. 259 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.-.
c) Cuestiona la validez de la pericia de fs. 172 arguyendo que se incumplió el art. 167 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- porque al momento de realizarse se encontraba detenido el coprocesado Biglieri y que, por ello, "a nadie le puede ser oponible una pieza en ese estado" (fs. 764 vta./765).
Pero no se advierte, ni el recurrente intenta demostrar -el fallo citado en la pieza indicada no guarda relación con el supuesto- por que‚ razón ello así sería.
d) La opinión del señor defensor (fs. 765, 2do. párrafo) según la cual "esta pretendida alternativa no lo hace (al imputado) responsable del hecho principal" no ha sido, tampoco, relacionada con texto legal alguno.
e) Respecto de las fotografías se limita a afirmar dogmáticamente que fueron ilegalmente obtenidas y a formular apreciaciones personales; todo ello sin aludir a norma alguna.
Es innecesario analizar los restantes agravios del recurrente pues los elementos que permanecen indemnes por las razones apuntadas, con m s el basado en la –tenida por la Excma. Cámara- capacidad delictiva específica que no fuera cuestionado, satisfacen los requisitos de los incs. 2 y 4 del art. 259 del Código de Procedimiento Penal –según ley 3589 y sus modif.-, lo que permite mantener la plena prueba conformada en el fallo recurrido.
Voto por la negativa.
Los señores jueces doctores Laborde, Pettigiani,San Martín y de Lazzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Ghione, votaron la primera cuestión planteada también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez
doctor Ghione dijo:
Coincido con el señor Procurador General en que el recurso no puede prosperar.
Para censurar la prueba presuncional que conformó la a quo, la señora Defensora apela a diversos planteos, que no pueden ser favorablemente acogidos.
Así, con respecto al testimonio y reconocimiento de M.A. Rodríguez y a "las declaraciones de personal policial que dice haber escuchado espontáneamente del coprocesado Chaparro que en el homicidio estuvo con Goicochea" (fs. 769) sólo cita doctrina de esta Corte que se ajustaría a su pretensión sin aludir concretamente a cuáles serían las reglas violadas contenidas en los arts. 258 y 259 (P. 53.816, sent. del 7-VII-1998, e/o). Y su afirmación relativa al aludido testimonio de que "el indicio no puede fundarse en un hecho al que se refiere un solo testigo" no guarda relación con el uso que a ese elemento diera el juzgador ni contempla la circunstancia de
ser el hecho indiciario la propia declaración de Rodríguez.
Tampoco demuestra el carácter de "equívoco" que atribuye al indicio emergente de las declaraciones de Alvelo, Campaña y Blanco Vaquero con las observaciones que respecto de esos testimonios formula sin debido apoyo en normas sobre prueba (descripciones "variadas", distancia, etc. -fs. 768 vta./769-).
Su afirmación según la cual la "confesión extrajudicial" ha sido "abolida" sólo hace referencia a la "legislación vigente" (misma foja).
Finalmente no logra demostrar la violación del inc. 5§ del art. 259 que denuncia. Puesto que las quejas que formula respecto de los indicios derivados de escuchas telefónicas y de la capacidad delictual específica -con los
que presuntamente relaciona la tal denuncia- se sustentan solo en afirmaciones ("no se ha probado que..." -las conversaciones- "hagan concreta referencia" al imputado; el "escaso valor" asignado) cuya vinculación con la exigencialegal no explica ni se advierte.
Voto por la negativa.
Los señores jueces doctores Laborde, Pettigiani, San Martín y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Ghione, votaron la segunda cuestión planteada también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se resuelve rechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos, con costas (art.
69, C.P.P. -según ley 3589 y sus modif.-).
Regúlanse los honorarios profesionales del doctor Juan Horacio Djedjeian por los trabajos desarrollados en esta instancia en la suma de pesos ... (art. 31, dec. ley 8904/77) con m s el 10% de la ley 10.268.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Chaco Construcciones S.A. v. Provincia del Chaco

2008-05-01T01:46:00.000-07:00

Tribunal: Corte Sup.
Fecha: 28/09/2004
Partes: Chaco Construcciones S.A. v. Provincia del Chaco

RECURSO EXTRAORDINARIO - Cuestiones de hecho y derecho común - Contratos administrativos - Cláusula de reajuste

DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.-

Considerando: I. A fs. 467/486 el Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco desestimó la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción que Transchaco S.A. (hoy Chaco Construcciones S.A., sucesora de Transchaco S.A. por fusión de ambas y disolución de esta última) articuló contra la Dirección de Vialidad Provincial y la provincia del Chaco, a fin de obtener se declare la ilegitimidad del decreto local 185/1990 y se le abonen las diferencias por variaciones de costos en los ítems "amortización de equipos" y "reparaciones y repuestos", resultantes de la sustitución del Código 554 por el Código 557 y de la especificación A 3-XVI por la especificación A 3-XX.
Explicaron sus integrantes que el pliego particular de condiciones del contrato celebrado entre la actora y la Dirección de Vialidad Provincial el 4/2/1985, con motivo de la adjudicación de la licitación pública 20/84 para la ejecución de la obra "camino a la isla del Cerrito y acceso a Colonia Benítez - tramo: empalme ruta nacional 1 - Colonia Benítez - construcción de obras básicas y pavimento de hormigón", adoptó para efectuar los reconocimientos de variación de costos, en cumplimiento del art. 48 Ley de Obras Públicas de la Provincia del Chaco -decreto ley 2555/1957 -, el sistema de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV.), "de conformidad con lo establecido en las disposiciones del presente pliego particular de condiciones sistema de variaciones de costos, que forma parte de la documentación del llamado a licitación y que se halla fundado en las disposiciones de la ley 12910 y su decreto reglamentario 3772/1964". Y también aclaró que, según el aludido art. 48, "...el sistema de variaciones de costos así instrumentado puede ser parcialmente modificado en alguna de sus partes o elementos, a fin de permitir la aplicación de disposiciones de orden provincial para aquellas cuestiones que la provincia tenga la facultad de reglamentar".
Interpretaron, a la luz de dicha norma y, en particular, de lo transcripto in fine, que la modificación del sistema de variaciones de costos dispuesta mediante la resolución 4633/1983 de la Dirección Nacional de Vialidad que reclama la actora no es aplicable inmediatamente en el ámbito provincial, toda vez que aun cuando el pliego respectivo prevé tal posibilidad, ello sólo puede ser entendido en términos generales, y siempre que sea compatible con el esquema adoptado por el órgano de Vialidad provincial paralelo -aunque no subordinado- al nacional.
Consideraron que, desde esa perspectiva, se comprende que el organismo provincial, al llamar a licitación pública en el marco de las atribuciones legalmente conferidas, haya optado -al resultarle más conveniente- por mantener el régimen anterior y excluir la modificación dispuesta en la resolución del organismo nacional 4633/1983 . En ese orden de ideas, negaron virtualidad a las normas nacionales, ya que ello depende de lo que decida la Dirección Provincial de Vialidad sobre el asunto, y en este caso, voluntariamente, entre las distintas fórmulas optó, al momento de efectuar tal llamado, por la especificación A-3-XVI.
En segundo lugar, se fundaron en que la actora nunca había podido desvirtuar el dictamen de la Comisión Especial de la Dirección de Vialidad Provincial (memorándum 347), donde se da cuenta de que a la firma del contrato, febrero de 1985, la empresa tenía pleno conocimiento de las diferencias de valores que arrojaban la aplicación de uno y otro sistema y, sin embargo, asumió, voluntariamente y sin reservas, el compromiso de ejecutar la obra en el plazo y en las condiciones estipuladas. Así pues, concluyeron que de resolverse en sentido contrario al que postulan, se afectaría gravemente el principio de derecho administrativo de "igualdad entre los oferentes". Por otra parte, desestimaron que fuera aplicable al sub lite la "teoría de la imprevisión", toda vez que no se habían acreditado las circunstancias extraordinarias y no previstas sobrevinientes a la celebración del contrato, al igual que la trascendencia de la distorsión alegada.
II. Disconforme con tal pronunciamiento, la actora interpuso el recurso extraordinario de fs. 504/526, que fue concedido a fs. 568/570.
Sostiene que la decisión del a quo es arbitraria y afecta el derecho de propiedad y las garantías de la defensa en juicio y de debido proceso (arts. 17, 18 y 33 CN. [1]), toda vez que, en su concepto, prescindió de pruebas esenciales para su solución y omitió analizar e interpretar los arts. 48 y 42 Ley de Obras Públicas provincial, en cuanto, respectivamente, disponen que "la Administración Pública tomará a su cargo o beneficio, las variaciones en más o en menos que desde la fecha de la licitación, durante la ejecución y hasta su término se produzcan en el precio de los salarios, cargas sociales, materiales etc., a cuyo efecto se dictarán las disposiciones reglamentarias que contemplen en forma equitativa dichas variaciones de precios..." y que "...el contratista no podrá, bajo pretexto de error, omisión o imprevisión de su parte reclamar aumento de los precios unitarios fijados en el contrato, excepto en lo relacionado con el régimen de variaciones de costos. Las equivocaciones que contuviera la documentación oficial en que se ha basado la oferta se corregirá en cualquier tiempo, en cuanto a la extensión o valor de las obras hasta la terminación del contrato".
Dichas disposiciones, interpreta, ponen en evidencia que no resulta aplicable al sub lite la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en los casos "Dulcamara" y "Tecnobra", a raíz de que dichos precedentes se fundan en la legislación nacional, la cual no contempla, como en el derecho local, la posibilidad de la contratista de reclamar -en cualquier momento (antes y después de la celebración del contrato)-, frente a la sola verificación de la irrepresentatividad del sistema adoptado, el aumento de los precios fijados "...en lo relacionado con el régimen de variaciones de costos..." y la corrección de los documentos oficiales equivocados, sin necesidad de que las distorsiones provengan de hechos sobrevinientes, imprevisibles y significativos.
En ese orden de ideas, niega que dicho reconocimiento afecte la igualdad de los oferentes, porque es comprensivo del derecho de todos, ya que su finalidad no es otra que la de mantener en forma equitativa la ecuación económica financiera de la relación contractual. Por último, afirma que la exigencia de expresar reserva o negativa, en la medida en que omitió formular observaciones sobre las diferencias de precio al tiempo de suscribir el contrato, constituye un exceso de rigor formal, toda vez que no podía en ese momento prever con certeza de futuro el modo en que evolucionaría el sistema pactado.
III. En mi opinión, el recurso extraordinario ha sido mal concedido por el a quo, toda vez que los agravios planteados conducen exclusivamente al tratamiento de cuestiones de hecho y prueba e interpretación de normas de derecho común y público local, ajenas -como regla y por su naturaleza- a la vía del art. 14 ley 48 (2) (Fallos 324:2509 y sus citas), sin que se advierta en la decisión de la causa la presencia de un supuesto de arbitrariedad.
En efecto, la apreciación de los hechos discutidos y de la pruebas rendidas en la causa, así como la aplicación de las normas que regulan el tema controvertido (en el caso, las previstas en la Ley de Obras Públicas provincial -decreto ley 2555/1957 -), fueron adoptadas por la Corte provincial con suficientes razones que le sirvieron de apoyo, de acuerdo con la inteligencia que los magistrados le asignaron -en particular, la efectuada al art. 48-, en las que, cabe recordarlo, el propio recurrente sustentó su posición, razón por la cual la sentencia apelada se encuentra al resguardo de la crítica que se le endilga.
Por otra parte, el argumento fundado en la posibilidad de reclamar en cualquier momento la modificación de los términos del contrato, a cuyo fin se corregirán "las equivocaciones" que contuviera la documentación oficial en que se ha basado la oferta, resulta inadmisible, por haber sido extemporáneamente introducido en el proceso, toda vez que los fundamentos que se alegan para sustentar la pretendida aplicabilidad al caso del art. 42 Ley de Obras Públicas local han sido solamente invocados en el recurso extraordinario, y esta deficiencia impidió que el tribunal a quo se pronunciara sobre ellos. En las condiciones expresadas, a mi modo de ver, el planteo introducido en el recurso extraordinario con apoyo en aspectos que no fueron anteriormente alegados configura una reflexión tardía que es insuficiente para habilitar la instancia federal, pues la jurisdicción de este tribunal se encuentra limitada a la revisión de aspectos contenidos en la sentencia apelada (doct. de Fallos 322:1926 [3] y sus citas).
En otro orden de ideas, las críticas que formula sobre la diferencia entre la legislación nacional y la local y la inaplicabilidad al sub lite de los precedentes de la Corte sobre la materia por reposar en aquellas normas la decisión del a quo no encontró exclusivo apoyo en la aludida jurisprudencia, sino en la facultad de la provincia de adoptar el sistema de variación de costos más conveniente a sus intereses y, fundamentalmente, en la prueba que acredita que la actora al tiempo de suscribir el contrato de obra tenía pleno conocimiento de las diferencias que arrojaban los distintos sistemas de variaciones de costos.
Desde esta perspectiva, cabe recordar que la sentencia hizo mérito del memorándum 347 de la Comisión Especial de la Dirección de Vialidad Provincial -no desvirtuado por la actora-, que acredita que a "...la firma del contrato, febrero de 1985 ya se había verificado un apartamiento importante entre los resultados arrojados por una y otra verificación; a esa fecha las diferencias en el rubro amortización de equipos ascendía al 26% y en el rubro reparaciones y repuestos al 4,88%; la empresa con pleno conocimiento de estos valores, asume el compromiso de ejecutar la obra en el plazo y condiciones del contrato. Tampoco se observó en esa oportunidad la especificación contratada; La empresa debe asumir dentro del plazo original de obra el riesgo que el sistema contratado implica, tomando a su cargo las mayores diferencias producidas dentro de este plazo y para la totalidad de la obra contratada (fs. 49/51)" (énfasis del original) (ver fs. 481 vta. y 482).
Al respecto también debe tenerse presente que lo relativo a la exégesis de la voluntad contractual suscita el análisis de cuestiones de hecho y de derecho común, cuyo esclarecimiento compete a los jueces de la causa y resultan extraños a la vía del recurso extraordinario; máxime cuando aquéllos han expuesto motivaciones suficientes de igual carácter que impiden descalificar su decisión como acto judicial válido (conf. doct. de Fallos 306:456; 312:1458 y dictamen de esta Procuración General in re I.53 L.XXXVI, "Inspección General de Justicia v. Sevel-Fiat", del 27/4/2001, a cuyas conclusiones y fundamentos se remitió el tribunal en su sentencia del 11/9/2001).
Por otro lado, el criterio del a quo para decidir la cuestión concuerda con los principios rectores formulados por la Corte, que resultan válidos para todos los contratos administrativos, cuando ha sostenido "que la oferta más la cláusula de reajuste del precio del trabajo, que pactado de tal forma representa para el adjudicatario un derecho de carácter patrimonial amparado por el art. 17 CN. (doct. de Fallos 137:47; 145:325; 184:137)" (conf. Fallos 312:84, consid. 6); y que "...el contrato administrativo constituye una ley para las partes, por lo cual no es válido pretender su modificación sobre la base de resultados más equitativos que se obtendrían aplicando una fórmula de reajuste diferente de la convenida" (conf. Fallos 313:376, voto del Dr. Carlos S. Fayt). Tales principios poseen singular importancia en la relación contractual administrativa, pues la intangibilidad del acuerdo sobre la base de la propuesta seleccionada es la garantía insoslayable para que los oferentes no vean frustrado su derecho de participar en la licitación en igualdad de condiciones.
En cuanto a la última crítica que se expone sobre los argumentos empleados en la sentencia para desestimar la aplicación al sub lite de la "teoría de la imprevisión" y el sometimiento voluntario de la actora a las cláusulas contractuales, estimo que también deben ser desestimados, pues la evaluación de prueba y de la conducta de las partes también es propia de los jueces de la causa.
Así pues, a mi modo de ver, las objeciones de la apelante sólo traducen una discrepancia con el a quo acerca de la inteligencia de los actos y normas que rigen el caso, sin que se haya logrado demostrar un apartamiento de las reglas aplicables, ni la falta de fundamentación en los hechos que se consideran al efecto, o irrazonabilidad en las conclusiones. Por lo demás, opino que el fallo se basa en fundamentos fácticos y jurídicos que, más allá de su acierto o error, excluyen la tacha de arbitrariedad invocada, sin que las divergencias expuestas tengan entidad para demostrar lesión alguna de carácter constitucional (doct. de Fallos 303:509 y 323:1019 [4], entre muchos otros).
IV. En virtud de todo lo expuesto, opino que corresponde declarar improcedente el recurso extraordinario planteado.- Nicolás E. Becerra.
Buenos Aires, septiembre 28 de 2004.- Considerando: Que esta Corte comparte y hace suyas las razones expuestas por el procurador general en su dictamen, a las que corresponde remitirse en razón de brevedad.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por aquél, se declara improcedente el recurso extraordinario. Con costas. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.- Enrique S. Petracchi.- Augusto C. Belluscio.- Carlos S. Fayt.- Antonio Boggiano.- Juan C. Maqueda.- Eugenio R. Zaffaroni.- Elena I. Highton de Nolasco.